Escandalosa venta de tierras en Piura

Vendieron tierras a voraces inversionistas incluyendo terrenos de pobladores

La congresista nacionalista Marisol Espinoza denunció la irregular venta de tierras en el Proyecto Chira Piura, hecho que confirma la Contraloría General de la República y que coincide  en varios puntos con el aprobado en la Comisión de Fiscalización del Congreso.


La parlamentaria explicó que la  venta de tierras para etanol fue totalmente irregular  y según las conclusiones y recomendaciones de la Contraloría, concretamente la séptima recomendación, establece que el Gerente General del Proyecto Especial Chira Piura debe de manera inmediata, establecer las coordenadas y realizar soluciones definitivas que garanticen los intereses de la entidad, los pobladores así como del inversionista.

“Se vendieron los terrenos sin tomar en cuenta que existen centros poblados, caseríos y posesionarios, afectando derechos de propiedad y  la estabilidad jurídica”, se señala, y agrega en la décima conclusión que deberá establecer de forma objetiva y clara la titularidad de los bienes a través de la Oficina de Bienes Regionales, así como exigir el saneamiento físico legal de los mismos.

Como se sabe, el mismo Presidente de la República estuvo proclamando las bondades de la inversión en etanol en Piura, proyecto en el que están en juego los intereses de inversionistas como Dionisio Romero.

Información falsa

Fue contundente al señalar que se utilizó información que no era cierta para adjudicar 10,684.15 hectáreas de tierras eriazas en la margen izquierda del Río Chira a la empresa MAPLE ETANOL S.R.L.

El informe señala que los funcionarios del Proyecto Especial Chira Piura y los miembros del Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Regional conocían que en las tierras que se pretendían adjudicar existían centros poblados con inversión pública, como colegios, centros de salud, plazuelas, PRONEIS, pozos de agua con tanques elevados, etc.

¿Mafia en Registros Públicos?

Sin embargo, continuaron con el Proceso de Adjudicación de las mismas y la posterior inscripción del bloqueo Registral y la Reserva de propiedad, ante los Registros Públicos SUNAR–Piura, sin que hayan coordinado con las municipalidades Distritales los linderos o posesión de las tierras en cuestión; ni mucho menos coordinado con la Oficina de Bienes Regionales del Gobierno Regional Piura, a fin que establezcan o conozcan la situación de demarcación de los Centros Poblados o Caseríos.

Reconocen a caserío y después lo venden


Espinoza lamentó  que el Gobierno Regional reconozca a los caseríos pero luego vende sus tierras a MAPLE ETANOL, como se demuestra en la Resolución Ejecutiva Regional N.º 359-2006/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-PR de 17.MAY.2006, en la cual el Presidente del Gobierno Regional Piura, aprobó la categorización del centro poblado Rinconada a caserío del  distrito El Arenal, provincia de Paita.

Lo mismo se hizo con el poblado de El Arenal mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.º 353-2006/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de 17.MAY.2006, a través de la cual lo declara con Categoría de Caserío del Distrito de Colán y los Centros Poblados de Buenaventura, Santa Rosa y Pucusulá que datan su existencia desde el año 1942 y que son elevados a la categoría de Caserío del Distrito de La Huaca, a través de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 355-2006/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de 17.MAY.2006.

“Esto parece como sacado de una novela de la edad media en la cual los reinos eran transferidos con todo y población y constituye un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal artículos 376.º y 384.º”, manifestó  indignada la Congresista Marisol Espinoza.

Tierras de la comunidad de Colán

Otra de las preocupaciones de la congresista Espinoza es el caso de la  Comunidad Campesina “San Lucas de Colán”, que se ubica en los terrenos adjudicados a la empresa MAPLE ETANOL S.R.L., específicamente todo el lote Chira 2-A y una parte del Lote Chira 2B-3.

La comunidad, con fecha 9 de marzo, presentó ante el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural la solicitud N.º 00772 de “Deslinde y Titulación de Tierras comunales con la Municipalidad Distrital de Paita”, para lo cual, la Dirección Regional de Agricultura Piura, con fecha 08.NOV.2006, publicó en el diario Oficial El Peruano y diario local “El Correo” el Aviso de Notificación de levantamiento del Plano de Conjunto del Territorio de la Comunidad Campesina “San Lucas de Colán“.

 Sin embargo, los funcionarios del Proyecto Especial Chira Piura no han sustentado ante la Comisión de Auditoría haber observado esta notificación que incluía parte de las tierras vendidas a MAPLE ETANOL S.R.L., “es una lástima que Piura se vea inmersa en conflictos sociales por la culpa de funcionarios ineficientes que ni siquiera leen los diarios regionales para informarse sobre la situación de las tierras comunales, lo mismo está sucediendo ahora con la Asociación de Ganaderos de San Vicente de Piedra Rodada, donde ha habido enfrentamientos también por un problema de tierras.


Escandaloso conflicto de intereses: la misma empresa elaboró estudio hídrico


Finalmente, lamentó que la reserva de agua otorgada a la empresa MAPLE ETANOL S.R.L., se haya hecho con un Estudio Hídrico elaborado por la misma empresa y lo más grave es que entidades del Estado como la Administración Técnica del Distrito de Riego del Chira lo use como único sustento para otorgar la reserva de agua.

“ Es escandaloso advertir que existía un conflicto de intereses de manera evidente al ser la empresa la autora del Estudio Hídrico, que luego sirvió de sustento para el Acuerdo de Consejo Regional de fecha 07.JUL.2006 que autorizó la venta directa de tierras a la empresa MAPLE ETANOL S.R.L., vamos a seguir fiscalizando esta y otras adjudicaciones de terrenos realizadas por el Gobierno Regional, porque consideramos que la inversión privada es bienvenida, pero que respete los derechos de las poblaciones, el medio ambiente y la ley. No se puede hablar de inversión cuando al estilo de los petroaudios, se otorgan “facilidades”, mientras se olvidan de los derechos de los pobladores. Este tipo de inversión sólo genera corrupción y desconfianza, porque los pobladores no se sienten ni representados, ni protegidos por el Estado, al contrario el sistema se presta para pasar por encima de la ley afectando a quienes viven en la zona y después se dan el lujo de no escucharlos e intentar hacer creer a la población que están actuando de forma legal", concluyó la parlamentaria nacionalista.