El preinforme sobre los indultos y las conmutaciones de penas otorgadas durante su gobierno a condenados por tráfico ilícito de drogas, elaborado por la Megacomisión del Congreso que preside el congresista Sergio Tejada ha encontrado responsabilidad penal en el expresidente aprista Alan García.
Se le acusa de haber perpetrado el delito de encubrimiento personal. El documento dice que “existen indicios suficientes que justifican que al expresidente de la República Alan García se le investigue por el delito de encubrimiento personal” por la liberación de miles de condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas.
“La acción de sustraer a un condenado por tráfico ilícito de drogas, de la ejecución de la pena que le fue impuesta en juicio justo por los órganos jurisdiccionales competentes, se encuentra previsto y penado en el artículo 404.º del Código Penal. La pena privativa de libertad es no menor de tres ni mayor de seis años”, indica el documento.
Para la Megacomisión existe una exagerada cantidad de indultos y conmutaciones de penas otorgadas por García, las cuales no correspondían a un proyecto desarrollado por el Ministerio de Justicia, sino a una política del mismo Ejecutivo.
Los beneficiados fueron agentes del delito de tráfico ilícito de drogas y de robo agravado y, aunque la Constitución faculta al jefe de Estado conceder indultos y conmutar penas, esta se encuentra sujeta a “límites materiales y formales” que la misma Constitución dispone.
Se cita la lucha contra el narcotráfico, que es “un bien constitucionalizado que se encuentra taxativamente señalado en el artículo 8º de la Constitución. Este límite material no se consideró en el indiscriminado otorgamiento de Gracias Presidenciales”. El artículo 8º. de la Constitución establece que “el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, revela el uso de los tóxicos sociales”.
García transgredió lo dispuesto en los incisos 1.º y 9.º del artículo 118.º de la Constitución, que indica que “el Presidente debe cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”. El Presidente de la República debe hacer cumplir las sentencias dictadas por el Poder Judicial.
“La facultad presidencial de otorgar indultos y conmutaciones de pena es un acto discrecional, excepcional y limitado. Sin embargo, se sustrajo del cumplimiento de la condena impuesta por el Poder Judicial a un promedio de tres condenados por el delito de narcotráfico y un condenado por robo agravado cada día”, reza el preinforme.
En las resoluciones supremas del gobierno aprista para conceder las miles de conmutaciones de pena “no se aprecia el desarrollo de una motivación explícita y suficiente que permita establecer las circunstancias por la que el Estado, encarnado en el Presidente de la República, otorga la gracia presidencial, circunstancia que convierte una facultad discrecional y excepcional en un acto arbitrario”.
La Megacomisión recomienda que se debe “mantener el carácter excepcional del derecho de gracia presidencial ya que su uso indiscriminado envía un mensaje negativo a laciudadanía. No se brindó un razonamiento suficiente que permita concluir en el perdón de la pena”.
El citado grupo de trabajo sindica al entonces presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, el aprista Miguel Facundo Chinguel. Un sentenciado por narcotráfico recluido en Piedras Gordas que fue entrevistado por los congresistas aseguró que durante el gobierno aprista se liberó a narcotraficantes que entregaban dinero a cambio. “Diez mil dólares por año, y yo buscaba siquiera bajarme los quince años o quedarme con los quince años, o sea me estaban hablando de ciento cincuenta mil dólares para una conmutación, dijo.
Otros narcotraficantes reincidentes, incluso colombianos y mexicanos, pagaron el cupa y se fueron con conmutación”, denunció. Durante la gestión de Facundo Chinguel también se incrementó a 50 personas el personal que trabajaba en la Comisión de Gracias Presidenciales y se dispuso que su personal asista a los penales para recoger las solicitudes de los internos.
“En el lapso de tiempo que Miguel Facundo Chinguel ejerce la Presidencia de la Comisión de Gracias Presidenciales, el personal que laboraba ahí fue incrementando y se dispuso que el personal visite los penales y recoja las solicitudes de los internos que solicitaban la conmutación de la pena”, dice el informe.
Se detalla que primero los expedientes se remitían al despacho viceministerial, pero luego esos documentos empezaron a llegar directamente al despacho del ministro de Justicia. García muchas veces proponía que la reducción de pena para los sentenciados fuera mayor a la que recomendaba la Comisión de Gracias Presidenciales. “La Comisión proponía (que se reduzca) de 15 a 10 años de prisión y el Presidente de la República disponía que se rebaje a 6 años”, se lee.
“Durante el gobierno de Alan García, otros narcotraficantes reincidentes, como también colombianos y mexicanos pagaron su bolsita y se fueron con conmutación”, denunció un preso entrevistado por la Megacomisión.
Durante su asistencia a la citación a la Megacomisión, Garcia se quejó de la difusión del preinforme, pero no dijo que fuese tal, sino que se trataba de ya una virtual condena contra él.
