Remuneraciones en sector público: Inequidad y desorden
Esta semana final de setiembre de 2007 el ministro de Defensa ha anunciado que se va a plantear un reajuste (léase aumento) salarial para los miembros de las fuerzas armadas, lo cual implica —según leyes vigentes— que los oficiales de la policía también se beneficiarán con lo mismo. Anteriormente nos hemos ocupado de este tema1, pero es necesario retomarlo para contribuir a crear conciencia ciudadana frente a un gobierno incompetente caracterizado por su tendencia a presentar ya hechos consumados.
Esta semana final de setiembre de 2007 el ministro de Defensa ha anunciado que se va a plantear un reajuste (léase aumento) salarial para los miembros de las fuerzas armadas, lo cual implica —según leyes vigentes— que los oficiales de la policía también se beneficiarán con lo mismo. Anteriormente nos hemos ocupado de este tema1, pero es necesario retomarlo para contribuir a crear conciencia ciudadana frente a un gobierno incompetente caracterizado por su tendencia a presentar ya hechos consumados.
Aunque reconocemos que todo gremio tiene el derecho de buscar una remuneración justa, que le permita tener un nivel de vida aceptable y satisfacer sus necesidades, es pertinente también decir que los oficiales de las fuerzas armadas y de la policía no son los únicos servidores del estado peruano; además de ellos tenemos variedad de profesionales que sirven al estado: ingenieros, médicos, profesores, contadores, administradores, abogados, etc., etc. Teniendo todos ellos el mismo empleador, que es el estado, ¿cómo es posible que Allan Wagner, ministro de Defensa, se atreva a pedir mejoras salariales para su sector sin antes exigir una ley de homologación de sueldos y pensiones que iguale a todo el sector estatal? ¿Tiene criterio de estadista el señor Allan Wagner? ¿Ha sido cooptado por una cúpula tal como ocurre con algunos ministros del Interior, que por no zanjar con los corruptos de su entorno ministerial terminan embarrados por la corrupción?
Una persona de su preparación no debe comportarse como simple portavoz o cabildero de los militares; lo que le corresponde hacer como ministro democrático es luchar para que se dé la ley correspondiente, que iguale a todos los profesionales que están al servicio del estado. No hacerlo, esto es, buscar soluciones o reivindicaciones que benefician a un determinado sector de trabajadores (los militares), es comportarse de una manera poco civilizada, puesto que fomenta la marginación de los que no son militares, de manera que los civiles al servicio del estado pasan a ser servidores o ciudadanos de segunda categoría, puesto que sólo los señores militares tienen derecho a buenos sueldos y a pensiones con derecho a gasolina y chofer cuando se jubilan.
¿Son los militares miembros de alguna nueva clase nobiliaria? ¿Qué de especial tienen para que se pretenda darles un trato especial?, ¿han recuperado Arica y Tarapacá? ¿Fomentan la inclusión y unidad nacional promoviendo indígenas andinos y amazónicos para que tomen puestos de mando en las fuerzas armadas? Si un indio asháninka o un aimara son en realidad —hay que reconocerlo— peruanos más auténticos y representativos que blancos y mestizos, ¿por qué no los vemos como generales o almirantes en lugar de gente de apellidos italianos o franceses?2 ¿Hasta cuándo se va a seguir con estas discriminaciones? ¿Se quiere premiar a todos los militares por los “méritos” de la Marina de Guerra del Perú (MGP) que rinde homenaje al enemigo chileno y delincuente basura Arturo Prat? Aquí los integrantes de la fuerza aérea y del ejército no pueden hacerse los desentendidos, no pueden —como se dice hablando criollamente— “hacerse los locos”, puesto que su silencio ante la vergonzosa conducta de los oficiales de la MGP tiene un único significado: la fuerza aérea y el ejército están de acuerdo con el abyecto proceder de los marinos, por eso no han marcado distancias con estos individuos. ¿A esta gente tenemos que seguir manteniéndola y aumentarle su sueldo?
No se trata de negar los derechos a unos para concederlos a otros; todos los servidores del estado deben percibir salarios y pensiones iguales según sus méritos; pero no se puede crear escalas salariales o pensionarias que sólo beneficien a una parte de los trabajadores. Debemos entender que si no hay equidad, todo dinero que se aumente a los militares saldrá del bolsillo de otros servidores públicos. Si el ministro de Defensa tanto afán tiene de conseguir para los uniformados un mejor salario, le sugerimos que el problema puede resolverse al menos en parte pidiendo al gobierno de Chile que ponga en su planilla a todos los miembros de la MGP que han participado en diversos homenajes a nuestro enemigo histórico; nosotros no tenemos por qué mantenerlos.
Otro aspecto gravísimo del planteamiento de subir el sueldo de los militares sin una ley de homologación es reconocer que merecen trato especial porque están con las armas en la mano y no hay que causarles inquietud, porque si no, podría haber golpe de estado o amenaza de golpe de estado. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que un grupo de individuos que come su pan de cada día gracias a los impuestos del contribuyente utilice las armas que nosotros les damos como elemento de amenaza o de posible amenaza? A ver, ¿por qué no amenazan a los chilenos y los desalojan del triángulo de suelo tacneño que hoy está bajo control del enemigo? ¡Ahí sí que se les va la bravuconería! ¡Ahí queremos verlos!
1 Ver nuestro artículo Huelga policial y desorden del gobierno
2 No planteamos nada de racismo, se puede permitir que gente de sangre extranjera forme parte de la plana mayor, pero no se debe aceptar que sean mayoría discriminando a los indígenas. En un país de raigambre indígena como el Perú, es injusto y discriminatorio que el indio sea bueno sólo para obedecer como tropa y no para mandar como oficial. Leer el artículo Chile: ases bajo la manga y caballos de Troya
Una persona de su preparación no debe comportarse como simple portavoz o cabildero de los militares; lo que le corresponde hacer como ministro democrático es luchar para que se dé la ley correspondiente, que iguale a todos los profesionales que están al servicio del estado. No hacerlo, esto es, buscar soluciones o reivindicaciones que benefician a un determinado sector de trabajadores (los militares), es comportarse de una manera poco civilizada, puesto que fomenta la marginación de los que no son militares, de manera que los civiles al servicio del estado pasan a ser servidores o ciudadanos de segunda categoría, puesto que sólo los señores militares tienen derecho a buenos sueldos y a pensiones con derecho a gasolina y chofer cuando se jubilan.
¿Son los militares miembros de alguna nueva clase nobiliaria? ¿Qué de especial tienen para que se pretenda darles un trato especial?, ¿han recuperado Arica y Tarapacá? ¿Fomentan la inclusión y unidad nacional promoviendo indígenas andinos y amazónicos para que tomen puestos de mando en las fuerzas armadas? Si un indio asháninka o un aimara son en realidad —hay que reconocerlo— peruanos más auténticos y representativos que blancos y mestizos, ¿por qué no los vemos como generales o almirantes en lugar de gente de apellidos italianos o franceses?2 ¿Hasta cuándo se va a seguir con estas discriminaciones? ¿Se quiere premiar a todos los militares por los “méritos” de la Marina de Guerra del Perú (MGP) que rinde homenaje al enemigo chileno y delincuente basura Arturo Prat? Aquí los integrantes de la fuerza aérea y del ejército no pueden hacerse los desentendidos, no pueden —como se dice hablando criollamente— “hacerse los locos”, puesto que su silencio ante la vergonzosa conducta de los oficiales de la MGP tiene un único significado: la fuerza aérea y el ejército están de acuerdo con el abyecto proceder de los marinos, por eso no han marcado distancias con estos individuos. ¿A esta gente tenemos que seguir manteniéndola y aumentarle su sueldo?
No se trata de negar los derechos a unos para concederlos a otros; todos los servidores del estado deben percibir salarios y pensiones iguales según sus méritos; pero no se puede crear escalas salariales o pensionarias que sólo beneficien a una parte de los trabajadores. Debemos entender que si no hay equidad, todo dinero que se aumente a los militares saldrá del bolsillo de otros servidores públicos. Si el ministro de Defensa tanto afán tiene de conseguir para los uniformados un mejor salario, le sugerimos que el problema puede resolverse al menos en parte pidiendo al gobierno de Chile que ponga en su planilla a todos los miembros de la MGP que han participado en diversos homenajes a nuestro enemigo histórico; nosotros no tenemos por qué mantenerlos.
Otro aspecto gravísimo del planteamiento de subir el sueldo de los militares sin una ley de homologación es reconocer que merecen trato especial porque están con las armas en la mano y no hay que causarles inquietud, porque si no, podría haber golpe de estado o amenaza de golpe de estado. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que un grupo de individuos que come su pan de cada día gracias a los impuestos del contribuyente utilice las armas que nosotros les damos como elemento de amenaza o de posible amenaza? A ver, ¿por qué no amenazan a los chilenos y los desalojan del triángulo de suelo tacneño que hoy está bajo control del enemigo? ¡Ahí sí que se les va la bravuconería! ¡Ahí queremos verlos!
1 Ver nuestro artículo Huelga policial y desorden del gobierno
2 No planteamos nada de racismo, se puede permitir que gente de sangre extranjera forme parte de la plana mayor, pero no se debe aceptar que sean mayoría discriminando a los indígenas. En un país de raigambre indígena como el Perú, es injusto y discriminatorio que el indio sea bueno sólo para obedecer como tropa y no para mandar como oficial. Leer el artículo Chile: ases bajo la manga y caballos de Troya
