Luis Alberto Salgado

Si alguien quisiera escribir un libro en el Perú sobre Hipocresías monumentales el autor tendría que dedicar un capítulo a lo ocurrido el lunes último en la sede del Gobierno cuando el presidente Ollanta Humala convocó a ciertos políticos, ad portas de una resolución de la Corte de La Haya, sobre el diferendo marítimo con Chile.

ollanta humala partidos la haya 3

Esto ocurrió luego de la absurda y vergonzosa ida a la capital chilena de ocho (8) ministros de Estado del Perú, encabezados por la señora Eda Rivas como ministra de Relaciones Exteriores, para asegurarse de que “las buenas y amistosas relaciones con Chile no se vean perturbadas por un fallo de la Corte de La Haya”. Recibidos en La Moneda, con los “honores” del caso, los responsables del gobierno chileno deben haberse sonreído por lo bajo ante esta muestra de debilidad y servilismo.

La reunión ulterior en Palacio presuntamente fue para promover la unidad nacional y el respaldo de todos los peruanos. Allí estaban su antecesor, un ex presidente (el del “perro del hortelano”) bajo cuyo mandato se han perpetrado, nuevamente, graves actos de corrupción en perjuicio del Perú, otro expresidente que está en serios problemas para explicar la compra de inmuebles hasta por 5 millones de dólares hecha por una persona de 85 años afín a él. Allí estaba un exalcalde de Lima bajo cuyo mandato a una empresa fantasma se le pagó 41 millones de soles y desapareció. Allí estaban los representantes del régimen de los 90 que desgració delincuencialmente al país mientras la educación y la salud de los peruanos descendieron a los niveles más bajos en América Latina. Ellos, pues, “representan” a la patria. Los demás asistentes llegaron para la foto y nada más.

Si el presidente cree que con la reunión del lunes 3 de junio fortaleció la posición del Perú, se ha equivocado. La recomendación que le han hecho algunos de su entorno puede haber tenido, precisamente, el efecto contrario.

Como dirigente del Partido del Pueblo —fundado en octubre 2012—, suscribí un comunicado en el que se señala que “la unidad de la nación se construye sobre […] políticas nacionales de justicia social en todos los sectores y ámbitos de la sociedad y de la actividad productiva, educativa, de salud, laboral, agraria, energética y ambiental. Lamentamos constatar que esto no es lo que refleja la situación nacional”. Y me ratifico plenamente en estos conceptos.

¿Cómo espera el gobierno del señor Humala que los pueblos del Perú se sientan cohesionados y reafirmen su peruanidad cuando el mismo gobierno agrede, precisamente, la soberanía popular, fundamento de la soberanía nacional?.

El mensaje de exclusión del gobierno ha sido contundentemente claro: no quisieron la presencia de representantes y sectores mayoritarios populares, gremios de trabajadores de la ciudad y del campo, comunidades agrarias y campesinas, multiplicidad de grupos étnicos compatriotas de la costa, sierra y selva, así como organizaciones políticas de la izquierda nacional y del centro político. Es la receta para el fracaso. El oficialismo ha evidenciado sus preferencias exponiendo una visión limitada y fraccionada de lo que entiende por “unidad nacional”. Así es como entendieron la “unidad nacional” los gobernantes y “clase política” en los años anteriores a 1879 lo que nos llevó a una debacle nacional histórica y a la devastación bárbara perpetrada por los vencedores de entonces.

Esta exclusión de las distintas expresiones del pueblo peruano, además, confirma la opción asumida por el entonces electo Ollanta Humala, cuando en julio de 2011 entregó los sectores clave del poder a aquellos que precisamente había vencido abanderando una posición que lo llevó al triunfo electoral junto con un equipo de trabajo que lo acompañó durante meses y, en algunos casos, hasta años. Y que lo apoyó, justamente, porque era lo que Humala proponía y se comprometía solemnemente como candidato de la “gran transformación”.

Pero ahora enfrentamos una situación más delicada aún: se profundiza la división de la patria. El gobierno decide desconocer su palabra de consultar a los pueblos antes de autorizar la ejecución de proyectos mineros (¿es que son ciudadanos de segunda?). No le importa lo que esos pueblos piensen o sientan. Recordemos Conga: cinco muertos y una veintena de heridos. Esto es considerado una burla ominosa, un quebrantamiento del pacto por una democracia verdadera y, por supuesto, un atropello abusivo, ilegal e injusto a los derechos de esos pueblos y comunidades. Esto ocurre mientras el ministro de Economía arremete contra los derechos de los trabajadores del Estado a negociar colectivamente sus condiciones laborales y desconoce el derecho de usar la única defensa que tienen: el derecho a huelga.

Por otro lado, los pequeños y medianos empresarios observan cómo se favorece sólo a corporaciones extranjeras. El candidato Humala prometió medidas claras y políticas sostenidas de promoción y apoyo a la industria nacional y a un proceso real de industrialización con innovación tecnológica al servicio del interés nacional. Más allá de discursos de ocasión no hay ningún proyecto nacional en marcha.

Así están las cosas en el país. La grave contradicción entre prédica y práctica se reitera erosionando la confianza ciudadana. El fallo de La Haya sólo culminará una etapa. Pero ahora, los mismos gobernantes agreden los intereses de la nación evidenciando que no han aprendido ni entendido las lecciones de la historia.

Lima, 6 de junio de 2013