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Hace pocos años la televisión puso al descubierto la condición de proxeneta de un pintoresco congresista de la República; en ese mismo periodo también salió a luz el caso de un ministro propietario de un hotel en el que muchachas menores de edad ejercían la prostitución. Estos casos demuestran que los proxenetas no hacen llegar sus agentes a las altas esferas del poder, no; lo que pasa es que ya están metidos en el poder, promoviendo directamente sus intereses.
Un ingenuo podría decir o pensar “Bueno, eso fue hace poco; pero ahora ya no está esa gente”. Lamentamos tener que decir a los ingenuos que los mafiosos de la trata de blancas han encontrado la forma de colocar topos en todos los poderes del estado, y actúan sin arriesgarse a ser descubiertos; de esa manera aumenta la efectividad de su actuación.
Esto viene a cuento por las noticias de días recientes, que nos informan de intervenciones policiales que han permitido liberar a niñas cautivas de los proxenetas y apresar a algunos de éstos. Esas acciones de la policía son buenas, pero hay un detalle desalentador que pone al descubierto el poder de las mafias de proxenetas y de algunas agencias de turismo: las operaciones conducentes a liberación de adolescentes y captura de proxenetas se hacen gracias al apoyo y, hasta cierto punto, presión de la Unicef; porque el ministerio del Interior (Mininter) no tiene partidas presupuestales especiales destinadas a la finalidad de combatir la trata de personas.
Esto significa que las mafias se han infiltrado en los niveles en que se formula el presupuesto de la República, para asegurarse de que la policía no pueda actuar. No sólo eso: la ley 28950 (promulgada el 12 de enero de 2007), que trata de este problema, por presión y coima de los proxenetas, no tiene reglamento que haga efectiva su acción: nuevo triunfo de la mafia de explotadores sexuales. Para rematar, el ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) declara que no tiene recursos para dar albergue a las niñas rescatadas de la prostitución: nótese bien que el Mimdes expresa tener carencias, pero no hace pelea por conseguir el presupuesto que asegure su intervención efectiva en estos casos. Como sucede con el Mininter, vemos que la mafia también ha logrado que se recorte el presupuesto del Mimdes para mediatizar la lucha contra la trata de personas.
Cuando el Mimdes, para favorecer la trata de personas, pretende desentenderse del problema, está violando el artículo 7.o de la ley 28950, que textualmente dice:
“Artículo 7.o.—Asistencia y protección a víctimas, colaboradores, testigos y peritos de trata de personas
En el caso de trata de personas, el Estado directamente o en coordinación con otros Estados, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, proporcionan a las víctimas, colaboradores, testigos, peritos y sus familiares directos dependientes, como mínimo: la repatriación segura; alojamiento transitorio; asistencia médica, sicológica, social, legal; y mecanismos de inserción social, además de las medidas de protección previstas en los artículos 21.o al 24.o 27378, Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada.”
En nota anterior* hemos señalado que el fomento del turismo tiene máxima prioridad como política del estado peruano y en particular del gobierno aprista, por lo cual el estado peruano no desea estorbar los planes de los proxenetas y de agencias de turismo. Los turistas exigen prostitutas cada vez más jóvenes, y el gobierno peruano no puede frustrar el anhelo que tienen muchos turistas de visitar Machu Picchu y de pasada transmitir el sida a las niñas y adolescentes peruanas, que humilladas por la prostitución, enfermas y finalmente muertas por el sida son un problema menos para el estado.
La familia
Lo que aparentemente ocurre es que van reclutadores (preferentemente mujeres, para ganar la confianza de los padres) que sacan con engaños a las niñas de sus pueblos, con el ofrecimiento de conseguirles “buenos” trabajos (la realidad es que se las llevan a otras ciudades para prostituirlas). Vistas así las cosas, podríamos pensar que estas reclutadoras engañan a los padres, quienes dan autorización para que sus hijas vayan a trabajar, sin saber que van a terminar secuestradas y prostituidas. Pero esto no siempre es así.
La pobreza generalizada, la falta de trabajo, el trabajo precario, los sueldos de hambre y la comprobación de que su trabajo es ínfimamente valorado y remunerado, el depender como mendigos del programa del “Vaso de leche” o de comedores populares llevan a muchos padres y madres de familia al convencimiento absoluto de que su pobreza es abrumadora e insuperable y de que no podrán dar a sus hijos una alimentación y educación adecuadas. Por este motivo, ocurre en ciudades del Oriente peruano que las mismas madres o los padres mandan a sus menores hijas a prostituirse, o hacen la vista gorda cuando las ven en esos afanes.
En este estado de cosas, cuando llegan a provincias las mujeres proxenetas reclutadoras con sus ofertas de “trabajo”, los padres de familia saben que en realidad sus hijas van a ser sometidas a la prostitución. Si saben, ¿por qué lo permiten? Por una razón muy simple: al vivir en un ambiente de aplastante pobreza del cual nunca podrán salir, han llegado a la segura conclusión de que tarde o temprano esas hijas que ellos no pueden mantener terminarán de prostitutas, por lo cual el mal menor es que se prostituyan fuera del pueblo, en lugares donde no las conozcan. Sí, señores y señoras, ésa es la verdad.
El artículo 1.o de la ley 28950 modifica los artículos 153.o y 153.o-A del Código Penal, y como gran cosa establece carcelería no menor de ocho años ni mayor de quince… Si así es de lenitiva esta moderna ley 28950, que “mejora” los mencionados artículos del Código Penal, ya podemos imaginarnos cómo eran antes. Este artículo 1.o que comentamos es todo un triunfo de los proxenetas, una faena taurina con corte de oreja y rabo, porque con beneficios penitenciarios los cafichos y cafichas o “mamis” saldrán rápido de la cárcel, a vengarse de las chicas liberadas y sus familias y a reclutar otras niñas y jóvenes.
Indudablemente, la benignidad de las penas previstas en la ley y el negarse el estado a elaborar el reglamento que permita su aplicación demuestran con toda claridad de lado de quién está el gobierno, y cómo gozan los gobernantes viendo humilladas y sufrientes a las niñas secuestradas y prostituidas. Estas niñas y adolescentes, con su amor propio por los suelos, son lo que desea el gobierno aprista, para perpetuar su gobierno sobre sectores de la población humillados y maltratados. A los mal llamados “grandes” que gobiernan el Perú les parece inaceptable aplicar el mencionado artículo 7.o de la ley: ¿gastar para repatriar a pobretonas?, ¿destinar policías a protegerlas a ellas y a sus familias?, ¿darles albergue seguro para liberarlas del meretricio? “¡Están locos estos cholos y cholas! ¿Qué se han creído, que por la chusma pobretona que está metida en sus problemas personales el país va a detener su progreso destinando fondos para protegerlos? ¡Un poco más y van a creer que tienen derechos y que son gente! ¡No faltaba más!”, piensan los gobernantes y actúan en consecuencia.
Exigimos que el estado peruano:
a) dé al Mininter y al Mimdes, en cumplimiento de la ley 28950, los medios necesarios para combatir con éxito este flagelo;
b) modifique el artículo primero de la ley 28950 para que la pena privativa de la libertad de los proxenetas sea no menor de veinte años, sin beneficios penitenciarios. Tengamos en cuenta que muchas de las niñas capturadas y convertidas en esclavas sexuales pasan por una situación que es peor que la muerte;
c) que reglamente con urgencia la ley 28950, para evitar que por falta de reglamento los delincuentes sigan gozando de impunidad;
d) que se dé amplia publicidad a los nombres y rostros de los proxenetas capturados o buscados.
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