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Por Manuel Dammert Ego Aguirre


Las relaciones Perú-Chile están en momentos claves. No solo por la reclamación en la Haya sobre demarcación marítima, sino también por las políticas estratégicas en torno a las relaciones económicas. En este aspecto, los asuntos cruciales son el TLC cuestionado, los puertos públicos peruanos subordinados, y la exportación del gas de Camisea hacia Chile. En la relación entre dos países hermanos de SurAmérica, en una y otra parte, en el interior de los sectores sociales de los países, existen dos estrategias en disputa. La que afirma superar la actual asimetría para afianzar una relación equilibrada y competitiva en una SurAmérica Integrada. Y la que busca incrementar la asimetría haciendo del Perú una “provincia económica administrada”, lo que generaría una aguda inestabilidad en todo el continente.

 

Los Puertos Públicos son un tema decisivo en estas disyuntivas, al ser interfaz entre modos de transporte marítimo y terrestre, decisiva como territorio estratégico aduanero y logístico. Tras más de 20 años de pugnas, el Perú, con el esfuerzo particular de Enapu y la comunidad portuaria, ha logrado que el Callao se proyecte como el megapuerto regional de la costa oeste suramericana en el Pacífico Sur. El gobierno, no obstante, pretende abdicar la soberanía portuaria.

El grupo naviero portuario Chileno (Von Appen, Urenda.Claro) está logrando lo que no puede en su país: imponer el control monopólico privado en la logística portuaria-naviera, y liquidar a su competidor, la empresa nacional de Puertos, Enapu. Ya controla los puertos públicos del Norte (Paita) y el Sur (Matarani), desarticulando sus funciones como puertos públicos regionales e interoceánicos, quebrando la unidad del sistema portuario nacional, e imponiendo monopolios subsidiados por el Estado y con los tarifazos a los usuarios. Ha impedido hasta la fecha, con la complicidad de las autoridades, que se reglamente la aprobada ley de la marina mercante nacional, con lo cual controla, el transporte marítimo de cabotaje en la costa Pacífico así como entre puertos de la costa del país (combustibles, GLP; etc).

En estos días, de visita del nuevo mandatario Chileno, Sebastián Piñera, el gobierno se alista a dar el paso final para privatizar el megapuerto del Callao, entregándolo a un monopolio (o duopolio), en el que tiene rol decisivo el grupo naviero portuario Chileno. Ya he señalado en artículos anteriores las ilegalidades de esta privatización, llena de nulidades. Al momento que escribo, Proinversión no publica todavía la versión final del proyecto de contrato, en el que va a definir el monto de la venta ilegal a los activos de Enapu. Todo se alista para entregar ilegalmente nuestro megapuerto el 17 enero 2011.

A los pueblos hermanos de Perú y Chile, lo que mas conviene es una relación equilibrada y competitiva entre los puertos públicos de ambos países, para afirmar la costa oeste suramericana en el Asia-Pacífico. Así como Chile resguarda las Empresas Estatales de sus puertos públicos y se resiste a imponer monopolios, al Perú le es indispensable modernizar Enapu, afirmar como plataforma logística mundial su sistema nacional portuario, promover la marina mercante, y recuperar el rol interoceánico de los puertos. El Callao, para esto, no debe privatizarse, sino proyectarse con la inversión de Enapu en el megapuerto y en consorcio con un socio privado minoritario, en competencia interportuaria con Dubai Ports. Esta es la gran batalla geopolítica portuaria del Perú en el Siglo XXI. La Primera, 25.11.2010