Islay: se acerca la intervención
El conflicto de Islay se encamina hacia lo que ya es en la práctica un formato estándar en el gobierno de Alan García: imponer una norma o un proyecto que favorece a grandes empresas, esperar la reacción adversa de una población, hacer oídos sordos a las quejas, esperar que nacionalistas y otros políticos se solidaricen con los afectados por la imposición del gobierno, aguardar la protesta organizada, atacar buscando derramar sangre —como si de un rito satánico se tratase— y finalmente culpar a los nacionalistas, a las ONG y a los izquierdistas de lo ocurrido.
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El conflicto de Islay se encamina hacia lo que ya es en la práctica un formato estándar en el gobierno de Alan García: imponer una norma o un proyecto que favorece a grandes empresas, esperar la reacción adversa de una población, hacer oídos sordos a las quejas, esperar que nacionalistas y otros políticos se solidaricen con los afectados por la imposición del gobierno, aguardar la protesta organizada, atacar buscando derramar sangre —como si de un rito satánico se tratase— y finalmente culpar a los nacionalistas, a las ONG y a los izquierdistas de lo ocurrido.
Al parecer eso es lo que les espera ahora a los islayinos. La mayoría de la población rechaza el inicio de actividades de la mina Tía María, pero el gobierno insiste en seguir adelante apoyando plenamente a la empresa minera.
¿Por qué las poblaciones rechazan a la minería?
El interés de las altas esferas del gobierno parece centrarse en el inicio de una inversión, pero no le importa después lo que la empresa haga, todo lo cual tiene un fétido olor a corrupción, que indicaría que esta sería la cadena: faenón inicial para otorgar una concesión, licencia, licitación o contrato, y despuésf aenones posteriores para hacer la vista gorda ante la contaminación, los abusos laborales o la evasión tributaria.
Violencia, imposición y desprecio
Violencia.- Es el sello que está distinguiendo al gobierno de Alan García, basta recordar su recomendación a la policía: “disparen antes de pensar”, lo cual va costando ya decenas de vidas.
Imposición.- Convoca a grandes empresarios y hasta mafiosos a Palacio de Gobierno, como Fortunato Canaán o a la chilena Cencosud, cuyo dueño fue objeto de investigaciones por apoyar a un violador de niños. Todo lo que interesa a grandes empresarios García lo traduce en leyes que busca imponer a como dé lugar.
Desprecio.- Pero cuando se trata de los intereses de ciudadanos del agro, nativos o pobres los trata como ciudadanos de segunda categoría, como él mismo dijo que por ejemplo los nativos selváticos. Para ellos el diálogo con el gobierno sólo llega cuando cansada de esperar la población se movilizó en protesta, pese a que hay burócratas muy bien pagados encargados de la prevención de conflictos. Cuando ve las protestas, en lugar de conversar, García desprestigia las protestas, ya sea utilizando sus conferencias de prensa o gastando nuestros tributos en costoso avisos que transmite por los medios de prensa, donde, según los informes como el documento en minoría suscrito por la religiosa Maricarmen Gómez y el dirigente awajún Jesús Manasés (ver Culpan al “Perro del Hortelano” y mentira de Mercedes Aráoz de masacre en Bagua), se denuncia que el gobierno difamó a los nativos al decir que tenían armas).
Es precisamente la imposición y el desprecio el que atiza los ánimos y empuja a los pobladores a bloquear carreteras, que es un delito no justificable que perjudica a gente que nada tiene que ver el conflicto, pero parece ser que al gobierno le encanta que la gente enardecida por haber sido vapuleada llegue hasta este extremo.
En este panorama, todo parece indicar que el guión se cumplirá hasta el último punto, el derramamiento de sangre. En Islay ya van dos heridos y la propaganda del gobierno repite lo mismo, pues en los medios se difunde un aviso pagado que acusa a los pobladores de Islay de portar dinamita, para justificar una acción violenta.
Ante lo evidente, esperemos que no ocurra lo peor, pero sobre todo, que la gente aprenda lo que significa votar por un gobierno que ya demostró en exceso violencia y corrupción durante el período 1985-1990.
¿Por qué las poblaciones rechazan a la minería?
Una minería responsable podría traer empleo y desarrollo, pero el gobierno es el culpable del rechazo ciudadano porque ha abdicado de su función de control, no le interesa que contaminen (ya sean formales o informales), que violen las leyes laborales y exploten a la gente, que evadan impuestos o traigan tráfico humano para la prostitución.
El interés de las altas esferas del gobierno parece centrarse en el inicio de una inversión, pero no le importa después lo que la empresa haga, todo lo cual tiene un fétido olor a corrupción, que indicaría que esta sería la cadena: faenón inicial para otorgar una concesión, licencia, licitación o contrato, y despuésf aenones posteriores para hacer la vista gorda ante la contaminación, los abusos laborales o la evasión tributaria.
Violencia, imposición y desprecio
Violencia.- Es el sello que está distinguiendo al gobierno de Alan García, basta recordar su recomendación a la policía: “disparen antes de pensar”, lo cual va costando ya decenas de vidas.
Imposición.- Convoca a grandes empresarios y hasta mafiosos a Palacio de Gobierno, como Fortunato Canaán o a la chilena Cencosud, cuyo dueño fue objeto de investigaciones por apoyar a un violador de niños. Todo lo que interesa a grandes empresarios García lo traduce en leyes que busca imponer a como dé lugar.
Desprecio.- Pero cuando se trata de los intereses de ciudadanos del agro, nativos o pobres los trata como ciudadanos de segunda categoría, como él mismo dijo que por ejemplo los nativos selváticos. Para ellos el diálogo con el gobierno sólo llega cuando cansada de esperar la población se movilizó en protesta, pese a que hay burócratas muy bien pagados encargados de la prevención de conflictos. Cuando ve las protestas, en lugar de conversar, García desprestigia las protestas, ya sea utilizando sus conferencias de prensa o gastando nuestros tributos en costoso avisos que transmite por los medios de prensa, donde, según los informes como el documento en minoría suscrito por la religiosa Maricarmen Gómez y el dirigente awajún Jesús Manasés (ver Culpan al “Perro del Hortelano” y mentira de Mercedes Aráoz de masacre en Bagua), se denuncia que el gobierno difamó a los nativos al decir que tenían armas).
Es precisamente la imposición y el desprecio el que atiza los ánimos y empuja a los pobladores a bloquear carreteras, que es un delito no justificable que perjudica a gente que nada tiene que ver el conflicto, pero parece ser que al gobierno le encanta que la gente enardecida por haber sido vapuleada llegue hasta este extremo.
En este panorama, todo parece indicar que el guión se cumplirá hasta el último punto, el derramamiento de sangre. En Islay ya van dos heridos y la propaganda del gobierno repite lo mismo, pues en los medios se difunde un aviso pagado que acusa a los pobladores de Islay de portar dinamita, para justificar una acción violenta.
Ante lo evidente, esperemos que no ocurra lo peor, pero sobre todo, que la gente aprenda lo que significa votar por un gobierno que ya demostró en exceso violencia y corrupción durante el período 1985-1990.
