Tapando venta corrupta del gas
Luis Izquierdo |
Intervención en universidades
Recientes declaraciones de personas que forman parte del gobierno, empezando por el presidente Alan García, han expresado su intención de intervenir las universidades para librarlas del peligro de infiltración terrorista (de Sendero Luminoso); el presidente dijo: “No voy a pedir permiso a nadie para ingresar a la universidad si esto vuelve a ocurrir”. Estas variadas declaraciones estarían dentro de lo correcto si quienes las emiten guardaran la ponderación del caso y respondieran de manera adecuada y proporcional a las manifestaciones del mal percibido.
El pretexto
La semana pasada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) hubo una reunión de personas afines a la ideología de Sendero Luminoso, que culminó con una marcha pacífica. No eran más de treinta personas. Todos estamos en la libertad de pensar que esas personas son cercanas al mencionado movimiento terrorista o que incluso pueden ser integrantes de él. Para más señas, la marcha de dichas personas no contó con la adhesión de los estudiantes sanmarquinos, que en su gran mayoría son contrarios o indiferentes a los planteamientos subversivos.
O sea que la universidad de San Marcos no es terreno fértil para la difusión de ideas violentistas. Sin embargo, la mencionada reunión y marcha se produjo, y por ese lado habría habido negligencia de las autoridades. Pero a partir de esos hechos sostener que estamos ante una situación peligrosa que justifique intervenciones militares o policiales es no sólo una torpeza sino una conducta sospechosa, no sólo por el propósito distractivo y represivo que tiene sino por favorecer al terrorismo (¡hacen creer que luchan contra el terrorismo pero en los hechos lo favorecen!).
La realidad
Las personas que participaron en ese acto propagandístico o de apología de Sendero son pocas y están todas debidamente identificadas, no hay en esto nada de clandestino ni secreto, incluso las fotografías de sus rostros y sus nombres han aparecido en diarios locales. Desde hace décadas en todas las universidades hay entre profesores, alumnos y empleados personal del servicio de inteligencia que remiten con regularidad (para eso se les paga) informes sobre estas situaciones. En consecuencia, si hay realmente algún peligro, es algo ya conocido y de lo que hay informes precisos*. Lo que resta es que intervengan la policía y el Ministerio Público para detener y someter a juicio a esas personas.
Eso es lo que corresponde hacer en una situación como la que comentamos, en la que los agentes del estado intervinientes son, en primer lugar, el servicio de inteligencia, y en segundo lugar la policía especializada y el Ministerio Público. Si hablamos de policía especializada, el asunto es de la incumbencia del ministerio del Interior. Con todo esto tan claro, ¿por qué —según el diario limeño La Primera, en su edición del 22 de junio de 2010— tiene que “meter la cuchara” Rafael Rey, ministro de Defensa, diciendo que la fuerza armada puede intervenir las universidades?, ¿quiere dar a entender que lo que no hacen el servicio de inteligencia y el ministerio del Interior puede hacerlo él, desde el ministerio de Defensa?
Si la fuerza armada o la fuerza policial intervienen en las universidades, lo harán por mandato de su jefe supremo, Alan García. Si, como hemos mencionado, el estado ya tiene informantes en las universidades y, además, el rector de la UNMSM declaró en el Congreso que había puesto los hechos en conocimiento del ministerio del Interior y de la policía especializada (Dircote), ¿por qué el presidente y otras autoridades amenazan con intervenciones?, ¿sobran recursos y personal?, ¿hay suficientes policías en las calles y carreteras para contener la delincuencia?, ¿hay soldados en el número suficiente para derrotar a Sendero en la selva?, ¿no respirarían con alivio los terroristas de la selva si ven que cientos de soldados son enviados a reprimir a los estudiantes en vez de combatir al narcoterrorismo o en vez de recuperar Arica y Tarapacá?
Es sospechoso y peligroso que se hable de intervenir universidades cuando las fuerzas del orden tienen tareas más importantes que cumplir, como son combatir a la delincuencia común y al narcoterrorismo. Distraer personal de combate para tareas propias de la policía especializada es un nítido favor al terrorismo; parece que con esa posible intervención quieren dar un respiro a los camaradas “José”, “Alipio” y “Artemio” para que con renovadas fuerzas sigan con sus acciones violentistas.
Si se trata de movilizar efectivos armados, le damos una idea al presidente. Que envíe a la frontera sur un destacamento de fuerzas de infantería e ingeniería que basándose en la experiencia de los participantes en la operación Chavín de Huántar haga un túnel debajo de la zona minada del triángulo de tierra tacneña que controla Chile, aparezca exactamente debajo del punto Concordia y haga, en el lado peruano de la frontera, un espigón que marque la línea de frontera a la orilla del mar. ¿No sería eso más correcto que intervenir en universidades cuando el estado ya tiene los elementos necesarios para combatir la infiltración en esos centros de estudios, como son el servicio de inteligencia, la policía especializada y el Ministerio Público?
El objetivo
Este sobredimensionamiento de la posible infiltración terrorista en las universidades debe tratarse con los medios y recursos ya existentes y con el conveniente sigilo, de manera que las noticias que aparezcan en los periódicos no sean “Terroristas se infiltran en X universidad”, “Sendero reparte volantes”, etc.; sino “El terrorista XX, autor del delito de apología, ha sido capturado y puesto a disposición del Ministerio Público”, “Los terroristas que emboscaron a una patrulla militar han sido condenados a XX años de prisión”. Eso es lo que se debe hacer y tales son las noticias que deberían aparecer en la prensa.
Lo que leemos, sin embargo, son sosas denuncias que tienen el propósito de desviar la atención del público, para que no se oponga a la traidora exportación de nuestro gas. Para más precisión debemos añadir que este vocerío sobre el terrorismo va como remate de la campaña del gobierno aprista y de los chilenos, que ha tenido éxito al manipular el reclamo de los pueblos de la Macrorregión Sur que mansamente han marchado “protestando” a gritos con la consigna de los apristas y los chilenos (“Dar prioridad al abastecimiento del mercado interno y después exportar”) en vez del lema claro y contundente No exportar el gas peruano a ningún país bajo ninguna circunstancia.
* Si esto no es así, entonces se estaría pagando en vano a los miembros del Servicio de Inteligencia destacados en la UNMSM.
La semana pasada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) hubo una reunión de personas afines a la ideología de Sendero Luminoso, que culminó con una marcha pacífica. No eran más de treinta personas. Todos estamos en la libertad de pensar que esas personas son cercanas al mencionado movimiento terrorista o que incluso pueden ser integrantes de él. Para más señas, la marcha de dichas personas no contó con la adhesión de los estudiantes sanmarquinos, que en su gran mayoría son contrarios o indiferentes a los planteamientos subversivos.
O sea que la universidad de San Marcos no es terreno fértil para la difusión de ideas violentistas. Sin embargo, la mencionada reunión y marcha se produjo, y por ese lado habría habido negligencia de las autoridades. Pero a partir de esos hechos sostener que estamos ante una situación peligrosa que justifique intervenciones militares o policiales es no sólo una torpeza sino una conducta sospechosa, no sólo por el propósito distractivo y represivo que tiene sino por favorecer al terrorismo (¡hacen creer que luchan contra el terrorismo pero en los hechos lo favorecen!).
La realidad
Las personas que participaron en ese acto propagandístico o de apología de Sendero son pocas y están todas debidamente identificadas, no hay en esto nada de clandestino ni secreto, incluso las fotografías de sus rostros y sus nombres han aparecido en diarios locales. Desde hace décadas en todas las universidades hay entre profesores, alumnos y empleados personal del servicio de inteligencia que remiten con regularidad (para eso se les paga) informes sobre estas situaciones. En consecuencia, si hay realmente algún peligro, es algo ya conocido y de lo que hay informes precisos*. Lo que resta es que intervengan la policía y el Ministerio Público para detener y someter a juicio a esas personas.
Eso es lo que corresponde hacer en una situación como la que comentamos, en la que los agentes del estado intervinientes son, en primer lugar, el servicio de inteligencia, y en segundo lugar la policía especializada y el Ministerio Público. Si hablamos de policía especializada, el asunto es de la incumbencia del ministerio del Interior. Con todo esto tan claro, ¿por qué —según el diario limeño La Primera, en su edición del 22 de junio de 2010— tiene que “meter la cuchara” Rafael Rey, ministro de Defensa, diciendo que la fuerza armada puede intervenir las universidades?, ¿quiere dar a entender que lo que no hacen el servicio de inteligencia y el ministerio del Interior puede hacerlo él, desde el ministerio de Defensa?
Rafael Rey |
Si la fuerza armada o la fuerza policial intervienen en las universidades, lo harán por mandato de su jefe supremo, Alan García. Si, como hemos mencionado, el estado ya tiene informantes en las universidades y, además, el rector de la UNMSM declaró en el Congreso que había puesto los hechos en conocimiento del ministerio del Interior y de la policía especializada (Dircote), ¿por qué el presidente y otras autoridades amenazan con intervenciones?, ¿sobran recursos y personal?, ¿hay suficientes policías en las calles y carreteras para contener la delincuencia?, ¿hay soldados en el número suficiente para derrotar a Sendero en la selva?, ¿no respirarían con alivio los terroristas de la selva si ven que cientos de soldados son enviados a reprimir a los estudiantes en vez de combatir al narcoterrorismo o en vez de recuperar Arica y Tarapacá?
Es sospechoso y peligroso que se hable de intervenir universidades cuando las fuerzas del orden tienen tareas más importantes que cumplir, como son combatir a la delincuencia común y al narcoterrorismo. Distraer personal de combate para tareas propias de la policía especializada es un nítido favor al terrorismo; parece que con esa posible intervención quieren dar un respiro a los camaradas “José”, “Alipio” y “Artemio” para que con renovadas fuerzas sigan con sus acciones violentistas.
Si se trata de movilizar efectivos armados, le damos una idea al presidente. Que envíe a la frontera sur un destacamento de fuerzas de infantería e ingeniería que basándose en la experiencia de los participantes en la operación Chavín de Huántar haga un túnel debajo de la zona minada del triángulo de tierra tacneña que controla Chile, aparezca exactamente debajo del punto Concordia y haga, en el lado peruano de la frontera, un espigón que marque la línea de frontera a la orilla del mar. ¿No sería eso más correcto que intervenir en universidades cuando el estado ya tiene los elementos necesarios para combatir la infiltración en esos centros de estudios, como son el servicio de inteligencia, la policía especializada y el Ministerio Público?
El objetivo
Este sobredimensionamiento de la posible infiltración terrorista en las universidades debe tratarse con los medios y recursos ya existentes y con el conveniente sigilo, de manera que las noticias que aparezcan en los periódicos no sean “Terroristas se infiltran en X universidad”, “Sendero reparte volantes”, etc.; sino “El terrorista XX, autor del delito de apología, ha sido capturado y puesto a disposición del Ministerio Público”, “Los terroristas que emboscaron a una patrulla militar han sido condenados a XX años de prisión”. Eso es lo que se debe hacer y tales son las noticias que deberían aparecer en la prensa.
Lo que leemos, sin embargo, son sosas denuncias que tienen el propósito de desviar la atención del público, para que no se oponga a la traidora exportación de nuestro gas. Para más precisión debemos añadir que este vocerío sobre el terrorismo va como remate de la campaña del gobierno aprista y de los chilenos, que ha tenido éxito al manipular el reclamo de los pueblos de la Macrorregión Sur que mansamente han marchado “protestando” a gritos con la consigna de los apristas y los chilenos (“Dar prioridad al abastecimiento del mercado interno y después exportar”) en vez del lema claro y contundente No exportar el gas peruano a ningún país bajo ninguna circunstancia.
* Si esto no es así, entonces se estaría pagando en vano a los miembros del Servicio de Inteligencia destacados en la UNMSM.