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José Luis Sánchez Milla, presidente en funciones del Gobierno regional de Áncash, fue asesinado mientras viajaba por el kilómetro 573 de la carretera Panamericana Norte, en Trujillo, cuando un grupo de delincuentes emboscó su vehículo con las llamadas “aletas de tiburón”, objetos punzantes dejados en la pista para desinflar las llantas.
Sánchez recibió un disparo que le abrió la arteria femoral y murió desangrado a falta de asistencia inmediata.
Incapacidad sospechosa del gobierno aprista
Para el gobierno aprista Sánchez es un número más en la estadística de las víctimas de los crímenes perpetrados contra la población, que van en aumento, en especial en el norte del país, donde las personas son presas del hampa peruana y colombiana que mantiene extorsionados a pequeños, medianos y grandes empresarios a cambio de cupos, sin que al gobierno aprista le interese poner fin a esas mafias criminales.
El asunto es tan grotesco que César Acuña Peralta, alcalde de Trujillo, acusa al gobierno de propiciar la delincuencia, pues ni siquiera tras el esfuerzo municipal realizado en la compra de vehículos patrulleros y motocicletas se le asignó personal policial para combatir la delincuencia. La policía estuvo unos días y se retiró pretextando falta de recursos humanos (ver Gobierno aprista estaría tras incremento de delincuencia en Trujillo).
Así, mientras la delincuencia azota, el ministerio del Interior se dedica a perseguir y espiar a religiosos como el hermano Paul McAuley, a quien intentan deportar con un burdo expediente, todo por defender el medio ambiente.
El Perú avanza en delincuencia
La delincuencia afecta a pobres y ricos, siendo los más afectados los pobres, pues lo poco que poseen les es arrebatado. La sospechosa inacción del gobierno aprista ante el accionar del hampa atenta no sólo contra la seguridad personal de la gente, sino contra la economía, pues los negocios no pueden surgir adecuadamente, la delincuencia persigue a empresarios comerciales, industriales y constructores para pedir cupos, al mismo estilo iniciado por el criminal chileno Patricio Lynch durante la guerra de rapiña de 1879 de Chile contra el Perú.
La situación es mucho más grave que durante todos los gobiernos pasados pues nunca se llegó al extremo en que la delincuencia se traslade en forma organizada al agro. Antes sólo se veía esporádicamente abigeos.
Ahora bandas organizadas, en especial en el norte, desde Huacho hasta Piura, esperan que los agricultores estén por cosechar para perpetrar sus asaltos. ¿Cómo puede surgir así un país?
Como si todo eso no fuese suficiente, se hace poco contra las drogas y nada contra el tráfico humano. No hay proxenetas presos mientras se destruye la vida de niños y mujeres que muchas veces son arrastrados a la prostitución en condición de esclavitud obligatoria.
Curiosamente, salen imágenes de policías comprometidos en escenas sexuales, lo cual indicaría que las autoridades nada quieren hacer contra los proxenetas, pues estarían recibiendo pago en carne humana para no actuar.
¿Y qué hace la fiscalía de prevención del delito? ¿Por qué no puede prevenir nada? ¿Recibe coima o alguna presión del gobierno para “no ver” nada?
El presidente Alan García es el principal responsable del crecimiento de la ola delictiva, en lo cual tiene gran responsabilidad el ministro del Interior, que en lugar de luchar contra la delincuencia la favorece con su inacción. No obstante, le gustan las fotos y aparecer en los medios, mientras la policía se toma la libertad de aparecer en escenas sexuales, sabiendo que no son sancionados.
Pero la destitución del ministro no cambiará la situación, García ha decidido hacer oídos sordos a los reclamos de la población sobre la seguridad ciudadana. Al Presidente no le interesa el flagelo de la delincuencia contra la población mientras él y su familia viven muy bien cuidados y libres de asaltos con el dinero de todos los peruanos.
Por otro lado, el Congreso también hace oídos sordos a los llamados del presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, para legislar contra los beneficios penitenciarios a presos peligrosos, lo cual es agravado con una pésima gestión carcelaria que depende directamente del Poder Ejecutivo: los delincuentes siguen dirigiendo sus bandas desde las cárceles sin que se construyan nuevos centros penitenciarios seguros y aislados de las ciudades grandes.
A un año de finalizar la gestión de García, sabiendo de la crisis y hacinamiento del sistema penitenciario desde que asumió el poder, no se ha construido ninguna cárcel de seguridad grande, pese a que hace alarde de la bonanza económica. Las cárceles de seguridad deberían construirse en las zonas fronterizas, de modo que se traslade a estos reos lo más lejos de sus centros de operaciones y reducir así la posibilidad de coordinaciones con sus cómplices que los visitan.
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