Exigen devolver pensión a jubilados de Querocotillo y Salitral
La congresista Marisol Espinoza Cruz demandó al ministro de Justicia, Victor García Toma, que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) devuelva sus pensiones a 500 jubilados de la ex Cooperativa Agraria de Producción San Francisco de Chocán, en el distrito de Querecotillo y Salitral, Sullana-Piura, a quienes dicho organismo les inventó delitos para no pagarles su dinero.
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Reveló que los dirigentes litigan con la ONP desde hace más de 2 años y hasta ahora no han logrado recuperar sus mensualidades. “Es inconcebible que el Estado peruano pague a procuradores para que litiguen en contra de los trabajadores y es aún más lamentable que se desconozca sus derechos fundamentales como la pensión de jubilación”, increpó la legisladora al ministro en la sesión de la Comisión de Constitución realizada hoy en el Congreso de la República.
Refirió que los referidos jefes de familia de la Comunidad Campesina de Querecotillo y Salitral, recibían su pensión con normalidad hasta que de manera arbitraria la ONP los acusó de los delitos de falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir y dejó de pagarles. “La investigación de las fiscalías penales y corporativas de Piura y Sullana, determinaron que no existen dichos delitos y archivaron el caso, pero hasta la fecha no se les ha restituido su dinero”, reveló Espinoza.
”Este un caso de Ripley, toda vez que los jubilados son acusados de delincuentes por quienes tienen la obligación de proteger sus derechos, son absueltos porque evidentemente son inocentes y hasta la fecha el Estado no cumple con devolverles su jubilación. Esta injusticia la hemos hecho conocer al Ministro de Justicia y esperamos que en el más breve plazo nos brinde una respuesta positiva”, comentó.
Cabe resaltar que hasta la fecha 35 de los 500 jubilados han muerto debido a la falta de dinero para atenderse de enfermedades propias de su edad. “Parece un relato Kafkiano e irreal, que en pleno Siglo XXI nuestros ancianos tengan que morir porque no tienen dinero para curarse y el Estado que debe protegerlos, contrariamente los enjuicia hasta matarlos. En este caso es tan culpable el asesino que deja cuadrapléjica a una niña por robarle a sus abuelos como los jueces y abogados que alargan los procesos y permiten que nuestros ancianos mueran por el no pago de sus pensiones”, puntualizó Espinoza Cruz.
Refirió que los referidos jefes de familia de la Comunidad Campesina de Querecotillo y Salitral, recibían su pensión con normalidad hasta que de manera arbitraria la ONP los acusó de los delitos de falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir y dejó de pagarles. “La investigación de las fiscalías penales y corporativas de Piura y Sullana, determinaron que no existen dichos delitos y archivaron el caso, pero hasta la fecha no se les ha restituido su dinero”, reveló Espinoza.
”Este un caso de Ripley, toda vez que los jubilados son acusados de delincuentes por quienes tienen la obligación de proteger sus derechos, son absueltos porque evidentemente son inocentes y hasta la fecha el Estado no cumple con devolverles su jubilación. Esta injusticia la hemos hecho conocer al Ministro de Justicia y esperamos que en el más breve plazo nos brinde una respuesta positiva”, comentó.
Cabe resaltar que hasta la fecha 35 de los 500 jubilados han muerto debido a la falta de dinero para atenderse de enfermedades propias de su edad. “Parece un relato Kafkiano e irreal, que en pleno Siglo XXI nuestros ancianos tengan que morir porque no tienen dinero para curarse y el Estado que debe protegerlos, contrariamente los enjuicia hasta matarlos. En este caso es tan culpable el asesino que deja cuadrapléjica a una niña por robarle a sus abuelos como los jueces y abogados que alargan los procesos y permiten que nuestros ancianos mueran por el no pago de sus pensiones”, puntualizó Espinoza Cruz.
