De 2005 a 2015 se evidencia que en las cuentas del presidente Pedro Pablo Kuczynski se realizaron movimientos por unos 2,5 millones de dólares mediante operaciones financieras que partieron de paraísos fiscales.
La empresa Ternium, subsidiaria de Techint, constructora del ducto del gas de Camisea, realizó 13 abonos por un total de 835,011 dólares a PPK, a una cuenta que tiene en el Banco de Crédito del Perú. El dinero fue enviado desde Luxemburgo, informa el semanario Hildebrandt en sus Trece.
La información ya ha sido revisada por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro. Otro detalle candente: PPK brindó asesorías a Techint cuando se desempeñaba como ministro de Economía.
En el reporte del BCP, se registra un abono de la offshore TRAG Allocational LTD, con sede en las Islas Grand Cayman.
“El fiscal Hamilton Castro también ha puesto los reflectores sobre dos empresas de propiedad de Pedro Pablo Kuczynski que están registradas en paraísos fiscales. Estas compañías sirvieron para que el mandatario realice en el Perú millonarias transacciones bancarias e inmobiliarias por un valor de 1’320,000 dólares”, dice dicho medio.
Dorado Asset Management Ltda., es una de las empresas. Fue creada por PPK en Panamá, y en 2005 tuvo una sucursal en el Perú cuando PPK era ministro de Economía. Su amigo José Miguel Morales Dasso figura como apoderado.
Con Dorado Asset Management Ltda, PPK compró una propiedad en Cieneguilla de 5 mil metros cuadrados. Asset Management Company Ltda. es la segunda compañía en la cual Kuczynski aparece como dueño. En julio de 2014, tenía como capital 140 mil soles.
Pese a estos detalles, el despacho presidencial señaló que “no existe estructura de negocios turbia o sospechosa” que implique a PPK, y que todas las operaciones a través del BCP fueron “debidamente reportadas a la Sunat” y que se realizaron cuando el jefe de Estado no ejerció cargo público.
El comunicado de la Presidencia concluye indicando que los hechos denunciados por el semanario han sido debidamente aclarados por el presidente en su oportunidad, incluso ante la Contraloría en 2005, el Congreso desde 2006 y su Declaración de Intereses en 2017.
