Inmuebles de los exministros de Alberto Fujimori fueron revisados por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, que investiga a Fuerza Popular por presuntamente lavar dinero de Odebrecht por medio de una contabilidad paralela
EDUARDO GARCÍA*
Las recientes declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Henrique Simoes Barata, permitieron que el fiscal José Domingo Pérez Gómez tome rápidas acciones en torno a la investigación que le sigue a Fuerza Popular por lavado de dinero.
El lunes último el Poder Judicial le dio la razón a la Fiscalía Antilavado, que solicitó allanar las propiedades de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, ambos fujimoristas sindicados por el exdirectivo brasilero de recibir 1 millón de soles de la corrupta constructora.
Operativo fue impecable.
La operación paralela comenzó al promediar las 8 de la mañana de ayer, en la que se encontró información que demostraría el vínculo delictivo entre el partido político de Keiko Fujimori con la empresa que sobornó a no pocos gobiernos de América Latina.
Yoshiyama no colaboró, tuvieron que descerrajar.
Por esta razón es que el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó el descerraje de los dos bienes inmuebles de los exministros y hombres de confianza del expresidente Alberto Fujimori.
Ambas diligencias recibieron el respaldo de decenas de agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), equipo anticorrupción que participó también del allanamiento a los locales partidarios del fujimorismo el año pasado.
Allanamiento empezó a las 8 de la mañana.
El golpe contra los representantes históricos del grupo político fundado por Fujimori no es capricho del Ministerio Público, como quieren hacer creer algunos miembros de la bancada que por ahora sigue siendo mayoritaria en el Congreso de la República.
Las diligencias, que duraron hasta altas horas de la tarde, se realizaron en La Molina y San Isidro, donde se encuentran las residencias de los “intermediarios” Yoshiyama y Bedoya. Los equipos de la Fiscalía y Policía encontraron lo que buscaban.
Y es que los cargos que ocupaban ambos, respectivamente, fueron la Secretaría General y la Jefatura de las Finanzas del partido fujimorista. A esto se suma la confesión del brasilero que termina por desbaratar la orquesta oculta en las filas naranjas.
Todo esto se da en un marco en el que Yoshiyama intentó ordenar la casa visitando al fiscal Pérez Gómez para dar su versión de los hechos; es decir, regresar al país que dejó horas antes del interrogatorio en Sao Paulo para contradecir los dichos de Jorge Barata.
Pero sus palabras no convencieron al equipo dirigido por el fiscal antilavado. Mucho menos sus escritos. Yoshiyama apareció a inicios de semana junto al abogado Leonardo Vito, quien ahora pasa a formar parte de su equipo de defensores legales.
El Diario UNO informó la semana pasada que la abogada Giuliana Loza, quien se presentó a la sede en Sao Paulo de la Procuraduría General de Brasil el 28 de febrero, no solo defendía a Keiko Fujimori, sino también a Jaime Yoshiyama.
Queda claro que el partido naranja marcó distancia de Yoshiyama luego de descubiertos los negocios que montó junto a su familia y allegados con el fin de presuntamente blanquear los capitales que llegaron por parte de Odebrecht como regalo en Navidad.
La cúpula de Fuerza Popular le dio este fin de semana como plazo para tomar una decisión: defender a Fujimori o Yoshiyama, sobre quien fue prácticamente relegado, aparentemente, porque acudió a la Fiscalía acompañado del abogado Vito.
Pero Loza no podía perder a Yoshiyama, su conocido de años, razón que la llevó a dar un paso al costado; sin embargo, esta publicación conoció que Vito trabaja como “asistente legal” en el Estudio Loza Ávalos Abogados. ¿Y quién es la socia principal en dicha firma? Nada menos que “Giuli”, para los amigos.
Un sector importante de la bancada no vio con buenos ojos la “movida” de la letrada, razón por la cual le solicitarán que tome una postura firme sobre sus defendidos, por una razón de ética, moral o de compromiso. “Se lo advertimos”, dijo un legislador fujimorista que prefirió no opinar más.
Al hecho se suma una resolución que termina por poner en jaque a Keiko Fujimori y su círculo más íntimo. El lunes último, la Sala Penal de Apelaciones declaró inadmisible el recurso presentado por los abogados de Fuerza Popular para invalidar el allanamiento a sus locales partidarios.
El logro fue alcanzado por el mismo coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, Rafael Vela Barba, quien viene apoyando el trabajo de Pérez Gómez desde que asumió la difícil tarea de desentrañar la maquinaria fujimorista que por años metería dinero por lo bajo.
* @EduardoA_Garcia
Diario Uno, 07.03.2018
