Fiscalía impidió sanción a la clínica
Las explosiones que sorprendieron ayer en la clínica española Ricardo Palma en San Isidro son un acto de venganza por la muerte de la madre de los dos autores del ataque, tras años de no conseguir justicia por la negligencia médica que desencadenó primero un cuadro de deterioro de salud de la mujer y su posterior muerte.
Percy Benítez, hermano mayor de los autores de la explosión en la clínica Ricardo Palma, Alexander y Claudia Benites Aguilar, señaló que no justifica esa venganza, pero exigió reabrir la investigación contra la clínica por negligencia en la muerte de su madre Victoria Aguirre Oviedo, hace cinco años.
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| Alexander y Claudia Benites Aguilar. Foto: RPP |
Dijo sentirse decepcionado de sus hermanos, uno contador y la otra odontóloga. “Lamentablemente me han sorprendido. Me han pagado mal después de tanto esfuerzo”, aseveró Benítez al narrar la infructuosa bísqueda de justicia desde hace 6 años.
Precisó que en la vía administrativa ganó, pues Susalud, Indecopi y Transparencia les dieron la razón, hubo negligencia médica en diversas etapas de la atención a su madre, comenzando por la incapacidad en diagnosticar lo que finalmente se supo, la mujer tenía un aneurisma. Desepués otras negligencias se cometieron tanto en la falta de análisis suficientes como en los procedimientos de atención, que desdencadenaron un cuadro espantoso de su madre, que quedó inconsciente y alimentada con vías por largos meses, donde la hija tenía que dormir seis días por semana en el piso del cuarto de la paciente en la clínica.
Narró que su hermana ha estado en tratamiento psiquiátrico desde 2012, por el cuadro que le desencadenó la tragedia de su madre y dados los hechos, considera que su hermano también debió recibir tratamiento.
El Indecopi había impuesto a la clínica Ricardo Palma una multa de 96 UIT (S/ 398,400) por no haber determinado la enfermedad, por no haber brindado tratamiento, por no haber brindado cuidados postoperatorios y por dar información errónea sobre la salud de Aguirre Oviedo.
Explicó que no sabe si el Indecopi cobró dicha suma, pero a él sólo le entregaron 36 soles por los gastos en trámites administrativos, lo cual también deja ver otra injusticia, pues parte de la multa debería ser para la parte perjudicada, que en este caso tuvo que recurrir a la vía judicial.
Sobre la denuncia judicial, detalló que la fiscal Elizabeth Figueroa Cortez guardó cinco años el expediente sin presentar el caso a una fiscalía superior. Esta fiscal nunca fue sancionada por este acto negligente o corrupto que impidió encontrar justicia en el Poder Judicial pues después de los cinco años el caso había prescrito, para beneficio de la clínica.
