Un colaborador eficaz acusó a los congresistas Marisol Espinoza y Velásquez Quesquén de cobrar para favorecer a Grupo Oviedo y aprobar un proyecto para ampliar el plazo para impedir el embargo de las azucareras Tumán y Pomalca.
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El colaborador detalló que el pago a Velásquez Quesquén fue en el hotel Sheraton y a Marisol Espinoza en Plaza de Armas de Piura, informa Correo.
Como se sabe, el Grupo Oviedo está vinculado con el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, involucrado en el escándalo de corrupción judicial.
El proyecto ayudó a Oviedo a perpetuarse en la administración de la azucarera Tumán. El propio fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, en su informe, concluye que ambos legisladores fueron operadores políticos dentro del Congreso de la República.
El 2 de diciembre de 2010, el Congreso debatió la Ley N.° 4363/2010-CR, que proponía establecer medidas para viabilizar el régimen de las empresas agrarias azucareras. La norma protegía a las azucareras Cayaltí, Tumán y Pomalca, siendo las dos últimas administradas por el Grupo Oviedo. La citada disposición ampliaba el plazo para que las empresas no sean embargadas por sus deudas millonarias.
Durante el debate en el congreso, Velásquez Quesquén intervino fogoso diciendo: “ […] Y que los que están con esa persona son mafiosos o están metidos en cosas ilegales e inmorales y que los que están contra ella son los que levantan la bandera de la moralidad. No creo eso”, pues según él se quería dar a entender que la ley solo favorecía a una persona (Edwin Oviedo).
Marisol Espinoza alegó que defendería el derecho de los trabajadores y pidió la exoneración de la segunda votación. “Considerando que no está el presidente ni el vicepresidente de la Comisión Agraria, solicito en mi calidad de secretaria de dicho grupo de Trabajo, la exoneración de la segunda votación”, dijo y la ley se aprobó con 40 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones.
Pero el gobierno del presidente Alan García observó la autógrafa señalando que la protección es discriminatoria y haría perenne el dominio de grupos con escasa participación en el capital social de las azucareras, mínima inversión y posición privilegiada para la comercialización del producto a través de empresas que son también de su propiedad. Agregó que la prórroga de la protección contra medidas de embargo implicaría que se continúe incrementando las deudas de la azucareras. La observación fue enviada al Congreso a través del Oficio 004-2011.
Al ver peligrar la promulgación de la ley, desde diciembre de 2010, un grupo de trabajadores azucareros protestaba en la Plaza Dos de Mayo de Lima. Allí llegaron a respaldarlos los congresistas Aníbal Huerta Díaz, Marisol Espinoza, Fredy Otárola y Daniel Abugattás asegurando que insistirían en la ampliación de la ley.
Tras la observación del Ejecutivo, el 20 de abril del 2011 el pleno del Congreso revisó una vez más el proyecto. Fue el presidente de la Comisión Agraria, Aníbal Huerta Díaz, quien pidió que el proyecto solo sea sometido a votación porque ya se había generado un debate. Esta vez fue aprobado por 71 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones.
Trabajito para el hermano de Marisol Espinoza
Como suele suceder entre los corruptos, una forma de pagar la coima es regalar un puesto de trabajo y un mes después de la publicación de la ley, Jorge Luis Espinoza, hermano de Marisol Espinoza, ingresó a trabajar en la Empresa Agroindustrial Tumán.
El colaborador de la Fiscalía N.° 12-2015 recuerda los hechos de la protesta de forma diferente. Él cuenta que ingresó a trabajar en la azucarera Tumán en el año 2010 y le asignaron la labor de seguridad. “Habíamos viajado (a Lima) un grupo seleccionado por la persona de Gregorio Leguía para reclamar a favor de Oviedo sobre la ley de protección patrimonial”, se puede leer en sus declaraciones.
El colaborador explica que Gregorio Leguía era quien recibía el dinero para pagar a todos los que viajaron a Lima. “(...) un pago de 150 soles diarios para cada persona, aparte de su día de labor normal que les correspondía en la empresa Tumán. En total, éramos un promedio de 600 personas aproximadamente que nos mantuvimos en el parque Dos de Mayo hasta que se dé la ley”, sostuvo.
El colaborador eficaz también reveló, en su declaración del 8 de julio del 2015, que dos congresistas habían recibido pagos para apoyar la aprobación de la ley que beneficiaba a Oviedo.
Según él, en julio del 2011, Pablo Arce, quien se reportaba directamente con Oviedo y le daba cuenta de todo lo que pasaba, llamó a Gregorio Leguía, que era quien pagaba a todos. Este último habría sido el encargado de ir al Hotel Sheraton de Lima alrededor de las 9 de la mañana, en julio del 2011, y entregar 70 mil soles en efectivo en una mochila negra al congresista Javier Velásquez Quesquén.
Según el colaborador, en noviembre de ese mismo año Leguía entregaría más dinero, pero esta vez a la congresista Marisol Espinoza.
“Leguía viajó en una camioneta y llegó a las 11:30 de la mañana a la Plaza de Armas de Piura, donde fue recogido en un Tico por Jorge Luis Espinoza Cruz, hermano de la parlamentaria Marisol Espinoza. Después de dar tres vueltas por el lugar, aparecería una camioneta de color gris oscuro. Allí estaría la congresista y le entregarían el maletín con dinero”, sostuvo en su manifestación.
Consultado sobre la investigación, el congresista Velásquez Quesquén indicó a Correo que no tiene ninguna relación con Edwin Oviedo. Además, se mostró dispuesto a someterse a las investigaciones. “Cuando el fiscal de la Nación me cite, acudiré”, manifestó.
Espinoza no contestó a Correo, pero en un programa de televisión sostuvo que todo es una falsa imputación, porque lo único que hizo fue defender una ley y a los trabajadores. “Yo voy a demostrar mi inocencia, porque hacer una ley no es delito en este país”, indicó.
