El Congreso de la República, que ha inflado su planilla con innumerables parásitos, no deja de hacer noticia por sus sucios escándalos. Esta vez tenemos nada menos que una denuncia de violación que habría sido perpetrada por el congresista Freddy Díaz del partido Alianza para el Progreso.
El sujeto dice que se allanará a las investigaciones, mientras que Alianza para el Progreso lo expulsó de sus filas, pero eso no exime a esta agrupación de su responsabilidad en reclutar gente que terminará en este tipo de hechos.
Como si fuese poco, se conoció una nueva denuncia de presunta violación que habría sido perpetrada por Rafael Eduardo Franco Moreno, asesor de la parlamentaria Katy Ugarte Mamani (Bancada Magisterial).
El tener en el Congreso desde impresentables, parásitos hasta delincuentes es consecuencia de la negativa de sucesivos parlamentos para aumentar los filtros a los postulantes a este poder del Estado, pues como si fuese gran cosa se aprobó que quienes tengan sentencia por delitos graves no puedan postular.
Sin embargo, se permite que postulen los denunciados sin sentencia. Estamos de acuerdo en que puede haber denuncias infundadas o difamación, pero por lo menos debería prohibirse aceptar a quienes tengan procesos donde la Fiscalía ya haya elaborado una acusación y pedido de condena, pues el Poder Judicial tarda muchas veces años en sentenciar, lo cual favorece al hampa que quiere ser parte del poder.
Regresando al caso, aunque el proceso debe continuar, todas los indicios apuntan a la culpabilidad de Díaz, quien hasta ahora no ha sido separado de sus funciones por sus colegas parlamentarios ni ha renunciado a las comisiones que integra, incluyendo una que no sól integra, sino que preside, y que es la que se encarga de seleccionar al Defensor del Pueblo.
Otro hecho que deja interrogantes es que el presunto agresor y la víctima estaban bebiendo licor de madrugada. ¿Por qué el Congreso permite el consumo de bebidas alcohólicas dentro de sus sedes? Ello no está permitido en las dependencias estatales, donde sólo en algunas ceremonias especiales se realiza un brindis.
La ciudadanía está cansada de sujetos ávidos de satisfacer sus apetencias primitivas o delictivas enquistados no sólo en el Ejecutivo, sino en el Congreso.
No se deberíamos caer en la idea precipitada de convocar a nuevas elecciones generales, presidenciales y congresales que algunos promueven, sería más de lo mismo. Antes se debe aumentar la valla que permita reducir el riesgo de ver al Estado infestado de estos sujetos, las prohibiciones para ser trabajador del Estado, desde Presidente, congresista, hasta funcionario y no funcionario deben ser revisadas.
En ese sentido, debería prohibirse que trabajen en el Estado personas con sentencia o pedido de condena de Fiscalía por todo tipo de delitos no sólo dolosos, sino culposos. En las actuales condiciones, por ejemplo alguien que condujo un vehículo en estado de ebriedad y que causó una muerte no tiene impedimento, como tampoco un ingeniero cuyo mal trabajo haya causado un derrumbe, etc. Además, los postulantes a cargos de funcionario, de confianza o no, deberían tener experiencia probada y buenas referencias de un empleo en el sector público o privado por un mínimo de años.
