Por Rocío Ferrel
Ante la protesta social por la renuncia de Dina Boluarte y nuevas elecciones en 2023, algunos piden también asamblea constituyente, mientras que las bancadas de izquierda en el Congreso exigen asamblea constituyente junto con el adelanto de nuevas elecciones. ¿Qué es lo que conviene al Perú?
La actual Constitución Política del Perú contiene una serie de puntos que deben ser cambiados o mejorados, pero si hablamos de asamblea constituyente, lo más probable es que ocurra como en Chile, donde la gente la exigió en las calles durante largas jornadas de protesta y represión violatoria de los derechos humanos. Al final, lograron que se redacte un texto, pero al momento del referendo no fue aprobado, lo cual era de esperarse.
Una Constitución contiene demasiados aspectos para que un solo texto contente a todos, de modo que ir por una asamblea constituyente, como exigen izquierdistas, o reforma total de la Constitución, como quieren los fujimoristas para que quede en el recuerdo la fecha de la Constitución de 1993, organizada por el entonces dictador. Ambas posiciones son un engaña-muchachos.
| Como ejemplo tenemos que antes el Estado, a través de Cooperación Popular y el Ejército, construía carreteras, habiendo realizado un excelente trabajo hasta el segundo gobierno del expresidente Fernando Belaunde, lo cual era un ahorro, además de ser buen entrenamiento para el Ejército en casos de desastre o guerra. Llegó el ladrón Fujimori y su Constitución y comenzó la penetración de ladrones como Odebrecht, que saquearon al país con carreteras como la Interoceánica. |
Tanto izquierdistas como derechistas, en su mayoría, buscarán lucirse en debates interminables más buscando figuración que un mejor futuro para el Perú. Al final, se habrá gastado sumas importantes de dinero pagando asesores, consultores y otro tipo de personal para que se dedique a esta materia el Congreso, para que al final el texto que redacten sea rechazado por los votantes en referendo.
Por ejemplo, habrá gente que querrá cambios en el modelo económico, pero votará en contra si incluyen el llamado “matrimonio” entre homosexuales. Y así un muchas materias, el texto no contentará a todos. Además, hay que tener en cuenta que los sondeos del año 2022 indicaban que menos de un tercio de los peruanos quería nueva Constitución.
Referendo por títulos
El mejor planteamiento sería reforma constitucional por títulos, uno tras otro con fecha máxima de redacción del texto, con votación en referendo, comenzando por el título económico que es el más importante, no porque esté por encima de los derechos de las personas, sino que es el que mayor problemas plantea para el desarrollo del Perú.
Se debería redactar al menos dos textos de propuesta de modificación, no sólo uno, de modo que en la urna el ciudadano maneje opciones y vote después de un tiempo prudencial en el cual se informe en el debate público.
El título “TÍTULO I.-DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD” es bastante aceptable y comprende los aspectos más importantes sobre los derechos de las personas. No obstante, pese a ello en parte eso es letra muerta, sobre todo en lugares lejanos, pues el centralismo y el posterior regionalismo convertido en bandas luchando por gobiernos regionales y alcaldías determina que buena parte de los recursos vayan a parar a la corrupción y no al desarrollo del bienestar ciudadano. La Constitución no basta para proteger los derechos de las personas, sino la lucha contra la corrupción.
El “TÍTULO III.-DEL REGIMEN ECONOMICO” es el que urge modificar. Ya los economistas y otros expertos se explayarán en las razones que sustenten los cambios, pero entre los más importantes figura el Artículo 60 “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”, lo cual ata de manos al Estado para poseer empresas, como las tienen muchos países de primer mundo e incluso nuestros vecinos: tienen empresas de hidrocarburos, energía, constructoras, líneas aéreas. etc.
A las empresas ladronas no les conviene que el Estado pueda ser empresario, como lo hacen países de primer mundo.
El manido argumento de los lobbistas para impedir que el Estado posea empresas es que la en el Estado hay corrupción y todo marcha mal. Pero la realidad muestra que en las empresas privadas se han presentado los grandes escándalos: Odebrecht, Club de la Construcción, LAP, Lan Chile-Latam, Telefónica, etc. Varios de estos hechos implican perjuicio al Estado por miles de millones de dólares.
Como ejemplo tenemos que antes el Estado, a través de Cooperación Popular y el Ejército, construía carreteras, habiendo realizado un excelente trabajo hasta el segundo gobierno del expresidente Fernando Belaunde, lo cual era un ahorro, además de ser buen entrenamiento para el Ejército en casos de desastre o guerra. Llegó el ladrón Fujimori y su Constitución y comenzó la penetración de ladrones como Odebrecht, que saquearon al país con carreteras como la Interoceánica.
En México tenemos el ejemplo de Manuel López Obrador, que ha potenciado al Ejército y construye carreteras, puentes, aeropuertos, etc.
El “TÍTULO II DEL ESTADO Y LA LA NACION” requiere modificación en:
Artículo 56.- Aprobación de tratados
Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias:
1. Derechos Humanos.
2. Soberanía, dominio o integridad del Estado.
3. Defensa Nacional.
4. Obligaciones financieras del Estado.
También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución.
Este artículo podría manejarse junto con el TÍTULO III, pues debe ser prioritario. Los presidentes no deben tener tanto poder como para firmar tratados en general, las materias citadas para aprobación del Congreso son insuficientes, teniendo en cuenta la tendencia de avasallar a la ciudadanía que se observa en regiones como Europa, donde por tratados internacionales los países adquieren obligaciones aplicables a la educación, que implican:
- el deterioro de su identidad nacional y religiosa forjada históricamente
- la promoción de la homosexualidad y otros
- la obligación de recibir extranjeros, prácticamente como imposición, sin que el país pueda decidir a quién recibe y a quién no.
La materia Educación debe ser incluida, así como la de Migración (que podría entenderse dentro de los derechos humanos, pero se requiere mayor precisión).
Otra materia que debe incluirse es la de salud, pues es creciente la influencia de mafias de transnacionales sobre estados como los de Estados Unidos y Europa, con la finalidad de enriquecerse antes que brindar salud. Además, materias como Ambiente y Recursos Naturales, por la corrupción que acecha en estos campos.
Finalmente, debe incluirse a los tratados que sustraigan a al Estado de la competencia del Poder Judicial para entregar el poder de administración de justicia en caso de controversias a instancias internacionales. Por ejemplo, algunos TLC consideran superior a la empresa que a la vida de la persona, y si un medicamento daña a una persona, por razones de secreto, un juez peruano no podrá solicitar a una empresa extranjera el contenido de un fármaco.
