Carece de opinión de las municipalidades. En otros países este servicio ha incrementado los índices de delincuencia.
La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó yer por unanimidad el dictamen que propone, con texto sustitutorio, la ley que regula la actividad de arrendamiento turístico y crea el Registro Digital del Arrendamiento Turístico (REDAT) para servicio de hospedaje en casas o departamentos de uso turístico.
Los proyectos de ley acumulados fueron presentados por los congresistas Guido Bellido Ugarte (Podemos Perú), Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular), y por Idelso García Correa, respectivamente y busca ordenar esos servicios según la Ley 29408, Ley General de Turismo, su reglamento (Decreto Supremo N.° 007-2007-MINCETUR), normas de seguridad, salubridad y todas aquellas de carácter general, aprobadas por la autoridad competente, que regulen el servicio de hospedaje.
Problema municipal
Para el dictamen se solicitó pero no se recabó la opinión de Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), que es elemental, pues administran la zonificación en sus distritos y asignan posibilidades de uso. Para el hospedaje no en todas las zonas se puede obtener licencia, que está restringida en zonas residenciales donde las actividades comerciales no están permitidas a través de ordenanzas, que son burladas por quienes ofrecen hospedaje a través de plataformas como Airbnb.
Seguridad y tranquilidad
La gente que ha comprado o ha alquilado viviendas en zonas residenciales ha pagado un mayor precio para gozar de tranquilidad, pues las viviendas en zonas comerciales no son atractivas para fines de vivienda por el bullicio. Una vivienda residencial tiene mayor precio que una en zona comercial. En cambio, las zonas comerciales tienen más valor cuando los inmuebles son usados con fines comerciales.
Con la moda de plataformas se puede burlar las normas municipales degradando la calidad de vida en zonas residenciales, pues en casas y edificios se tiene el ir y venir de turistas extranjeros y nacionales, lo cual no sólo aumenta el ruido, sino que es un factor de inseguridad.
En una zona residencial la gente habita por meses y años, de modo que conocen a sus vecinos, ya sea de vista o en ciertos casos con relación de amistad, es decir, no ver constantemente extraños es un valor que aporta seguridad a la zona, lo cual se quiebra cuando hay viviendas ofreciendo hospedaje.
Delincuencia
El Perú ya está demasiado agobiado por la delincuencia, principalmente venezolana y colombiana donde éstos alquilan vivienda. Mucho peor será con la facilidad de Airbnb, que puede convocar a alimañas de más países además de las nacionales.
Informes de otros países donde las plataformas como Airbnb tienen más años operando, señalan que en las zonas donde se presta hospedaje en viviendas creció el índice de criminalidad.
Un estudio realizado por la Universidad de Cambridge y la Universidad de Pensilvania sugiere que un aumento del 10 % en los alquileres activos de Airbnb en la ciudad correspondería a 1000 robos adicionales por año en toda Londres. Descartando otros factores, la variable fue la misma, el crimen aumentó con alquieres Airbnb.
Otro estudio de la Universidad de Boston también concluye que la delincuencia aumentó donde crecieron los alquileres Airbnb, apuntando a que una de las causas sería que esta modalidad de corto plazo erosiona la capacidad de los residentes de organizarse contra el crimen.
Antes de Airbnb en el Perú ya se daban casos en que los alquileres por uno o varios días propiciaron no sólo fiestas ruidosas que molestan a la vecindad, también facilitaron delitos como violaciones. y no sólo alquilando a través de Airbnb, sino a través de anuncios normales en portales de alquiler de inmuebles.
Fiscalización de las municipalidades es indispensable y no participaron en el proyecto
Es crucial que las municipalidades tengan control sobre estos lugares de alquiler que ofrecen las plataformas, pero en un acto aberrante este proyecto establece que quienes deseen registrar su vivienda como hospedaje y la inscriban ante una municipalidad, la sola presentación implica aceptación. Eso no puede ser.
Además del Mincetur, la municipalidad debe no sólo realizar la verificación de las condiciones de seguridad del lugar, incluyendo la inspección de Defensa Civil a su cargo, sino que debe otorgar una licencia y denegarla cuando no se cumplan los requisitos o cuando la solicitud sea para una zona residencial donde la actividad de hospedaje no está autorizada.
Es sabido que las vecindades defienden sus intereses ante las municipalidades y pueden presionar para que tal o cual actividad no se realice en su zona, es su derecho, el cual está siendo pisoteado por ese proyecto. Es decir, no sólo por zonificación, debería haber denegación sino por oposición de la vecindad, lo cual encaja con el estudio de la Universidad de Boston, pues con Airbnb el alquiler semiclandestino de viviendas que no exhiben letreros y sólo anuncian por internet erosiona la capacidad vecinal de organizarse contra la delincuencia.
En Lima ya hay malestar en ciertas vecindades, que antes eran tranquilas, en especial en condominios, donde hay caras conocidas, pero de pronto crece el número de desconocidos debido a estos alquileres Airbnb, lo cual es motivo de preocupación.
Omisión
Lo que no dice el proyecto y debe ser incluido es que obligatoriamente estas viviendas que se ofrecen en las plataformas tipo Airbnb obtengan licencia municipal y que exhiban este registro en su aviso (de lo contrario Airbnb sería sancionada con multa), de modo que las municipalidades puedan localizar a los infractores que carezcan de dicha licencia o que muestren registros de licencias falsas, porque como se puede buscar por distrito, la fiscalización municipal estaría facilitada.
Así pues, este proyecto que alega no contravenir el ordenamiento jurídico, sí lo hace al ignorar las ordenanzas municipales de zonificación y contraviene además la voluntad vecinal.
