P
osición del Instituto de Defensa Legal sobre lo que viene sucediendo en Espinar, en base a los hechos reportados por la Vicaria de Solidaridad de Sicuani en su último pronunciamiento.
Informe de la Vicaría de Sicuani sobre los sucesos del 28 de mayo.
El día 28 de mayo, como es de conocimiento la conflictividad social se acrecentó en la provincia de Espinar. Un equipo de la Vicaria de Solidaridad de Sicuani, integrado por Maritza Quispe Mamani (abogada), Wilmer Quiroz Calli (abogado), Jaime César Borda Pari (coordinador del área cuidado de los bienes de la creación) y Romualdo Tito Pinto (chofer), se encontraban en la provincia de Espinar, invocando a la población que el Fiscal sea liberado... Finalmente la población los dejó libre.
A la vez la Vicaría exigía se garanticen la vida de campesinos detenidos y posibles maltratos en el interior del Campamento minero Tintaya Marquiri y Antapacay adonde habían sido trasladados.
El fiscal, Dr. Héctor Herrera, solicitó el apoyo de la Vicaria pidiendo desplazarse a dichos lugares en la camioneta de la Vicaria de Sicuani. Para ello y a pedido de la población se sumó en la comitiva de la Vicaría el dirigente Sergio Huaman (Vicepdte. del Frente Único de los Intereses de Espinar (FUDIE)).
Haciéndonos presentes en Tintaya Marquiri, en este lugar el capitán de nombre Palomino dijo que sólo podían ingresar a la Empresa Minera el Fiscal y los abogados. Afuera, quedaron Jaime Borda Pari, Romualdo Tito Pinto y Sergio Huamaní, en el interior de la camioneta.
Mientras se registraban los nombres de los detenidos en el interior de Tintaya Marquiri, uno de los abogados (Wilmer Quiroz) de la Vicaria de Sicuani, recibió una llamada señalando que habían tres detenidos más, en el interior de Tintaya Marquiri, en ese momento se decidió acudir a dicho llamado, con la sorpresa de que se trataba de Sergio Huamaní, Jaime Borda Pari y Romualdo Ttito Pinto.
El abogado Wilmer Quiroz encontró a Sergio Huamaní sentado en una silla, con la casaca ensangrentada y con el pelo desordenado. Huamaní mostró al abogado de la Vicaria un mechón de su cabello que le había sido arrancado. En las afueras del campamento Tintaya Marquiri se encontraban varios efectivos de la DINOES.
De las declaraciones brindadas por Jaime Borda Pari y Romualdo Tito, se supo que mientras ellos aguardaban en las afueras del campamento se aproximó un grupo de la policía (DINOES) que les apuntaron con sus armas y los obligaron a bajar de la camioneta.
Este hecho se produjo aprox. a las 9:31 pm. Los tres detenidos fueron llevados e ingresaron al campamento minero Tintaya Marquiri. Durante la detención, Sergio Huamaní fue golpeado. También se les obligó a entregar las llaves del carro.
Posteriormente se nos comunicó la designación de un nuevo Fiscal, relevando al Fiscal Herrera.
Con la firma de este nuevo Fiscal, cuyo nombre no conocemos en el momento, la Policía levantó un acta haciendo constar que en el interior del vehículo de la Vicaria de Solidaridad se encontró 10 proyectiles de armas de fuego, ubicados debajo del asiento posterior del carro.
Jaime Borda y Romualdo Tito no han suscrito dichas actas, debido a que ellos sostienen que al habérseles solicitado la entrega de las llaves del carro, dicha unidad vehicular ha estado expuesta a libre disposición y manejo de la policía.
(Se trata de una versión que ha sido editada en algunas partes para resumirla.)
POSICIÓN DEL IDL
1. Lamentamos la pérdida de dos vidas humanas (dos comuneros) y la existencia de cerca de 100 heridos --entre pobladores y miembros de la Policía Nacional-- producto de los enfrentamientos durante los últimos días.
2. Solicitamos una investigación acerca de las circunstancias en que se produjeron estas dos muertes, una de ellas por disparo de bala. La Policía debió utilizar balas de goma para disuadir a los manifestantes y no armas de fuego.
3. De igual manera, deploramos los actos de violencia y vandalismo cometidos por grupos de manifestantes, como es el secuestro del Fiscal Provincial y la quema de su vehículo, de propiedad del Ministerio Público, entre otros. Hechos que también deben ser materia de investigación y acción penal, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico.
4. Denunciamos la detención por la Policía Nacional de dos integrantes de la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani: Jaime César Borda Pari (periodista, coordinador del Área Cuidado de los Bienes de la Creación) y Romualdo Tito Pinto (chofer), así como de Sergio Huamaní (Vicepdte. del Frente Único de los Intereses de Espinar (FUDIE)).
5. La policía sostiene que en el carro en el que se desplazaron los tres detenidos --además del Fiscal Héctor Herrera y dos abogados de la Vicaria-- los campamentos mineros Tintaya Marquiri y Antapacay, donde estaban varios comuneros privados de su libertad, se habrían encontrado proyectiles de arma.
6. Los detenidos y los abogados de la Vicaría sostienen que es falso, y que se trata más bien de una "siembra de pruebas", ya que el carro estuvo en manos de la policía, una vez que fueron obligados a entregar las llaves.
7. Una denuncia gravísima que debe ser esclarecida aun si los detenidos son liberados, ya que constituye una práctica propia de las dictaduras. Durante los años de Fujimori se generalizó y fue la causa de que muchos inocentes fueran condenados y encarcelados.
8. La Vicaría siempre ha promovido canales de diálogo y de entendimiento entre las partes en conflicto. En esa línea,han emitido recientemente diversos pronunciamientos y declaraciones. Todo el mundo reconoce, además, que fue gracias a ella que se aceptó liberar al fiscal que algunos grupos de la población mantenían retenido.
9. También sería gravísimo si, efectivamente, una vez detenido el dirigente social Sergio Huamaní, hubiera sido fue golpeado por miembros de la policía. Otro hecho que nos recordaría los años de Fujimori.
10. Protestamos también porque los comuneros detenidos hayan sido llevados a los campamentos de las empresas que son parte del conflicto. Ello es absolutamente inconstitucional, ya que los únicos centros de reclusión permitidos son los que forman parte del Sistema Penitenciario, además de las comisarías inicialmente.
11. Recordemos que las reclamaciones por la contaminación ambiental que los pobladores de la provincia de Espinar vienen denunciando desde hace mucho tiempo no son injustificadas, ya que ellas se sustentan en un informe elaborado por el Ministerio de Salud en el año 2010, el cual, luego de analizar muestras recogidas en los ríos, de la evaluación de la salud de 506 personas y del análisis de animales de la zona, ha encontrado niveles de toxicidad en personas humanas y animales, así como concentraciones de arsénico y mercurio en agua de consumo humano que superaron los valores máximos establecidos por el DS 002-2008-MINAM y DS 031-2010-SA.
(Ver el informe en informe http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc12042012-44155.pdf).
12. Si realmente se quiere solucionar este problema, debe hacerse un esfuerzo por comprender las causas de esta protesta, la cual no es otra cosa que la existencia de pasivos ambientales en la localidad ocasionados presuntamente por la actividad minera Xstrata Tintaya. Por eso proponemos a las partes en conflicto, la contratación de expertos independientes y técnicamente capaces, para que investiguen y elaboren un informe sobre la responsabilidad de la empresa Xstrata Tintaya en la contaminación denunciada por los manifestantes de Espinar. Solo de esta manera se podrá llegar a la verdad de los hechos y adoptarse las medidas eficaces para solucionar este conflicto.
13. Invocamos al Poder Judicial a que tramite con la celeridad que corresponde, de conformidad con el artículo 13 del Código Procesal Constitucional, la demanda de amparo presentada por los pobladores del Frente de Defensa de la provincia de Espinar, contra Minera Xstrata Tintaya S. A., por afectación del derecho a vivir en un medio ambiente adecuado, ante la contaminación de sus personas, de sus ríos y de sus animales, según informe del Ministerio de Salud. (Ver demanda http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc12042012-092546.pdf).
14. Expresamos que estamos en contra del pedido que hace un sector de los manifestantes de cerrar la mina, y de una participación del 30% de los beneficios obtenidos por la empresa Xstrata Tintaya. Si bien el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT, además de nuestro TC, ha reconocido el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, resulta excesivo plantear ese porcentaje.
15. Lamentamos que nuevamente el Gobierno haya considerado que la única manera de solucionar este tipo de conflicto sea a través de la declaratoria de estado de emergencia de la provincia, y, en este caso, además, con toque de queda, con una enorme presencia policial y militar (2000 policías y 200 militares, esperándose la llegada de más). Sobre todo porque este conflicto se ha desarrollado durante mucho tiempo de manera pacífica. El gobierno y la empresa fueron incomprensiblemente indiferentes, pese a las advertencias y a los esfuerzos que hicieron algunos dirigentes por establecer un contacto directo.
Por ejemplo, el presidente de la Comunidad Campesina Tintaya Marquiri (Espinar, Cusco), Vicente Gonzales, junto con otros dirigentes comuneros estuvo en Lima entre el lunes 23 y el viernes 27 de abril del 2012. La comitiva pidió al Ministro de Energía y Minas una reunión con el mismo Ministro de la cartera ministerial, así como ayuda para que estos representantes de Espinar puedan reunirse con los representantes de la empresa minera Xstrata Tintaya en Lima. Pese a la urgencia del pedido de audiencia, ésta no fue concedida (adjuntamos documentos).
16. El Estado de Emergencia es una medida que puede controlar la situación por un tiempo, pero es imposible mantenerla permanentemente, y a la larga lo único que provoca es un mayor descontento y rechazo al proyecto minero y al Estado.
17. Manifestamos también nuestra preocupación por el personal policial, dado que ha sido enviado con armas que no corresponden a la disuasión de un conflicto social, por lo que nuevamente son expuestos a riesgos innecesarios. Recordemos que, por el contrario, varios viceministros en días pasados no acudieron a la zona, lo cual agudizó el conflicto.
18. En todo caso hay que tomar en cuenta que el Estado de Emergencia no significa la derogación del Estado de derecho y de los derechos fundamentales, así como la suspensión del control jurisdiccional del ejercicio de estas facultades.
19. Resulta sospechoso y cuestionable desde el punto de vista jurídico que súbitamente se haya cambiado de fiscal, debido a una falta de disposición a respetar la autonomía que debe tener cada fiscal en su actuación.
20. Consideramos que si el Gobierno y la empresa no hacen un esfuerzo por solucionar el conflicto en Espinar, en base al diálogo, atendiendo las demandas de la población que tengan sustento legal o constituyan puntos razonables, lo único que producirán es más violencia, y deslegitimarán ante la población a los sectores de dirigentes más dialogantes. Y quienes se beneficiarán será el sector de los extremadamente radicales, a quienes también rechazamos. Ellos comenzaron siendo una minoría pero pueden terminar liderando la protesta. De ahí la importancia que todas las partes decidan poner fin a todo acto de violencia o abuso de poder y pasen a buscar realmente y de buena fe una salida dialogada.
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