La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó, el dictamen que propone modificar el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, Resolución Ministerial 010-93-JUS y la Ley 26662, Ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos.
Los votos a favor fueron 15 favor (4 de ellos con reservas), 1 voto en contra y 4 abstenciones.
El dictamen aprobado por el equipo que preside Milagros Rivas Chacara (PL) se sustenta en los Proyectos de Ley 2673/2021 y 3070/2022, presentados por los congresistas Segundo Montalvo Cubas (PL) y Edgard Reymundo Mercado (CD-JP), respectivamente.
De acuerdo con Rivas Chacara, “con la aprobación del presente dictamen se busca optimizar, simplificar y hacer más célere el trámite judicial y notarial de la sucesión intestada”.
Con ello, dijo, se promueve “la transparencia, la eficiencia y el fortalecimiento de las funciones del notario, que podrá verificar si la oposición formulada reúne los requisitos establecidos en el artículo 834 del Código Procesal Civil”.
Durante el debate, congresistas como José Balcázar Zelada (PB), Gladys Echaíz de Núñez Izaga (RP) y Patricia Juárez Gallegos (FP), plantearon algunas discrepancias, mostraron alguna preocupación e hicieron algunas precisiones, de allí que sus votos a favor se emitieran con reservas.
José Balcázar por ejemplo, señaló que al notario “no le debemos dar esas facultades, porque los jueces son los únicos que aplican la ley”; Gladys Echaíz arguyó una contradicción constitucional; y Patricia Juárez mostró la preocupación de que el notario se constituya en juez al realizar la valoración de pruebas.
