Las mujeres con discapacidad son igual o más vulnerables que las demás a la violencia. Especialistas señalan que los agresores utilizan esa condición para agredirlas. Las barreras que dichas mujeres encuentran al buscar justicia, hacen que finalmente no puedan acceder a ella. Esto se suma a la discriminación que viven en las instituciones encargadas de protegerlas.
Carla (la llamaremos así para proteger su privacidad) atravesó uno de los peores momentos cuando vivió lo que muchas peruanas padecen a diario: sufrió una violación sexual. Ella denunció el hecho, pero lamentablemente no obtuvo la justicia que esperaba y merecía. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Carla es invidente, divorciada y tenía 40 años cuando el terrible hecho sucedió. En Perú, más de un millón y medio de personas tienen discapacidad, según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (Enedis). 820 mil 731 son mujeres que, muchas veces, se sienten vulnerables y desprotegidas por el Estado.
Liliana Peñaherrera, directora de Sociedad y Discapacidad (Sodis), señala que a las mujeres con discapacidad visual se les dice cosas como: “Si tú no ves, ¿cómo puedes saber que la persona que acusas es tu agresor?”. Asimismo, comenta que las mujeres con discapacidad intelectual, no siempre tienen las habilidades de comunicación para poder expresar la situación, a eso se suma que el personal encargado no les crea cuando presentan una denuncia.
Esa realidad es la misma que muchas mujeres peruanas enfrentan, una justicia que no solo tarda, sino que nunca llega. Por eso, en el contexto de #NiUnaMenos, es importante visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres con discapacidad frente a la violencia de género. Las instituciones del sistema de justicia no están capacitadas para atender a las mujeres con discapacidad. No hay intérpretes de señas, tampoco personal capacitado para atender a personas con discapacidad psicosocial o intelectual.
No solo se comete violencia sexual
La violencia hacia las mujeres con discapacidad no se limita a casos de agresiones sexuales, pues son discriminadas, maltratadas verbalmente e invisibilizadas. Esperanza Villafuerte, consultora en temas de discapacidad, recuerda cuando a sus siete años estudió en un colegio para invidentes, allí conoció a Dorilla, una joven que tenía entre 18 a 21 años. “Recuerdo que ella dejó de ir al colegio”, narra Esperanza y añade que luego supo que su amiga había fallecido porque en su casa ocurrió una fuga de gas. El accidente terminó con la vida de Dorilla, pues sus familiares solían encerrarla en su habitación porque sufría de los nervios. Nadie se acordó de ella al momento de la tragedia.
“Fue terrible, me impactó que se hayan podido olvidar de ella. Fue una tremenda negligencia y eso también es una forma de violencia”, lamenta Villafuerte. La especialista sostiene que, pese a que ese hecho sucedió durante los años 70, en la actualidad muchas agresiones contra mujeres con discapacidad e incluso las que terminan en muertes, se atribuyen a la discapacidad y se maquillan como accidentes, pese a que varios han sido homicidios.
En Perú, 506 mil 358 personas presentan alguna limitación de las funciones mentales, el 53,2% son mujeres, algunas de ellas son internas de hospitales psiquiátricos donde, además de denuncias por agresión sexual, se ven casos de esterilizaciones forzadas que las privan de su derecho a ser madres. “Creo que, como en todos los casos de acuerdo a lo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debieran haber apoyos, no sustituir a las mujeres con discapacidad en la toma de decisiones, pero sí acompañarlas en ese proceso. La discapacidad no debe ser una condición para quitar derechos”, menciona Peñaherrera.
“Todavía vivimos en una sociedad muy tradicional, hay familias que tienen temor a que la persona con discapacidad se embarace y, en lugar de pensar en la anticoncepción como una opción, prefieren el irrespeto decidiendo unilateralmente por la esterilización”, dice Madezha Cepeda, fundadora de la Asociación de Mujeres con Discapacidad “Musas Inspiradoras de Cambios”.
Por otro lado, muchos niños son arrebatados de sus madres y llevados a orfanatos, generalmente cuando la madre tiene discapacidad intelectual o psicosocial. También se suele discriminar a las mujeres con discapacidad física o visual cuando quedan embarazadas. Quien pasó por esa experiencia fue Madezha pues es invidente, ella sostiene que una psiquiatra le increpó a su esposo el “por qué se había metido con una mujer ciega que no iba a poder cuidar de sus hijos”.
Recomendaciones
Es importante “generar conciencia dentro del movimiento de mujeres para visibilizar a las mujeres con discapacidad y a los sucesos que a nivel de violencia podemos experimentar. También es necesario que el Estado, respondiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley de la Persona con Discapacidad, lleve a cabo campañas permanentes en la sociedad y con el mismo personal del Estado”, comenta Madezha Cepeda.
Peñaherrera recomienda fortalecer la educación para que las mujeres aprendan a levantar la voz, a identificar las agresiones y a no justificar el abuso; mientras que Villafuerte enfatiza que “ningún programa unilateral da soluciones, es un tema sistémico” y agrega que debe haber una mención específica a la discapacidad en las leyes.
Existe una ausencia de datos que reflejen la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Desde las organizaciones ligadas al tema, se resalta la importancia de incluir específicamente a la discapacidad como indicador para visibilizar estos casos, así como aprobar un protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad.
