PNP ratifica que ONGs no deben reemplazar al estado
Pero denuncia que Gobierno y afines aprovechan la coyuntura para censurar a defensores de DD.HH.
El Partido Nacionalista Peruano ratifica que la tarea de los Organismos No Gubernamentales (ONGs) defensores de los Derechos Humanos es importante y lo ha sido en las épocas más difíciles en el Perú; pero insiste igualmente que a estas entidades no les corresponde asumir funciones representativas propias de la Cancillería o de otras instancias del Estado peruano.
En ese sentido, considera que la labor de las ONGs debe circunscribirse a sus tareas de cooperación y ayuda social, medioambiental, a favor de la igualdad de género y en defensa de los legítimos Derechos Humanos, sin asumir posiciones sesgadas, ni partidarias; ya que son organismos civiles que, al no ser elegidos por el pueblo, no pueden tener responsabilidad penal, social o política, propias de la administración del Estado.
Sin embargo, el Partido Nacionalista rechaza que el Gobierno y los sectores afines, como el fujimorista, intenten censurar y clausurar a los Organismos Defensores de Derechos Humanos cuando éstos han denunciado violaciones que apuntan a la culpabilidad directa de Alan García, en el caso de Cayara y el Frontón, y de Alberto Fujimori por La Cantuta y Barrios Altos.
Esto se enmarca además en el oscurantismo político en el que el Gobierno trata de sumergir al país, acusando de terroristas a los dirigentes comuneros en Majaz por haber organizado una consulta popular en Piura, arrestando desde hace dos meses y sin cargos, a jóvenes que participaron en actividades políticas en Ecuador, o en otros casos reprimiendo a balazos a los agricultores, campesinos, mineros etc.
El trabajo de las ONGs cobró fuerza en el interior del país por la débil representatividad del Estado y por la corrupción pública, que obligó a las instituciones internacionales a brindar cooperación económica a través de estos organismos, que brindan balances y detalle de su labor.
Sin embargo, el Partido Nacionalista rechaza que el Gobierno y los sectores afines, como el fujimorista, intenten censurar y clausurar a los Organismos Defensores de Derechos Humanos cuando éstos han denunciado violaciones que apuntan a la culpabilidad directa de Alan García, en el caso de Cayara y el Frontón, y de Alberto Fujimori por La Cantuta y Barrios Altos.
Esto se enmarca además en el oscurantismo político en el que el Gobierno trata de sumergir al país, acusando de terroristas a los dirigentes comuneros en Majaz por haber organizado una consulta popular en Piura, arrestando desde hace dos meses y sin cargos, a jóvenes que participaron en actividades políticas en Ecuador, o en otros casos reprimiendo a balazos a los agricultores, campesinos, mineros etc.
El trabajo de las ONGs cobró fuerza en el interior del país por la débil representatividad del Estado y por la corrupción pública, que obligó a las instituciones internacionales a brindar cooperación económica a través de estos organismos, que brindan balances y detalle de su labor.
