Pronunciamiento de las Cámaras de Comercio asociadas a PERUCÁMARAS
Frente al enorme impacto económico, social y de imagen al Perú que viene ocasionando el conflicto originado por el bloqueo del corredor minero del sur a la altura de Yavi Yavi (Cusco) por los comuneros de Fuerabamba (Apurímac), que ya lleva más 50 días, y la poca capacidad de las autoridades a cargo de las negociaciones, PERUCÁMARAS y las cámaras de comercio de las regiones del país hacemos un llamado a todas las partes para que se logre una pronta solución a este conflicto.
Las cámaras de comercio regionales, especialmente las de Apurímac y Cusco, se ofrecen a ser parte del proceso de diálogo e invocan a las autoridades que apelen al uso de los mecanismos legales para reabrir, en este caso, el tránsito en Las Bambas y que se restablezca el principio de autoridad. No se puede negociar con chantaje de por medio.
Consideramos que el Estado debe garantizar la libre empresa, promover la conectividad y las condiciones óptimas para el sector minero, pero también debe salvaguardar los derechos de las comunidades, el respeto a sus culturas, así como el cumplimiento de los compromisos.
Por ello, pedimos al Gobierno hacer cumplir el Estado de Derecho, pero además llevar adelante políticas preventivas en favor del desarrollo no solo económico, sino también social.
La minería como actividad económica es una oportunidad para generar desarrollo sostenible en las regiones, pero el Estado debe crear las condiciones para que el impacto positivo de una actividad responsable con el medio ambiente y con las comunidades se refleje en la mejora de la calidad de vida de la población, invirtiendo los recursos que genera la minería en proyectos que cierren brechas de infraestructura, así como servicios básicos en favor de la población y, por otro lado, la empresa ser un motor del desarrollo productivo y económico regional.
En ese sentido, no se debe permitir que grupos con intereses particulares fomenten la violencia y quebranten la ley impunemente; a ellos todo el peso de la ley, respetando sus derechos y el debido proceso.
Lima, 29 de marzo de 2019
