Ministra Rosario Fernández: escándalo tras escándalo

El hecho ocurre después del escándalo de la fuga de cuatro presos por narcotráfico hace unos días, que emplearon falsos hábeas corpus para fugar, con lo que el INPE, que depende del ministerio de Justicia, revela que es una calamidad.

Hace unos años hubo un escándalo por la violación de una presa estadounidense en una cárcel limeña, a la cual habían dopado en la enfermería para abusar de ella.

Después de ese incidente cualquier ciudadano podría suponer que inmediatamente se tomaron las medidas correctivas para evitar que esto se repita, es decir, que no se permita que haya hombres en la vigilancia ni trabajos relacionados en las cárceles de mujeres. De igual manera, que las presas no sean puestas en contacto con vigilantes hombres en las cárceles que tienen áreas para internos de los dos sexos.

Obviamente, es normal que las presas se encuentran de algún modo afectadas por la privación de su libertad y estén en condiciones psicológicas desventajosas, lo que las hace vulnerables respecto de los vigilantes.

Con lo sucedido en el Cusco vemos que no hubo previsión, el INPE sigue siendo una institución dirigida por las personas menos indicadas y que la ministra Fernández, a cuyo cargo se encuentra el INPE, no es cuidadosa y diligente para examinar las condiciones de su sector y realizar una tarea de prevención. No, ella, que conocía muy bien lo que ocurría en todos los penales, espera el escándalo para después aparecer como bombera, cuando tuvo la oportunidad de apartar el combustible a tiempo.

Este mes el ex ministro del Interior Remigio Hernani, respondiendo a la pregunta de cómo lograron ubicar a los delincuentes que atacaron a la Fiscal de la Nación, indicó que obtuvieron la información recurriendo a los avezados delincuentes de la cárcel, que son informantes de la policía. Tenemos pues que el propio ministro desnudó el caos carcelario y la amenaza para la seguridad ciudadana, pero eso no parece importar a la ministra Fernández.

También es sabido que desde la cárcel se planifican los grandes secuestros y atracos, pero a la doctora Fernández, cuyo ministerio —a través del INPE— es responsable de lo que sucede en las cárceles, eso no le interesa, todo sigue igual.

No puede ni con su ministerio y se inmiscuye en...

En vez de ocuparse de la situación caótica de las cárceles, que afecta gravemente la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, la ministra se ocupa de asuntos de otros sectores. Teniendo una cartera con tantas debilidades, Fernández acaba de declarar que ya revisó el TLC con Chile y que no encuentra nada inconstitucional, cuando la demanda todavía no se ha presentado y, de presentarse, tendría que resolverla el Tribunal Constitucional, no el ministerio de Justicia.

La Constitución establece la división de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial), por tanto, tal vez la ministra haya reconocido que se avoca al caso rompiendo esta división de poderes, lo cual evidenciaría que el Apra manda en el Tribunal Constitucional, como se ha especulado después que han asumido el cargo magistrados proapristas, para asegurar que no osen emitir un fallo independiente.

No obstante no haber presentado todavía la demanda, los nacionalistas anunciaron que están evaluando acusar a la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, y al canciller José Antonio García Belaunde, no a la ministra de Justicia.

La preocupación de la ministra Rosario Fernández por la legalidad del TLC con Chile —evidenciada en su militante toma de posición y adelanto de opinión, además del importante tiempo que debe tomarle la revisión de este TLC, tiempo sustraído a la atención que ella debería dirigir a los graves problemas de su sector— prueba que Fernández quiere, en contra de los intereses peruanos, mostrar su sumisión a los intereses chilenos, para no desentonar con el unánime acento prochileno de todo el poder ejecutivo (Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros y ministros de Estado).

En segundo lugar, la preocupación de la ministra por una demanda que ni siquiera ha sido interpuesta demuestra que sí es capaz de realizar un trabajo preventivo (¿señalar a sus colegas del Tribunal Constitucional la pauta prochilena que “deben” seguir en este caso?), pero para algo que no incumbe a su ministerio, en contraste con su incapacidad de realizar un trabajo de prevención en la jurisdicción de su propio ministerio, como hemos visto más arriba.

Por eso el sistema carcelario está como está, con ministras como Rosario Fernández.