Los peruanos en la Patagonia
Por Gustavo Espinoza M. (*)
El pasado 19 de abril llegó a Lima el juez federal argentino Norberto Oyarbide, quien permaneció cinco días en nuestra tierra indagando acerca de lo ocurrido a partir del 25 de mayo de 1978, cuando un grupo de dirigentes políticos y líderes sociales peruanos llegó inopinadamente a la Argentina, deportado por el entonces mandatario peruano, el general Francisco Morales Bermúdez .
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Por Gustavo Espinoza M. (*)
El pasado 19 de abril llegó a Lima el juez federal argentino Norberto Oyarbide, quien permaneció cinco días en nuestra tierra indagando acerca de lo ocurrido a partir del 25 de mayo de 1978, cuando un grupo de dirigentes políticos y líderes sociales peruanos llegó inopinadamente a la Argentina, deportado por el entonces mandatario peruano, el general Francisco Morales Bermúdez .
Los que siguieron el proceso peruano de la época, recordarán seguramente que Morales Bermúdez, Ministro de Hacienda en el Gobierno de Fernando Belaunde, se puso al lado de los militares que se alzaron contra el régimen y fue luego ministro de Velasco Alvarado, contra quien se levantó en agosto de 1975, derrocándolo.
Ese curioso itinerario político le valió ser calificado, nada menos, que de "Felón", por el más destacado historiador peruano del siglo XX, don Jorge Basadre.
Para asegurar su gestión y garantizar, como quería, la devolución del poder a los partidos tradicionales puestos de lado en el escenario peruano por la experiencia antiimperialista del 68, Morales Bermúdez debió recurrir a medidas de fuerza.
Detuvo en distintas ocasiones a dirigentes del movimiento popular -me cupo el honrosa privilegio de estar tres veces en prisión en esa circunstancia-; despidió masivamente a 5,000 dirigentes sindicales de las empresas en las que laboraban, como represalia por el Paro de la CGTP de julio de 1977; participó en el secuestro de cuatro supuestos "montoneros" en las calles de Miraflores y entregó a la dictadura argentina a Juan Carlos Maguid y a otros; y deportó a un grupo de peruanos que arribaron en primera escala a Jujuy -en la frontera con Bolivia- pero luego fueron derivados a un centro clandestino de detención ubicado en la Patagonia.
No fueron esos los únicos delitos. También desapareció personas, institucionalizó la tortura, habilitó centros clandestinos de reclusión -como Playa Honda- y persiguió aviesamente a sus adversarios, civiles y militares.
En el contingente aludido estuvo un aguerrido abogado y parlamentario, Genaro Ledesma Izquieta, el dirigente de izquierda Javier Diez Canseco, el líder sindical de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Valentín Pacho Quispe, el periodista Juan Gargurevich, el destacado economista Carlos Malpica y otros; pero también hombres de derecha, como Alfonso Baella Tuesta, periodista del diario "El Comercio", que escribió un interesante relato referido a su experiencia.
No hay duda que la decisión de Morales Bermúdez se vio en su momento reforzada por el hecho que el Perú de 1978 comenzó a atar vínculos con el Plan Cóndor, ese tenebroso programa de exterminio que se originara en la Academia de Guerra Aérea de Santiago de Chile el 28 de noviembre de 1975, por inspiración del general Orlando Contreras y bajo el ala protectora de Augusto Pinochet.
Como parte del Plan Cóndor estuvo por cierto la detención y virtual ejecución de los presuntos Montoneros, pero también la recepción y el trato que se dio a los peruanos que fueron a dar con sus huesos a un presidio inhóspito en una región del mundo que probablemente jamás habían pensado conocer.
Ellos fueron virtualmente secuestrados en Lima, subidos mediante la fuerza a una nave aérea, engrilletados en sus asientos y trasladados al país del Plata en medio del mayor sigilo.
En Jujuy —donde hicieron una primera escala— fueron recibidos por un coronel el ejército gaucho, quien les informó que serían considerados "prisioneros de guerra" porque habían recibido tal denominación dictada por los servicios de inteligencia de ese país.
La odisea de los peruanos en la Patagonia duró un total de dos meses. En el último periodo, fueron devueltos a Buenos Aires, y recluidos en la penitenciaria central bonaerense donde —oh sorpresa— se les permitió una comunicación telefónica con Lima para reportar el hecho que estaban vivos.
La presencia del Juez Federal Oyarbide resultó ciertamente un tanto tardía: los almirantes Arce Larco y Faura Gaig, militares velasquistas que también sufrieron la peripecia de esta deportación inicua, fallecieron ya. Además murió Carlos Malpica. Y Alfonso Baella, de edad avanzada, y delicado de salud, vive hoy en los Estados Unidos.
De todos modos, no será nunca insulsa la indagación que se haga. No solamente porque los responsables del hecho están vivos: Morales Bermúdez y su ministro de entonces Pedro Ricther Prada; sino también porque ambos tienen un proceso abierto en la justicia italiana por violación a los derechos humanos.
La garra de la ley, y el recuerdo de los peruanos en la Patagonia, los acusa. (fin)
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Ban dera / http://www.nuestra-bandera.com
Ese curioso itinerario político le valió ser calificado, nada menos, que de "Felón", por el más destacado historiador peruano del siglo XX, don Jorge Basadre.
Para asegurar su gestión y garantizar, como quería, la devolución del poder a los partidos tradicionales puestos de lado en el escenario peruano por la experiencia antiimperialista del 68, Morales Bermúdez debió recurrir a medidas de fuerza.
Detuvo en distintas ocasiones a dirigentes del movimiento popular -me cupo el honrosa privilegio de estar tres veces en prisión en esa circunstancia-; despidió masivamente a 5,000 dirigentes sindicales de las empresas en las que laboraban, como represalia por el Paro de la CGTP de julio de 1977; participó en el secuestro de cuatro supuestos "montoneros" en las calles de Miraflores y entregó a la dictadura argentina a Juan Carlos Maguid y a otros; y deportó a un grupo de peruanos que arribaron en primera escala a Jujuy -en la frontera con Bolivia- pero luego fueron derivados a un centro clandestino de detención ubicado en la Patagonia.
No fueron esos los únicos delitos. También desapareció personas, institucionalizó la tortura, habilitó centros clandestinos de reclusión -como Playa Honda- y persiguió aviesamente a sus adversarios, civiles y militares.
En el contingente aludido estuvo un aguerrido abogado y parlamentario, Genaro Ledesma Izquieta, el dirigente de izquierda Javier Diez Canseco, el líder sindical de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Valentín Pacho Quispe, el periodista Juan Gargurevich, el destacado economista Carlos Malpica y otros; pero también hombres de derecha, como Alfonso Baella Tuesta, periodista del diario "El Comercio", que escribió un interesante relato referido a su experiencia.
No hay duda que la decisión de Morales Bermúdez se vio en su momento reforzada por el hecho que el Perú de 1978 comenzó a atar vínculos con el Plan Cóndor, ese tenebroso programa de exterminio que se originara en la Academia de Guerra Aérea de Santiago de Chile el 28 de noviembre de 1975, por inspiración del general Orlando Contreras y bajo el ala protectora de Augusto Pinochet.
Como parte del Plan Cóndor estuvo por cierto la detención y virtual ejecución de los presuntos Montoneros, pero también la recepción y el trato que se dio a los peruanos que fueron a dar con sus huesos a un presidio inhóspito en una región del mundo que probablemente jamás habían pensado conocer.
Ellos fueron virtualmente secuestrados en Lima, subidos mediante la fuerza a una nave aérea, engrilletados en sus asientos y trasladados al país del Plata en medio del mayor sigilo.
En Jujuy —donde hicieron una primera escala— fueron recibidos por un coronel el ejército gaucho, quien les informó que serían considerados "prisioneros de guerra" porque habían recibido tal denominación dictada por los servicios de inteligencia de ese país.
La odisea de los peruanos en la Patagonia duró un total de dos meses. En el último periodo, fueron devueltos a Buenos Aires, y recluidos en la penitenciaria central bonaerense donde —oh sorpresa— se les permitió una comunicación telefónica con Lima para reportar el hecho que estaban vivos.
La presencia del Juez Federal Oyarbide resultó ciertamente un tanto tardía: los almirantes Arce Larco y Faura Gaig, militares velasquistas que también sufrieron la peripecia de esta deportación inicua, fallecieron ya. Además murió Carlos Malpica. Y Alfonso Baella, de edad avanzada, y delicado de salud, vive hoy en los Estados Unidos.
De todos modos, no será nunca insulsa la indagación que se haga. No solamente porque los responsables del hecho están vivos: Morales Bermúdez y su ministro de entonces Pedro Ricther Prada; sino también porque ambos tienen un proceso abierto en la justicia italiana por violación a los derechos humanos.
La garra de la ley, y el recuerdo de los peruanos en la Patagonia, los acusa. (fin)
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Ban dera / http://www.nuestra-bandera.com
