Casas del Alba: Al margen de la ley
Por Gustavo Espinoza M.
Es relativamente frecuente que una persona se coloque al margen de la ley. Cuando sucede, accionan contra ella diversos organismos de coacción y habitualmente sentirá el peso de la autoridad y se verá privado de algunas cosas, e incluso de su libertad.
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| ...Walter Menchola |
Por Gustavo Espinoza M.
Es relativamente frecuente que una persona se coloque al margen de la ley. Cuando sucede, accionan contra ella diversos organismos de coacción y habitualmente sentirá el peso de la autoridad y se verá privado de algunas cosas, e incluso de su libertad.
Es menos frecuente que un grupo de personas —un colectivo social, o un Partido— asuma un comportamiento que lo coloque al margen de la ley. Pero ocurre. En esa circunstancia, la estructura de dominación vigente actuará con presteza, y sancionará el hecho para que no cunda el ejemplo que se considere malo, y no se generalice una práctica indebida.
¿Pero qué hacer cuando quien se pone al margen de la ley es la propia estructura del Estado; si es precisamente uno de los Poderes del Estado el que obra de ese modo, si justamente el Poder Legislativo —la fuente de las leyes— es quien se coloca al margen de la ley por capricho o interés subalterno de sus integrantes?
Bien podría decirse que, en ese caso, no hay nada qué hacer, es decir, que la impotencia se generaliza cuando saltan por los aires los procedimientos formales y las disposiciones de ley quedan hechas añicos sin motivo.
Pues bien. Eso es lo que acaba de ocurrir en el Perú para asombro de quienes creen —todavía— en el Estado de Derecho y las libertades formales, para hacer aprobar, con un total de 45 votos sobre un universo de 120 parlamentarios, el "Informe" de la Comisión Menchola referido a las Casas del Alba, el jueves 7 del presente.
Claro que la decisión adoptada carece totalmente de sentido y resulta inaplicable. Pero es igual. No podía ser sometida al voto, ni aprobada, por estar viciada en su origen, tal como se estableció en el propio desarrollo del debate parlamentario.
Se objetó, en efecto el dictamen de la Comisión que plantea la "disolución de las Casas del Alba, las Casas de Amistad y similares", porque sus recomendaciones son contrarias a la Constitución del Estado, que en su artículo 2 garantiza la libertad de asociación y de pensamiento.
Pero, además, porque el reglamento del Congreso, en su artículo 8 inciso g) señala de manera indubitable que cuando el Parlamento recomienda que un Informe final sea derivado al Ministerio Público, deben indicarse los delitos presuntamente cometidos, lo que tampoco ocurrió en este caso.
Por lo demás, el artículo 88 del mismo reglamento, en su inciso a) señala muy claramente que el congresista que demanda la formación de una Comisión Investigadora de un presunto delito, no puede después integrarla. Y esto ocurrió en el caso con el parlamentario aprista Jorge Vargas, quien respaldó y sustentó la acusación contra las Casas del Alba y luego pasó a integrar la Comisión Investigadora de las mismas asumiendo en ella funciones decisivas ya que, por lo demás, su Presidente, el señor Menchola dedicó buena parte de su tiempo a correrías amatorias de poca monta que le valieron incluso una suspensión en su función legislativa por evidentes faltas a la ética y a la moral pública.
Y por si eso fuera poco, se pudo establecer que materia de investigación y parte del dictamen de la citada comisión, fue otro congresista —el parlamentario Isla— que también la conformó y que resultó finalmente acusado por supuestas actividades, ligadas precisamente a las Casas del Alba.
Dicho de otro modo dos de cinco integrantes del Grupo Parlamentario generaron ilícitos que hirieron de muerte el dictamen de la Comisión, el mismo que simplemente debió ser encarpetado por el Pleno del Congreso.
Podría parecer de Ripley, por cierto, el hecho que en el transcurso de la discusión congresal, un Padre de la Patria haya asegurado que esos motivos de ilegalidad eran insuficientes, porque comprometían "sólo a dos, de los cinco integrantes de la Comisión".
En otro escenario, se le podría preguntar a un acusado si violó a una mujer. Y él podría responder muy suelto de huesos: sí, pero no mucho.
Entonces, el tribunal lo absolvería.
Lo más curioso, sin embargo es que estas ilegalidades fueron expuestas en forma terminante y clara en el debate parlamentario por uno de los integrantes de la Cámara, el congresista Víctor Mayorga; pero la Mesa Directiva optó por dar a la Cuestión de Orden planteada, el carácter de una moción cualquiera, y sometió a votación si el Pleno del Congreso aceptaba ponerse al margen de la ley, o no.
Es elemental entender que "una cuestión de orden" no se puede votar. Porque no depende de una correlación de fuerzas, sino de una interpretación referida a procedimientos legales y reglamentarios.
Pero así no se actuó. Y 45 de los 120 "Padres de la Patria" respondieron que sí, que estaban de acuerdo con ignorar las normas vigentes, y dispuestos a hacerlo.
Y lo hicieron porque eran, en ese momento, una mayoría precaria: la suma de una alianza entre el APRA, el Fujimorismo y Unidad Nacional, es decir, el Partido del Gobierno, la Mafia depuesta y la expresión más coherente de la derecha reaccionaria.
Claro que un conglomerado de esa índole no podía generar ninguna decisión coherente.
Y entonces lo único que alcanzaron a decidir —y a partir de allí decir impunemente que "el Informe fue aprobado"— que el Presidente de la República "instruya a su ministra de justicia a fin de que, por intermedio de sus procuradores, solicite al Ministerio Público que, a través de los procedimientos regulares pertinentes, pueda obtener judicialmente la disolución de las Casas del Alba, Casas de la Amistad y/o similares".
Tan alambicada redacción se explica, sin duda, porque no podría haberse tomado una decisión más precisa cuando de por medio está la existencia de asociaciones civiles que no están sujetos a liquidación salvo por voluntad propia o por la comisión de delitos expresamente reconocidos por la ley. Lo que, ciertamente, no es el caso.
Para adoptar esta decisión ridícula la supuesta "mayoría parlamentaria" asumió casi dos años de discusión, y la Comisión Menchola tuvo más de un centenar de diligencias, citó testigos, tomó declaraciones y visitó diversos países, recogiendo impresiones de los enemigos de gobiernos como el de Hugo Chávez y Evo Morales.
En su "Informe Final", el Grupo de Trabajo cometió el desatino de adjudicar papel protagónico en la acción de estos entes a don Erasmo Medrano, quien hace dos años falleciera agobiado por la edad y la pobreza, lo que ciertamente no fue tomado en cuenta, ni conocido, por los empeñosos investigadores congresales; y a quien escribe estas líneas y a quien dedicó una página de su "Informe final" —la 170— plagada de infundios policiales y reportes del pasado.
Ciertamente que no valió la pena tanto esfuerzo para, apenas, colocarse al margen de la ley. (fin)
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://www.nuestra-bandera.com
¿Pero qué hacer cuando quien se pone al margen de la ley es la propia estructura del Estado; si es precisamente uno de los Poderes del Estado el que obra de ese modo, si justamente el Poder Legislativo —la fuente de las leyes— es quien se coloca al margen de la ley por capricho o interés subalterno de sus integrantes?
Bien podría decirse que, en ese caso, no hay nada qué hacer, es decir, que la impotencia se generaliza cuando saltan por los aires los procedimientos formales y las disposiciones de ley quedan hechas añicos sin motivo.
Pues bien. Eso es lo que acaba de ocurrir en el Perú para asombro de quienes creen —todavía— en el Estado de Derecho y las libertades formales, para hacer aprobar, con un total de 45 votos sobre un universo de 120 parlamentarios, el "Informe" de la Comisión Menchola referido a las Casas del Alba, el jueves 7 del presente.
Claro que la decisión adoptada carece totalmente de sentido y resulta inaplicable. Pero es igual. No podía ser sometida al voto, ni aprobada, por estar viciada en su origen, tal como se estableció en el propio desarrollo del debate parlamentario.
Se objetó, en efecto el dictamen de la Comisión que plantea la "disolución de las Casas del Alba, las Casas de Amistad y similares", porque sus recomendaciones son contrarias a la Constitución del Estado, que en su artículo 2 garantiza la libertad de asociación y de pensamiento.
Pero, además, porque el reglamento del Congreso, en su artículo 8 inciso g) señala de manera indubitable que cuando el Parlamento recomienda que un Informe final sea derivado al Ministerio Público, deben indicarse los delitos presuntamente cometidos, lo que tampoco ocurrió en este caso.
Por lo demás, el artículo 88 del mismo reglamento, en su inciso a) señala muy claramente que el congresista que demanda la formación de una Comisión Investigadora de un presunto delito, no puede después integrarla. Y esto ocurrió en el caso con el parlamentario aprista Jorge Vargas, quien respaldó y sustentó la acusación contra las Casas del Alba y luego pasó a integrar la Comisión Investigadora de las mismas asumiendo en ella funciones decisivas ya que, por lo demás, su Presidente, el señor Menchola dedicó buena parte de su tiempo a correrías amatorias de poca monta que le valieron incluso una suspensión en su función legislativa por evidentes faltas a la ética y a la moral pública.
Y por si eso fuera poco, se pudo establecer que materia de investigación y parte del dictamen de la citada comisión, fue otro congresista —el parlamentario Isla— que también la conformó y que resultó finalmente acusado por supuestas actividades, ligadas precisamente a las Casas del Alba.
Dicho de otro modo dos de cinco integrantes del Grupo Parlamentario generaron ilícitos que hirieron de muerte el dictamen de la Comisión, el mismo que simplemente debió ser encarpetado por el Pleno del Congreso.
Podría parecer de Ripley, por cierto, el hecho que en el transcurso de la discusión congresal, un Padre de la Patria haya asegurado que esos motivos de ilegalidad eran insuficientes, porque comprometían "sólo a dos, de los cinco integrantes de la Comisión".
En otro escenario, se le podría preguntar a un acusado si violó a una mujer. Y él podría responder muy suelto de huesos: sí, pero no mucho.
Entonces, el tribunal lo absolvería.
Lo más curioso, sin embargo es que estas ilegalidades fueron expuestas en forma terminante y clara en el debate parlamentario por uno de los integrantes de la Cámara, el congresista Víctor Mayorga; pero la Mesa Directiva optó por dar a la Cuestión de Orden planteada, el carácter de una moción cualquiera, y sometió a votación si el Pleno del Congreso aceptaba ponerse al margen de la ley, o no.
Es elemental entender que "una cuestión de orden" no se puede votar. Porque no depende de una correlación de fuerzas, sino de una interpretación referida a procedimientos legales y reglamentarios.
Pero así no se actuó. Y 45 de los 120 "Padres de la Patria" respondieron que sí, que estaban de acuerdo con ignorar las normas vigentes, y dispuestos a hacerlo.
Y lo hicieron porque eran, en ese momento, una mayoría precaria: la suma de una alianza entre el APRA, el Fujimorismo y Unidad Nacional, es decir, el Partido del Gobierno, la Mafia depuesta y la expresión más coherente de la derecha reaccionaria.
Claro que un conglomerado de esa índole no podía generar ninguna decisión coherente.
Y entonces lo único que alcanzaron a decidir —y a partir de allí decir impunemente que "el Informe fue aprobado"— que el Presidente de la República "instruya a su ministra de justicia a fin de que, por intermedio de sus procuradores, solicite al Ministerio Público que, a través de los procedimientos regulares pertinentes, pueda obtener judicialmente la disolución de las Casas del Alba, Casas de la Amistad y/o similares".
Tan alambicada redacción se explica, sin duda, porque no podría haberse tomado una decisión más precisa cuando de por medio está la existencia de asociaciones civiles que no están sujetos a liquidación salvo por voluntad propia o por la comisión de delitos expresamente reconocidos por la ley. Lo que, ciertamente, no es el caso.
Para adoptar esta decisión ridícula la supuesta "mayoría parlamentaria" asumió casi dos años de discusión, y la Comisión Menchola tuvo más de un centenar de diligencias, citó testigos, tomó declaraciones y visitó diversos países, recogiendo impresiones de los enemigos de gobiernos como el de Hugo Chávez y Evo Morales.
En su "Informe Final", el Grupo de Trabajo cometió el desatino de adjudicar papel protagónico en la acción de estos entes a don Erasmo Medrano, quien hace dos años falleciera agobiado por la edad y la pobreza, lo que ciertamente no fue tomado en cuenta, ni conocido, por los empeñosos investigadores congresales; y a quien escribe estas líneas y a quien dedicó una página de su "Informe final" —la 170— plagada de infundios policiales y reportes del pasado.
Ciertamente que no valió la pena tanto esfuerzo para, apenas, colocarse al margen de la ley. (fin)
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://www.nuestra-bandera.com
