En la selva hay balas
Por Gustavo Espinoza M. (*)
En la selva, no hay estrellas, nos decía el cineasta peruano Armando Robles Godoy en un hermoso film presentado a mediados del siglo pasado. Hoy podríamos decir, que hay balas.
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Por Gustavo Espinoza M. (*)
En la selva, no hay estrellas, nos decía el cineasta peruano Armando Robles Godoy en un hermoso film presentado a mediados del siglo pasado. Hoy podríamos decir, que hay balas.
55 días después de iniciadas las protestas de las poblaciones amazónicas, ayer 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medioambiente, se tiñó de sangre la selva peruana como resultado de los violentos enfrentamientos ocurridos en la región de Jaén y Bagua como consecuencia del accionar policial.
La masiva protesta indígena contra el olvido, la miseria y la marginación secular que les fuera impuesta por el régimen de dominación vigente y que en su momento fuera sólo reconocida y denunciada por el gobierno antiimperialista de Velasco Alvarado; creció esta vez por los llamados Decretos Legislativos dictados por el régimen de Alan García al amparo de "facultades delegadas" por la mayoría parlamentaria.
Estos decretos —no está demás recordarlo— se inspiraron en los artículos que bajo el título de "El Perro del Hortelano" entregó al país el mandatario, desde las páginas del diario "El Comercio". El sustento "ideológico" de esos escritos era muy simple: hay que poner en valor la selva —decía— lotizarla, y entregarla a los consorcios extranjeros que quieran invertir en ella para explotar sus recursos.
Los Decretos de marras eran anti constitucionales. Y lo fueron desde un inicio. Vulneraron groseramente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece de manera categórica que todas las normas que modifiquen las condiciones de vida de las poblaciones originarias, debían someterse a una consulta previa. Aún más, el dispositivo establece de un modo claro las modalidades de la consulta para hacerla viable y efectiva. Y, además, representativa de la opinión de las poblaciones afectadas.
Ninguna consulta previa hubo, por cierto, en el caso. Y es más, los Decretos no fueron tampoco confirmados por el Legislativo, en contraposición a lo expresamente dispuesto en la materia. Sucede, en efecto, que cuando se dictan disposiciones en uso de facultades delegadas, las normas deben ser refrendadas por el Congreso antes de hacerse válida. Y tampoco eso sucedió.
Dos decretos, por lo pronto, fueron objetados por el Parlamento Nacional y dejados sin efecto. Y otros, fueron igualmente recusados por la Comisión de Constitución, y debieron ser debatidos por el Pleno del Congreso. Pero la mayoría parlamentaria lo impidió.
El debate debió hacerse, ya en extremo, el miércoles 20 de mayo, pero eso no ocurrió. Tampoco se vieron en la sesión congresal del 27.
Y el jueves 4, finalmente, fueron "devueltos a comisión" cuando estaban sólo para el voto. Como el Pilatos de los viejos tiempos, los congresistas del APRA y sus aliados se lavaron las manos y dejaron que la sangre corriera sola.
La negativa del gobierno a tratar el tema tenía una explicación: ya preparaba otra cosa.
Para el Presidente García y su Gabinete el asunto resulta bastante simple: La entrega al Gran Capital de las riquezas de la selva (petróleo, minerales, bio diversidad, cultivos y hasta poblaciones) forma parte de los mecanismos establecidos por el Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos. Y la ministra de Comercio Exterior fue muy clara en la materia: estos dispositivos no se pueden derogar sin afectar el TLC. Ahí estuvo, sin duda, la madre del cordero.
Imponerlos a sangre y fuego era entonces la orden que emanó sin aspavientos de Palacio de Gobierno. Un poco como hace más de veinte años ocurrió también en los Penales, cuando se dispuso, a sangre y fuego, "restablecer el orden".
La sangre que fuera derramada en dicha ocasión, aún está fresca. Y las huellas del delito, no se han borrado.
Esta vez, "restablecer el orden" pasó por ataques a mansalva ejecutados desde helicópteros artillados sobre los pobladores apostados a lo largo de la carretera Fernando Belaunde (la Marginal de la selva) entre las poblaciones de Jaén y Bagua. La agresión costó la vida a hombres, mujeres y niños, y se prolongo por varias horas. Y se extendió también a los hitos petroleros de la región y a las localidades cercanas. Fotos publicadas hoy por algunos diarios muestran a militares ubicados como tiradores emboscados y situados en lo alto de edificios, disparando contra los nativos con poderosas armas de fuego. No menos de 25 pobladores murieron como consecuencia de este ataque. Entre ellos, Santiago Mauin Valera, Presidente del Comité de Lucha de la provincia de Condorcanqui y Presidente del CENEPA. El, figura destacada del movimiento, recibió hace algún tiempo un reconocimiento especial de la Corona Española por su contribución a la bio—diversidad, su defensa de la naturaleza y su compromiso con la vida de las poblaciones nativas. Hoy su sangre riega ese suelo que lo vio nacer, vivir y morir valerosamente a la cabeza de su pueblo.
La reacción de los pobladores atacados fue violenta. Atacaron e incendiaron locales públicos, incluido el local del Partido Aprista, la sede de la Gobernación y otros. Pero también establecimientos policiales. Se enfrentaron a las patrullas, y mataron uniformados. Los reportes oficiales —en eso sí, prolijos y puntuales— establecieron en 12 las bajas de la institución. Y sus cuerpos fueron trasladados a Lima para ceremonias en las que desfilan aún autoridades entorchadas y locuaces.
Los cuerpos de los nativos, sin embargo, fueron echados al río, abandonados en el bosque a disposición de las aves de rapiña, o trasladados en secreto al interior del Cuartel El Milagro, donde fueron también llevados indígenas heridos. Se teme que luego reaparezca en el diccionario peruano la palabra: "desaparecido", tan habitual en el pasado fujimorato.
La crisis así creada, no será fácilmente superada. Por lo pronto, las organizaciones afectadas por esta abrupta guerra han programado una Jornada Nacional de Solidaridad para el jueves 11. El gobierno ha dispuesto la cárcel para Alberto Pizango y los líderes nativos hoy prófugos. Y en el diario Correo Aldo Mariátegui —exultante y demencial— ha clamado: "Ejército, toque de queda y Ley Marcial ¡ya!".
Las víctimas de esta guerra siniestra son poblaciones originarias. Se valieron de dardos y lanzas. Y les respondieron con bombas y metrallas. Hoy se dice, sin embargo, que soldados pueblerinos que hacían su "Servicio" en los cuarteles de la región, desertaron de filas y se internaron en la selva para ayudar a los suyos, portando armas de fuego. Lo real es que los policías muertos registran heridas por arma blanca y perforaciones de bala. Pero otros, fueron simplemente lanzados al fondo del río por nativos desesperados y violentos.
Los Chachapoyas han sido entonces llamados a la lucha. Hace más de seiscientos años ellos se enfrentaron, resistieron y derrotaron al Ejército Inca cuando pretendió extender los límites del Imperio hasta la selva. Fueron indomables. La guerra contra ella comenzó ya —a las 5.30 de la mañana del fatídico 5 de junio del 2009— lo sabemos. Lo que nadie sabe es cuándo, ni cómo acabará.
Lo único que está claro, por ahora, es que en la selva no hay estrellas. Hay balas (fin)
(www.nuestra—bandera.com)
La masiva protesta indígena contra el olvido, la miseria y la marginación secular que les fuera impuesta por el régimen de dominación vigente y que en su momento fuera sólo reconocida y denunciada por el gobierno antiimperialista de Velasco Alvarado; creció esta vez por los llamados Decretos Legislativos dictados por el régimen de Alan García al amparo de "facultades delegadas" por la mayoría parlamentaria.
Estos decretos —no está demás recordarlo— se inspiraron en los artículos que bajo el título de "El Perro del Hortelano" entregó al país el mandatario, desde las páginas del diario "El Comercio". El sustento "ideológico" de esos escritos era muy simple: hay que poner en valor la selva —decía— lotizarla, y entregarla a los consorcios extranjeros que quieran invertir en ella para explotar sus recursos.
Los Decretos de marras eran anti constitucionales. Y lo fueron desde un inicio. Vulneraron groseramente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece de manera categórica que todas las normas que modifiquen las condiciones de vida de las poblaciones originarias, debían someterse a una consulta previa. Aún más, el dispositivo establece de un modo claro las modalidades de la consulta para hacerla viable y efectiva. Y, además, representativa de la opinión de las poblaciones afectadas.
Ninguna consulta previa hubo, por cierto, en el caso. Y es más, los Decretos no fueron tampoco confirmados por el Legislativo, en contraposición a lo expresamente dispuesto en la materia. Sucede, en efecto, que cuando se dictan disposiciones en uso de facultades delegadas, las normas deben ser refrendadas por el Congreso antes de hacerse válida. Y tampoco eso sucedió.
Dos decretos, por lo pronto, fueron objetados por el Parlamento Nacional y dejados sin efecto. Y otros, fueron igualmente recusados por la Comisión de Constitución, y debieron ser debatidos por el Pleno del Congreso. Pero la mayoría parlamentaria lo impidió.
El debate debió hacerse, ya en extremo, el miércoles 20 de mayo, pero eso no ocurrió. Tampoco se vieron en la sesión congresal del 27.
Y el jueves 4, finalmente, fueron "devueltos a comisión" cuando estaban sólo para el voto. Como el Pilatos de los viejos tiempos, los congresistas del APRA y sus aliados se lavaron las manos y dejaron que la sangre corriera sola.
La negativa del gobierno a tratar el tema tenía una explicación: ya preparaba otra cosa.
Para el Presidente García y su Gabinete el asunto resulta bastante simple: La entrega al Gran Capital de las riquezas de la selva (petróleo, minerales, bio diversidad, cultivos y hasta poblaciones) forma parte de los mecanismos establecidos por el Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos. Y la ministra de Comercio Exterior fue muy clara en la materia: estos dispositivos no se pueden derogar sin afectar el TLC. Ahí estuvo, sin duda, la madre del cordero.
Imponerlos a sangre y fuego era entonces la orden que emanó sin aspavientos de Palacio de Gobierno. Un poco como hace más de veinte años ocurrió también en los Penales, cuando se dispuso, a sangre y fuego, "restablecer el orden".
La sangre que fuera derramada en dicha ocasión, aún está fresca. Y las huellas del delito, no se han borrado.
Esta vez, "restablecer el orden" pasó por ataques a mansalva ejecutados desde helicópteros artillados sobre los pobladores apostados a lo largo de la carretera Fernando Belaunde (la Marginal de la selva) entre las poblaciones de Jaén y Bagua. La agresión costó la vida a hombres, mujeres y niños, y se prolongo por varias horas. Y se extendió también a los hitos petroleros de la región y a las localidades cercanas. Fotos publicadas hoy por algunos diarios muestran a militares ubicados como tiradores emboscados y situados en lo alto de edificios, disparando contra los nativos con poderosas armas de fuego. No menos de 25 pobladores murieron como consecuencia de este ataque. Entre ellos, Santiago Mauin Valera, Presidente del Comité de Lucha de la provincia de Condorcanqui y Presidente del CENEPA. El, figura destacada del movimiento, recibió hace algún tiempo un reconocimiento especial de la Corona Española por su contribución a la bio—diversidad, su defensa de la naturaleza y su compromiso con la vida de las poblaciones nativas. Hoy su sangre riega ese suelo que lo vio nacer, vivir y morir valerosamente a la cabeza de su pueblo.
La reacción de los pobladores atacados fue violenta. Atacaron e incendiaron locales públicos, incluido el local del Partido Aprista, la sede de la Gobernación y otros. Pero también establecimientos policiales. Se enfrentaron a las patrullas, y mataron uniformados. Los reportes oficiales —en eso sí, prolijos y puntuales— establecieron en 12 las bajas de la institución. Y sus cuerpos fueron trasladados a Lima para ceremonias en las que desfilan aún autoridades entorchadas y locuaces.
Los cuerpos de los nativos, sin embargo, fueron echados al río, abandonados en el bosque a disposición de las aves de rapiña, o trasladados en secreto al interior del Cuartel El Milagro, donde fueron también llevados indígenas heridos. Se teme que luego reaparezca en el diccionario peruano la palabra: "desaparecido", tan habitual en el pasado fujimorato.
La crisis así creada, no será fácilmente superada. Por lo pronto, las organizaciones afectadas por esta abrupta guerra han programado una Jornada Nacional de Solidaridad para el jueves 11. El gobierno ha dispuesto la cárcel para Alberto Pizango y los líderes nativos hoy prófugos. Y en el diario Correo Aldo Mariátegui —exultante y demencial— ha clamado: "Ejército, toque de queda y Ley Marcial ¡ya!".
Las víctimas de esta guerra siniestra son poblaciones originarias. Se valieron de dardos y lanzas. Y les respondieron con bombas y metrallas. Hoy se dice, sin embargo, que soldados pueblerinos que hacían su "Servicio" en los cuarteles de la región, desertaron de filas y se internaron en la selva para ayudar a los suyos, portando armas de fuego. Lo real es que los policías muertos registran heridas por arma blanca y perforaciones de bala. Pero otros, fueron simplemente lanzados al fondo del río por nativos desesperados y violentos.
Los Chachapoyas han sido entonces llamados a la lucha. Hace más de seiscientos años ellos se enfrentaron, resistieron y derrotaron al Ejército Inca cuando pretendió extender los límites del Imperio hasta la selva. Fueron indomables. La guerra contra ella comenzó ya —a las 5.30 de la mañana del fatídico 5 de junio del 2009— lo sabemos. Lo que nadie sabe es cuándo, ni cómo acabará.
Lo único que está claro, por ahora, es que en la selva no hay estrellas. Hay balas (fin)
(www.nuestra—bandera.com)
