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Políticos y medios de prensa sostienen que los lamentables sucesos de Bagua, que costaron la vida a por lo menos 30 personas, entre indígenas selváticos y policías, pudieron evitarse si se consultaba previamente a las partes interesadas o si se realizaba un diálogo.
Las opiniones en favor del diálogo o consulta parten del supuesto de que se procede con buena intención. El estilo de hacer política en el Perú demuestra que el diálogo que propone un gobierno cumple los siguientes fines:
1) Ganar tiempo. Se da vueltas al asunto una y otra vez y se posterga las decisiones finales hasta que la gente se canse y esté dispuesta a aceptar cualquier cosa. Esta postergación o “mecida” va acompañada de ataques de los medios de comunicación aceitados, que acusan al gremio, al pueblo o a sus representantes de estar comprometidos con intereses extranjeros, de oponerse al progreso del país, de ser subversivos o terroristas, etc.1
2) Engañar. Cansando a los representantes gremiales o del pueblo, esto es, “meciendo”, el gobierno va reduciendo lo que la gente puede conseguir; cada vez cede menos, o simplemente rompe las negociaciones y se deja de lado completamente lo que busca el pueblo.
3) Dividir. En negociaciones prolongadas pueden manifestarse las divisiones en el seno del pueblo o de los colectivos que reclaman o piden algo. Si el gobierno ve que el representante gremial o representante de la población no da su brazo a torcer, entonces declara que dicha persona o dicha directiva no tiene representatividad y empieza a dialogar con ambas representaciones al mismo tiempo o sólo con la disidente, la que ya se vendió al gobierno y traiciona.
Los reclamos de los aborígenes selváticos en defensa de su tierra ponen al descubierto todas estas tácticas que tienen los gobiernos para imponer a la fuerza sus decisiones contrarias al interés nacional. Lo grave aquí, por parte del gobierno, no es sólo el engaño y el haber evitado el análisis de los decretos 1064 y 1090 por parte del Congreso, sino que actúa así pese a que se trata de temas concernientes al medio ambiente, al ecosistema, que ni siquiera deberían proponerse como iniciativa del gobierno, y menos aún presentarse como cosa ya hecha.
Veamos el caso de las regiones. En la práctica son solamente un nuevo nombre para los departamentos. Lo correcto sería que el Perú tuviese como máximo seis o siete regiones. Sin embargo, aunque eso es lo deseable, los argollas y círculos de corrupción y poder de provincias se oponen, porque si se forman macrorregiones el poder que tienen ahora se diluiría. Viendo esto, el gobierno central prefiere no tocar el asunto de las macrorregiones, porque saben que los caciques políticos y ladrones de las actuales regiones montarían grandes y peligrosas movilizaciones.
Pero esa prudencia no aparece en el caso de la selva. El gobierno sabía que también iba a producirse resistencia, por lo cual evitó que el tema se debata en el Congreso y pidió más bien autorización (facultades) para legislar mediante decretos ley; esto es como entrar por la ventana en vez de entrar por la puerta. Pero el fondo del asunto es que el gobierno aprista recurrió a estas jugarretas porque sus intenciones son inconfesables, no puede decirlas en público, no puede someterlas al examen del Congreso porque promover la depredación de la selva es una vergüenza absoluta; es una traición a la patria tan grave como ceder a Chile el triángulo de 37 000 m2 de Tacna (traición que el gobierno realiza con sigilo y entusiasmo).
Así las cosas, por supuesto que aumenta la sospecha de que la persistencia del gobierno aprista en imponer la aprobación de los decretos antiamazónicos se motiva en los “premios” que las empresas transnacionales explotadoras de gas, petróleo, biocombustibles y madera dan a los gobernantes corruptos que las autorizan a explotar los recursos naturales aun a costo de muchas pérdidas de vida y de grave daño a los ecosistemas y a la biodiversidad.
Algunos representantes del gobierno dicen que las tierras afectadas por los decretos 1064 y 1090 no son propiedad de los indígenas, son tierras sobre las cuales nadie —dicen ellos— tiene derecho sino el estado. Ante esto debemos decir que el proceso de titulación de tierras a las comunidades indígenas de la selva siempre ha sido lento, para dar tiempo a los taladores, cocaleros, mineros informales y otros depredadores de los bosques y ríos, que así pueden dañar y contaminar a su regalado gusto.
Sin embargo, si los gobernantes vendepatria dicen que sólo se consulta a los indios amazónicos en caso de que sus tierras se vean afectadas, ¿con quien tendrían que consultar, entonces, para vender o concesionar las tierras que no tienen título? Simplemente tendrían que consultar a todo el pueblo peruano, mediante referéndum.
No se trata de negar a priori la posibilidad de explotar técnicamente los recursos de la selva. Esto podría hacerse si acá realmente se cumpliesen las pautas internacionales de cuidado del medio ambiente, lo cual es imposible en el Perú por la situación de debilidad y corrupción del estado peruano. Uno de los tantos ejemplos de esto es la empresa Doe Run, que opera en La Oroya, la cual año tras año simplemente se niega a presentar estudios de impacto ambiental, mientras la población ya tiene la sangre contaminada por plomo. También tendríamos que preguntarnos si la madera que se exporta del Perú es o no producto de bosques resembrados, reforestados; si lo que se exporta no proviene de la reforestación, estamos ante un caso más de abuso y destrucción contra el Perú consentido por el gobierno.
Democracia es consulta
El gobierno aprista representa con claridad una de las grandes taras de la política peruana: concebir la democracia simplemente como el derecho de tener elecciones libres cada cierto tiempo. Para ellos allí (con las elecciones) termina la democracia; una vez que éstas se han realizado, el ganador —según esta forma de pensar— tiene carta libre para hacer en la práctica lo que le venga en gana. Si los apristas fuesen verdaderos demócratas deberían realizar más de un referéndum para decidir sobre temas que se expresan en las siguientes preguntas:
—¿Desea que en nombre del progreso entren empresas a la selva a destruir bosques y contaminar ríos?
—¿Desea que el Perú venda gas a Chile para beneficiar a Codelco2 y a su fuerza armada?
—¿Desea que LAN y las demás empresas chilenas continúen obteniendo ganancias del pueblo peruano sin que Chile devuelva Arica y Tarapacá al Perú?
—¿Desea que las empresas mineras sigan contaminando el suelo y el agua en la sierra?
—¿Está de acuerdo con que el gobierno siga cediendo soberanía a Chile en el triángulo de Tacna?
—¿Está de acuerdo con mantener el monumento que la Marina de Guerra del Perú ha levantado en honor del delincuente chileno Arturo Prat?3
Para terminar, vale la pena tomar en cuenta lo que han señalado congresistas de oposición: un decreto ley promulgado se ejecuta, se modifica o se deroga; no “se suspende”. Todos queremos que se deroguen esos decretos lesivos a la integridad física del país, lesivos a la salud del Perú y del mundo y contrarios a los intereses del Perú. ¡Basta de tanto faenón!
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1 Esto significa que los medios de comunicación corruptos preparan el ambiente para justificar las muertes que se produzcan y para reprimir a los opositores, si es posible quitándoles la vida.
2 Es la empresa estatal chilena del cobre, que destina el 10% de sus ganancias para el equipamiento de la fuerza armada chilena.
3 Leer García y Wagner humillan a la Marina de Guerra
