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El cruce de acusaciones entre grupos indígenas y el gobierno de Perú por la matanza de civiles indígenas y de policías ha silenciado las cantidades millonarias que ya habían comprometido compañías multinacionales para comprar grandes extensiones de tierra del Amazonas.
Estas empresas contaban con la eventual aprobación de leyes promovidas por Alan García desde el inicio de su segunda investidura hace dos años. Según el presidente, legalizar y facilitar la venta de tierras para la extracción petrolera rompería con la dependencia energética de Perú, que daría los primeros pasos para encabezar su propio desarrollo.
Pero no contaba con semejante resistencia de grupos indigenistas y de derechos humanos, que paralizan la actividad económica en algunas partes del país por medio de bloqueos a las principales vías de comunicación. Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de la Selva, justifica el bloqueo al calificar de salvaje el modelo de desarrollo que el ejecutivo intenta impulsar con la aprobación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y de la Ley de Recursos Hídricos.
Estas leyes desataron la ira de los grupos indígenas porque dejaban vía libre para el despojo de las tierras que les pertenecen desde tiempos ancestrales y para la venta de sus riquezas naturales a intereses extranjeros.
Ahora no sólo esgrimen intentos de despojo, sino que acusan también al Gobierno de violaciones de derechos humanos que varios medios de comunicación han fotografiado y documentado, después de un intento fallido del Gobierno de aplastar las protestas. Lejos de “apaciguar” a la población, la violencia incrementó la agitación y tuvo un gran efecto mediático que llevó a Naciones Unidas y a organizaciones de la sociedad civil a investigar las violaciones de derechos humanos y a presionar al gobierno. Alan García reconoce “errores” en la operación y ha dimitido el Primer Ministro.
Multinacionales como la anglo-francesa Perenco y las norteamericanas Conoco Phillips y Talisma Energy ya habían comprometido miles de millones de dólares en inversiones en la extracción y distribución de oro negro. Esas inversiones entran en el plan de Alan García de liberalizar la economía y de ajustarla al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que no podría materializarse en Perú sin la aprobación de leyes relacionadas con los recursos hídricos, con las tierras y con la fauna. El presidente ha movido sus fichas a nivel gubernamental desde hace dos años sin consultar en ningún momento a los pueblos indígenas afectados.
Algunos juristas internacionales recuerdan que el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, ratificado por Perú, establece la obligación del Estado de consultar con los pueblos autóctonos no sólo por extracción de recursos en sus tierras, sino también por explorar en ellas. Así, el gobierno estaría incumpliendo la obligación internacional de proteger patrimonios culturales y naturales para salvaguardar los intereses económicos trasnacionales y respetar el TLC.
En este clima político, económico y social sobrevuela la maldición de los recursos y queda en el aire el futuro de las tierras amazónicas de Perú. El 75% de sus hidrocarburos yacen sobre un ecosistema que pertenece a la humanidad. No como mercancía libre para la rapacidad de algunas multinacionales, sino como patrimonio natural y cultural que alberga a pueblos, a millones de especies animales y vegetales, y que funciona como un auténtico pulmón de un planeta agonizante por la ceguera humana.
El presidente peruano sostiene que las tierras amazónicas en cuestión pertenecen al Estado, un principio que refuerza las típicas prácticas colonialistas de otros tiempos. Bajo el paraguas de países ricos, algunas multinacionales emplean su poderío económico para imponer a gobiernos-títere modelos de “libre mercado” que les permitan actuar con impunidad.
El Estado ha dejado de ser el interlocutor exclusivo de las relaciones internacionales. A falta de mecanismos públicos que controlen la actividad de gran parte del sector privado internacional, las multinacionales podrían aprovechar los vacíos legales y de poder al que renuncian los Estados. Sin embargo, los grupos indígenas peruanos han demostrado que parte de ese vacío también le pertenece a la sociedad civil; porque los derechos ancestrales existen antes de su plasmación por escrito.
* Periodista
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