Cuando la pandemia del COVID-19 llegó al Perú, era más que evidente que la selva peruana sería la región natural más vulnerable. Las insuficientes capacidades operativas del sistema de salud de nuestra Amazonía, pronto se vieron avasalladas por la demanda de los pacientes que requerían de mucha atención profesional. El principal problema en las localidades selváticas es el escaso número de centros de salud, con equipamiento obsoleto y déficit de personal. La demanda por atención médica provocó el colapso de los hospitales amazónicos. Eran más los pacientes que requerían de hospitalización que la cobertura de las capacidades locales, y el oxígeno —como ocurrió en otras regiones del país— se convirtió en un bien escaso e imprescindible para combatir la enfermedad. Desde mayo pasado, los pacientes de la selva que requerían de camas UCI con ventiladores mecánicos, se enfrentaron con una frágil oferta local. Los cientos de pacientes que tuvieron esa necesidad, superaron largamente las capacidades existentes. Lo máximo que pudieron hacer algunas municipalidades selváticas fue instalar centros de aislamiento temporal para casos leves y moderados de personas identificadas con el contagio en cuyas viviendas no tuviesen la capacidad de cumplir los requisitos de distanciamiento con los demás miembros de la familia; esto, sin embargo, con el compromiso de que los familiares cubrieran los gastos en alimentación y medicinas. La demanda de oxígeno sobrepasó la oferta local, muchos familiares tuvieron que ingeniárselas para traer balones desde las provincias andinas e incluso desde la lejana Lima. El oxígeno medicinal de la selva central y de todo Junín, es abastecido por una planta ubicada en la ciudad minera de La Oroya, pero ésta tiene una demanda adicional de otras regiones del centro del país como Ayacucho, Huancavelica y Huánuco. Esta planta no podía abastecer a la selva de Pasco (Oxapampa) y de Junín (Chanchamayo y Satipo), pues debía atender a muchas provincias más.
Bajo esas circunstancias, quienes contaban con recursos económicos trasladaron a sus familiares contagiados a centros urbanos con mejor calidad de oferta de salud, situación que resultaba muy costosa y a veces insuficiente y tardía. Así, dos temas concurrentes se pusieron de manifiesto; en el país la orden de aislamiento provincial nunca pudo controlar el tránsito vehicular interprovincial, y se consolidó esa vieja sentencia: en el Perú, quien no tiene dinero, simplemente se muere.
Desatada la pandemia en el territorio nacional, el Ejecutivo planteó “esta guerra la ganamos todos”, y si bien los primeros y exiguos casos diagnosticados en la selva central auguraban un panorama alentador, pronto se demostró que el virus llegaría con fuerza y que no se utilizó el tiempo de ventaja en prevención oportuna y en mejorar la capacidad operativa. La articulación de los esfuerzos públicos y privados fue escasa y ni siquiera se tuvo la intención de convocar la participación de la sociedad civil organizada. En ese escenario, la Iglesia católica desarrolló mejores capacidades de convocatoria y lideró colectas locales para la adquisición de plantas de oxígeno que pusieran al alcance de los pacientes este recurso. Las parroquias del Vicariato de San Ramón en coordinación con grupos de ciudadanos locales y con el apoyo de algunas municipalidades, a través de rifas, polladas y colectas, se abocaron a la recaudación de recursos para adquirir plantas de oxígeno, esfuerzo que no fue sencillo y que tuvo que sortear dificultades administrativas, como la sospechosa actualización de los criterios técnicos para la adquisición y funcionamiento de las plantas de oxígeno medicinal de los hospitales y puestos de salud del MINSA. A pesar de ello, la ciudadanía de Chanchamayo y Oxapampa logró sus metas y llevó adelante la compra e instalación de sus plantas.
La cordial invitación del Vicariato de San Ramón al presidente Martín Vizcarra para que asistiese a la inauguración de las plantas de oxígeno logradas con el esfuerzo ciudadano, generó malestares y protestas; justificada actitud de algunos pobladores que no se identifican con la diplomacia religiosa. Haciendo una incómoda comparación; al igual que en el caso de la lucha contra la subversión de la década de los 80, podríamos señalar que, en la selva central, la batalla contra el Covid-19 la está enfrentando la población con los limitados recursos locales, y que el Ejecutivo sólo aparece para la fotografía promocional de una gestión pública nacional que pretende ganar indulgencias con avemarías ajenas.
desco Opina - Regional / 16 de octubre de 2020
