La decisión congresal de vacar al Presidente Vizcarra abre un nuevo capítulo de la profunda crisis política que nos agobia desde hace ya varios años. Por la fuerza de los números, 105 votos, se impuso una decisión definitivamente inconstitucional, una suerte de golpe blando cuya naturaleza no cambia por el allanamiento del exmandatario que, a juzgar por su intervención de defensa en el Parlamento, tenía ya entonces claro el final de una película, que una semana atrás, tanto él como el país no creían posible.
Él, porque confiaba que con el anunciado rechazo de APP a la medida y la distancia frente aquella del FREPAP, le alcanzaba. El país, convencido que, en un escenario de pandemia con decenas de miles de muertos, una difícil situación económica y del empleo por los próximos años, así como un proceso electoral ya convocado y en curso, resultaba irracional un cambio de este calibre; máxime cuando el Ministerio Público ya se encontraba investigando el caso.
Sin embargo, entre el 2 de noviembre y anoche, desde distintos frentes se acabó de construir el escenario que terminó con la gestión de Martín Vizcarra. Confluyeron diversos sectores. Desde aquellas agrupaciones políticas con intereses particulares y de corto plazo, en un Congreso donde cerca de 70 de sus integrantes tienen historia judicial más o menos frondosa, pero no tienen problemas en descubrir la incapacidad moral de terceros, hasta sectores del Ministerio Público interesados en «asegurarse» el caso del exmandatario, quienes siguiendo una práctica tan instituida como condenable, filtraron a los medios las presuntas comunicaciones del aspirante a colaborador eficaz José Hernández y el ex gobernador moqueguano. Con ellos, el Club de la Construcción, interesado en bloquear los juicios que los afectan —a ellos y a muchas de las empresas que los supervisaban como ATA y CESEL Ingenieros— como parte de los pasos que urgen para recuperar su poder, así como buena parte de los medios de comunicación que el domingo pasado, buscaron repetir su perfomance de la primera vacancia.
Como era previsible, la decisión generó una ola de indignación y protesta contra una de las instituciones más criticadas y resistidas los últimos años. La presencia espontánea de grupos de manifestantes en las calles y los pronunciamientos de distintas organizaciones de la sociedad civil fueron inmediatos y coincidentes en la condena y en la expresión de los temores que produce una institución que actúa irresponsablemente.
Es evidente que la correlación que vacó a Martín Vizcarra termina tras la juramentación de Manuel Merino como nuevo Presidente. En el mejor de los casos, se expresará quizá apenas en la conformación del nuevo gabinete que sea cual fuere su composición, tendrá que disponer de tiempo para armar la gestión del Estado que pretendan, cualquiera que ésta sea, con el agravante de la ratificada demostración de fragilidad de la institución presidencial que hoy podrá afectar a Merino, quien ayer la usó entusiastamente y sin dudar.
Como resulta obvio, el cambio de gobernante no resuelve el desplome de nuestro sistema político que en cuatro años ha asistido a la vacancia de dos mandatarios, el suicidio de un tercero, el cierre de un Congreso y la instalación de uno nuevo con las mismas viejas mañas, la santificación de los aspirantes a colaboradores en el santoral de la judicialización de la política y las diarias luchas por el protagonismo mediático de fiscales más interesados en segundos de pantalla que en acusaciones fundadas ante el Poder Judicial. Tampoco mejorará la gestión de la pandemia con un aparato de salud que seguirá siendo el mismo con idénticas precariedades y carencias. Menos aún el manejo de la economía, donde los grupos de poder continuarán imponiendo su «normalidad». En otras palabras, el curso de vaciamiento de contenido de la democracia y la política continuará su marcha porque la crisis no es resultado de un actor movilizado y presionando por el orden de las cosas, es apenas el desplome de lo ya totalmente desgastado.
La presencia de jóvenes en las calles, las voces de protesta de diversos sectores de la sociedad y la crítica frontal de varias/os de los/as aspirantes del 2021 es importante y tendrá sentido si se organiza y se sostiene. Si es capaz de garantizar, como mínimo, que se cumpla el cronograma electoral y las condiciones elementales para que el futuro gobierno y Congreso tengan la legitimidad social y política para enfrentar el difícil escenario en el que llegaremos al Bicentenario. La ciudadanía y sus organizaciones tendrán el desafío de vigilar y enfrentar las consecuencias de esta vacancia, e impedir que el Estado devenga en parálisis y botín como puede ocurrir dada la precariedad e incertidumbre que atravesaremos los próximos meses.
desco Opina / 10 de noviembre de 2020
