Prudencia legal ante problemática en la Oroya
Por Ángel Arroyo Sánchez
Hoy que se cumplen 40 años de la Reforma Agraria, donde según estimaciones el Perú perdió 19.000 millones de soles, la reflexión sobre este periodo histórico quizá pueda hacernos comprender qué errores no deben cometerse en torno a la problemática en la Oroya. Y es que, perdido el diálogo entre el gobierno y la minera Doe Run ―corroborado ayer por el congresista Jorge Del Castillo, facilitador del diálogo en este tema— el siguiente paso, que supondría la administración de la empresa, amerita que el gobierno asuma una actitud prudente, la cual permita encontrar mecanismos legales para que esta situación no parezca una expropiación o una concesión de la minera. Hay que recordar que en toda concesión el Estado firma un convenio de estabilidad jurídica, por lo que el gobierno debe actuar con cautela y así evitar futuros procesos ante una corte internacional.
Por otro lado, luego de la reunión que sostuvieran ayer los dirigentes de los sindicatos de la empresa Doe Run, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, el presidente de la región Junín, Vladimiro Huaroc, y el congresista Jorge del Castillo, se supo por algunos dirigentes sindicales que el gobierno declararía en breve la quiebra de la minera y con esto la posibilidad de que, mediante una salida legal, la administración del complejo metalúrgico quede en manos de los trabajadores. Un desenlace así se asemejaría tanto a lo sucedido en 1969, cuando en plena ejecución de la tan mentada reforma de Velasco, a medida que se incrementaba el número de hectáreas de tierras otorgadas a los campesinos, estos a su vez disminuían sus jornadas de trabajo y la producción agrícola.
Una mejor salida es juntar a los acreedores de Doe Run y proponer una administración más coherente. No se tiene que llegar al extremo de prometer el oro y el moro a los trabajadores con el fin de enfriar las protestas y con esto exponiendo al país a nuevas protestas en el futuro.
PAMA
Un aspecto que sin duda quedará relegado es el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual luego de estos peliagudos temas legales y sea cual fuese su desenlace, terminaría prorrogándose una vez más. Doe Run se negó a invertir un solo centavo más en este programa y más bien aconsejó al gobierno utilizar los US$25 millones del fideicomiso que tiene el Estado si Doe Run no cumplía con el PAMA. Esto deja al gobierno mucho más desconcertado y quizá sea el punto de inflexión para tomar una medida más drástica sobre la minera.
Pero lo importante ahora tanto para el comercio que transita por la Carretera Central como para los 3.500 trabajadores de la minera, es que se reinicie cuanto antes las operaciones en el complejo metalúrgico.
