Finalmente, el gobierno anunció un conjunto de medidas para combatir la pandemia que parecía haber amenguado desde octubre. Desde fines de diciembre la curva de muertos empezó a incrementarse, la relación entre el número de hospitalizados y las camas UCI con ventilador ocupado mostraba un preocupante aumento, mientras el número de casos activos ya no aparecía en descenso y, simultáneamente, las pruebas que se aplicaban también disminuían. El denominado factor Rt, que mide el potencial de propagación del virus —el número efectivo mayor a 1 indica el riesgo de perder el control de la pandemia—, empezó a crecer en distintas regiones y en el país. La movilidad de las personas, la apertura de la economía con protocolos difíciles de controlar y las fiestas de fin de año incidieron, sin duda.
El incremento del número de contagios ocupaba espacio creciente en los medios, evidenciando que no obstante el tablero de control de la pandemia —el Grupo Prospectiva del MINSA elabora y publica los indicadores necesarios— no habían decisiones claras, confiando, quizá, en que se había alcanzado la inmunidad de rebaño y se empezaba a avanzar en la compra de la vacuna.
La ministra de Salud, presionada por los números y los medios, empezó el año alertándonos sobre un posible rebrote, «para darle algún nombre», según dijo. La Defensoría del Pueblo puso su dosis de presión, advirtiendo al inicio de la semana que en Lima y Callao quedaban apenas seis camas UCI con ventilador y que en distintos centros hospitalarios se encontraban decenas de pacientes aguardándolas. En este escenario, la ministra Mazzetti, a menos de una semana de su declaración anterior, aceptó que estamos enfrentando ya una segunda ola del COVID-19, como viene ocurriendo en buena parte del mundo.
Así las cosas, conferencia de prensa mediante, el gobierno anunció el miércoles 13 de enero, las medidas que se adoptarán entre el 15 y el 31 del mismo, para hacer frente a la situación. El mandatario explicó que las mismas se sustentan en un tablero de control que combina indicadores sanitarios y epidemiológicos con otros económicos, como la situación del PBI y el empleo. Punto sin duda a favor del Ejecutivo que, sin embargo, pierde parte importante de su fuerza porque no se dice nada sobre cómo se pondera específicamente cada uno de los indicadores empleados. Difícil saber entonces cómo se combinan salud y economía en el nuevo escenario. Más difícil de entender por qué, contando con el tablero de control, no se anunció un monitoreo transparente y diario que involucre a ciudadanas y ciudadanos en un esfuerzo que los tiene como actores centrales.
En base a tales indicadores, el Presidente Sagasti y la Primera Ministra, identificando las situaciones particulares que existen en las distintas regiones del país, nos mostraron un semáforo que identifica tres niveles de alerta
—moderada, alta y muy alta— en base a las cuales se establecen restricciones de movilización de las personas y porcentajes de aforos en diversas actividades económicas. Segundo punto a favor del Ejecutivo que se propone una estrategia focalizada y en ajuste permanente. Pierde también parte de su fuerza porque al desconocerse la ponderación de los indicadores, resulta incomprensible, por ejemplo, por qué Lima Metropolitana y Callao están en el nivel de alerta alta y no en el de muy alta, dados los números sanitarios y epidemiológicos que muestran, no obstante sus claras ventajas de equipamiento y acceso.
Todo indica que es el peso de Lima Metropolitana y Callao en la economía nacional lo que explica su ubicación en ese nivel. Es decir, la economía primando sobre la salud a pesar de la voluntad gubernamental de mostrar lo contrario. Como no hay reactivación con pandemia, es obvio que aquella también se verá afectada. En esa dirección, aunque todavía hay tiempo para corregir, es sorprendente que no se dijera nada sobre un nuevo bono universal, porque la compensación es un derecho en este escenario, donde buena parte de las medidas se descargan sobre la gente, pero también porque reactiva la economía que sufre por falta de demanda, lo que ya es notorio. Parece que los miembros del Ejecutivo no han registrado el malestar que sigue generando la entrega del Bono Universal anterior.
Independientemente de las luces y sombras de las medidas gubernamentales, lo que genera preocupación e incomodidad es la limitada capacidad de comunicar evidenciada una vez más por el Presidente y sus ministros, que sólo atinaron a precisar desordenadamente las medidas ante las preguntas de los periodistas, transmitiendo una imagen de debilidad e indecisión, que refuerza su fragilidad.
desco Opina / 15 de enero de 2021
