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El 2012 un grupo de comunidades en Puno realizó una gran protesta en contra de la empresa Bear Creek Mining Corporation que iniciaría una exploración en sus tierras para extraer plata. Tras largas semanas de violentas manifestaciones, el gobierno derogó la norma que favorecía la operación de Bear Creek y el proyecto Santa Ana se canceló. La empresa inició en 2014 un arbitraje internacional contra el Estado peruano, que ganó luego de un extenso proceso; sin embargo, en 2018 tuvo que renunciar a la concesión. El principal líder de la protesta, Walter Aduviri, fue condenado a siete años de prisión. Hace poco, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) nuevamente vulnera el derecho de otras comunidades aymaras que no quieren que el extractivismo sea parte de su desarrollo, ni económico ni cultural.