Se afecta confianza de la ciudadanía en sus autoridades y perjudica imagen del país. El país urge investigaciones rápidas y concretas para sancionar actos ilícitos y evitar impunidad

Ante la gravedad de los audios que involucran en presuntos actos ilícitos  a tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y al titular de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) demandó el inicio inmediato de investigaciones que individualicen las responsabilidades y la aplicación de las más drásticas sanciones que correspondan.

Pedido efectuado por el jefe de Estado, para que el Congreso de la República remueva a los miembros del CNM involucrados en casos de corrupción, será visto durante la sesión de junta de portavoces que se efectuará hoy

El compromiso de todos los poderes del Estado así como el rechazo a cualquier forma de corrupción, reafirmó esta tarde el presidente de la República, Martín Vizcarra, al culminar la reunión del Consejo de Estado realizado en Palacio de Gobierno.

Cesar Hinostroza PariachiHinostroza despacha

Por IDL-Reporteros

con la colaboración de Justicia Viva (*).-

Nuevos audios revelan cómo el juez supremo César Hinostroza discute sobre un caso de violación a una menor en el que parece contemplar una reducción de pena o incluso absolución; mientras que en otro coordina con un ex juez una aparente reunión utilitaria con el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Orlando Vasquez Medina
 Orlando Vasquez Medina

Una serie de audios revela lo que se sospechaba: una pestilente mafia enquistada en la cúpula del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según informa IDL-Reporteros, con la colaboración de Justicia Viva, en las conversaciones se escucha tratos delincuenciales perpetrados por algunos de dichos magistrados, que han convertido a dicha magistratura en un corral de compra y venta de favores y delitos, entre ellos trampas en exámenes de jueces y fiscales, el conflicto de intereses, manipulación de sentencias en varios casos judiciales sobre crimen organizado e incluso en por lo menos un caso de abuso sexual de menores de edad.

Keiko Fujimori, quien debe responder por denuncias sobre financiamiento ilegal a su partido político, se opone a que estos actos sean tipificados como delito, con lo cual sólo sigue el comportamiento de su padre, Alberto Fujimori, cabecilla de la banda delincuencial fujimorista, quien utilizó al Congreso como tapadera de sus múltiples correrías delictivas.

PJ excluye a consorciadas de investigación del caso Interoceánica
      
Las empresas consorciadas de la constructora brasileña Odebrecht ya no serán incluidas en la investigación por el caso de la Carretera Interoceánica, a cargo del Equipo Especial del Ministerio Público.
 
La Primera Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional decidió, por mayoría, fallar a favor del pedido de la defensa de Graña y Montero, G y M S. A., JJ Camet y Contratistas Generales S. A., para ser excluidas de la investigación.
 
Según la resolución del viernes 22 de junio, la sala decidió revocar la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de incluir a las consorciadas en la pesquisa.
 
Además, declararon improcedente el pedido del fiscal Hamilton Castro para incorporar a dichas personas jurídicas. Esto sin perjuicio de que vuelva a formularse el pedido.
 
En diciembre del año pasado, el Ministerio Público realizó la solicitud ante el Poder Judicial.
 
Las constructoras consorciadas a Odebrecht se adjudicaron la construcción de la carretera Interoceánica. La compañía brasileña admitió haber pagado 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo Manrique para verse favorecida en la adjudicación del proyecto.
 
Para la Fiscalía, los exdirectivos de las cuatro constructoras consorciadas Gonzalo Ferraro, Hernando Graña, Fernando Camet y José Fernando Castillo Dibós “tomaron la decisión” de pagar una coima a Toledo a través de sus utilidades. ❧
 
La Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato solicitó en diciembre del año pasado incluir a las constructoras consorciadas como terceros civil responsables en el proceso.
 
 
Con información de La República