El congresista Daniel Salaverry, quien hoy puede salir elegido como nuevo presidente del Congreso, hasta ahora no ha aclarado la denuncia de Perú.21 y otros medios que cuando era gerente general de la empresa DSV Constructores en La Libertad empezó a endeudarse con el Estado. Hasta la fecha, según las denuncias, la empresa le debe al Tesoro Público, EsSalud y ONP un total de S/ 1’089,243.

El 26 de diciembre pasado, alrededor de las 3 y 30 de la tarde, el juez supremo César Hinostroza, en la fecha presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria Suprema, sostuvo un diálogo con un interlocutor no identificado en el que, apenas dos días después del indulto, menciona a un (o una) Fujimori, sin precisar el nombre. Dos días antes, Alberto Fujimori había sido sorpresivamente indultado por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Las expresiones de protesta fueron intensas y llevaron poco tiempo después a la renuncia de Kuczynski ante la certeza de su inminente destitución.

El congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry Villa, fue elegido mediante el voto de sus colegas, presidente del Congreso para el periodo anual de sesiones 2018-19.

La participación de Yeni Vilcatoma en la mesa directiva es una violación del reglamento del Congreso, pues ella había renunciado a la bancada fujimorista y hasta ayer se proclamaba independiente. El fujimorismo la readmitió sin seguir los procedimientos regulares, por tanto, no debería integrar la mesa directiva.

Al suspendido juez supremo César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo se les vuelve  a escuchar en un nuevo audio y se refieren al  fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos.

Hinostroza se comunica con el dueño de Iza Motors en busca de prensa a favor del actual titular de Chpavarry porque se sabía  que este iba a suceder a Pablo Sánchez Velarde. Hinostroza dice a Camayo Valverde que están tratando nada menos que del “futuro fiscal de la Nación”.

clinica Ricardo PalmaFiscalía impidió sanción a la clínica

Las explosiones que sorprendieron ayer en la clínica española Ricardo Palma en San Isidro son un acto de venganza por la muerte de la madre de los dos autores del ataque, tras años de no conseguir justicia por la negligencia médica que desencadenó primero un cuadro de deterioro de salud de la mujer y su posterior muerte.