El último domingo el Ministerio Público informó que el fiscal José Domingo Pérez abrió diligencias preliminares en contra de tres expresidentes y otros: Alejandro Toledo (y Avraham Dan On), Pedro Pablo Kuczynski (y Susana de la Puente), además de Alan García (y Luis Alva Castro); todo esto en el marco del megacaso Odebrecht.

Por unanimidad, el Pleno aprobó modificar la Ley General del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros a efecto de incluir en el control y fiscalización a las cooperativas de ahorro y crédito. El texto final fue consensuado por las Comisiones de Economía y de Producción. Obtuvo 92 votos a favor.

Güido Lombardi dijo al sustentar el texto sustitutorio (quedó en un cuarto intermedio el 7 de junio último) que el espíritu de la norma es dar medidas prudenciales para que esas cooperativas operen en condiciones más seguras y dentro de un necesario marco regulatorio.

Documentos oficiales muestran el despilfarro publicitario durante el corto período del Gobierno de PPK.

Los 17 meses que duró el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se caracterizaron no solo por los problemas con el Congreso,  la casi nula reconstrucción del país y la ineficaz reactivación de la economía, sino también por el excesivo gasto en publicidad estatal.

El parlamentario y otros representantes del Apra, son investigados por los presuntos aportes de dinero provenientes del narcotráfico que recibió el partido para financiar su campaña en 2011.

La Fiscalía, a través de la fiscal Manuela Villar, solicitó el levantamiento del secreto bancario del congresista Mauricio Mulder, en el marco a los presuntos aportes de dinero provenientes del narcotráfico que recibió el Partido Aprista Peruano (Apra) para financiar su campaña en 2011, según dio a conocer el portal Convoca.pe.

Walter Jibaja Alcalde, coronel en retiro del Ejército Peruano,  e influyente dirigente del partido Fuerza Popular, fue nombrado jefe de la oficina de Prevención y Seguridad del Congreso en agosto de 2016 y desde entonces el número de agentes de seguridad contratados por este poder del Estado se ha incrementado hasta llegar a los 174 trabajadores en esta área, según una lista actualizada hasta abril del presente año.

Uno de los principales retos que planteó el gobierno de Martín Vizcarra fue el del crecimiento económico. Al respecto, se anunciaron, y en algunos casos, se aplicaron una serie de medidas como el alza del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la eliminación de las exoneraciones tributarias a algunas empresas, una mayor inversión del gasto de capital en materia de reconstrucción, entre otras.