Contaminación ambiental por derrame de petróleo
Contrario a lo señalado recientemente por la Gerenta de Gestión Social y Comunicaciones, el pasado abusador y el presente de criminalización de la protesta nos indican que Petroperú se prepara para un tiempo de régimen severo y de temer.
Aunque el jueves 31 de octubre la reunión no salió como se esperaba, el pueblo le dio vuelta a la situación. Ese día, la cita entre comunidades quechuas del Pastaza y el subgerente de Gestión Social de Petroperú se frustró por problemas de salud del funcionario. Pero la asamblea, alrededor de 60 personas, aprovechó la presencia de otros representantes de la empresa para expresar su frustración, rabia y malestar.
Hay varios acumulados en esta historia, pero lo que sobrepasó la paciencia de la población son dos denuncias fiscales y una en la Comisaría de Datem del Marañón (que terminará yendo a la Fiscalía) de Petroperú contra comuneros y comuneras. Una de las denuncias es contra ocho personas, por cargos tan severos (secuestro, coacción, robo y otros) como injustos e infundados (se denuncia a líderes que no estuvieron al momento de los hechos imputados) con el solo objetivo de criminalizar la protesta y amedrentar.
“Quieren sacar petróleo a cambio de encarcelar indios”, reclamó Clever Cruz, de Nuevo Andoas, en la asamblea. “¿Para qué quieren entrar por treinta años? ¡Para meternos a la cárcel!”, gritó Imelda Chung, advirtiendo lo que les puede ocurrir a las comunidades cuando Petroperú asuma el Lote 192 en abril del 2020. “Nos denuncian penalmente, quieren que no reclamemos”, dijo Tedy Maca, Apu de Nuevo Andoas y uno de los denunciados, que durante los hechos imputados estaba en su chacra.
Petroperú anunció a la asamblea que cambiará su relación con las comunidades -ofrece proyectos- asegurando que las cosas irán mejor. Así también lo ha anunciado públicamente Beatriz Alva Hart, gerenta de Gestión Social y Comunicaciones de Petroperú[1]. Pero las comunidades no le creen, pues tienen suficientes y legítimos elementos para desconfiar.
BREVE CRONOLOGÍA COMENTADA DE UN DERRAME DE PETRÓLEO
25/5/2018: Al amanecer, Tedy Guerra sube al peque peque con su familia para ir a la chacra. El río esta fuerte y crecido, por eso él está concentrado en la correntada. A pocos minutos su hijo grita: ¡Petróleo! Aguas, palizadas y vegetación de orillas están cubiertas por borras y grandes manchas de crudo. El cauce del Pastaza arrastra el petróleo desde territorio de Titiyacu hacia Porvenir, Nuevo Andoas, Jardines, Vencedores y otras comunidades de la parte media de un río que alcanza más de 300 kms. En una nota de prensa Petroperú califica el hecho como “presunta fuga de crudo”; al inicio no quiere reconocerlo, pero ocurrió en el km 12 del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano.
1/6/2018: En comunicado oficial[2] la empresa habla solo de “manchas oleosas”. Anuncia que su “área de intervención” comprende 12 comunidades, 739 familias y 3,765 pobladores. Anuncia también que “ha decidido de manera preventiva y mientras dure la investigación sobre el origen de las manchas oleosas compartir el agua que se consume en la Estación Andoas con las comunidades cercanas” (subrayado nuestro). ¿De manera “preventiva”, cuando el derrame está en su peor momento? ¿Primero son “las investigaciones” y una vez que conoce lo que ocurrió recién atenderá a la población? ¿”Compartir” cuando de acuerdo al Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (DS 081-2007-EM), en el Anexo 4, Título 3, Inciso 3.2, proporcionar agua potable en estos casos es obligación de la empresa operadora? ¿”Comunidades cercanas” cuando es su obligación hacerlo con todos las comunidades afectadas, algunas de ellas a varios días de distancia en peque peque?
4/6/2018: La empresa titula su nota de prensa “PETROPERÚ traslada preventivamente agua envasada a comunidades de Andoas” (subrayado nuestro), y anuncia que son 1,454 cajas de agua de 20 litros cada una. Efectivamente, solo “traslada”. Como informaría luego el Observatorio Petrolero, para el 10 junio llegaron a Andoas solo 230 cajas[3].
5/6/2018: En su comunicado 016-2018 Petroperú informa “Andoas ha impedido hoy las tareas de reparación, limpieza y remediación, las cuales se han tenido que paralizar por la actitud violenta de la comunidad”. Primero hay que señalar que Petroperú no hace remediación, solo aplica planes de contingencia (limpieza). Segundo, ¿Esa supuesta denuncia de violencia no parece más una justificación que un informe real? ¿No demuestra más bien, con los antecedentes que vemos, incapacidad y pésimo manejo de un problema socio ambiental?
10/6/2018: Recién, terminadas sus “investigaciones”, en asamblea, Petroperú se compromete a iniciar las atenciones[4] que reclamaba la población: agua, alimentos y medicinas. Pero el 17 de julio, las autoridades de Andoas continuaban sus reclamos:[5] “Han entregado agua solo hasta el 21 de junio, en adelante no han entregado”, dijeron las autoridades en asamblea a Petroperú. “Es una vergüenza que nos den dos latas de atún para cada familia. No somos mendigos, somos dueños de nuestro territorio y ustedes lo han dañado”, les dijo aquella vez el apu de Alianza Topal, Edinson Sánchez.
MalquiaDahua, monitora ambiental de FEDIQUEP y agente municipal de la comunidad Porvenir, recuerda hoy que el compromiso de Petroperú no se cumplió. “Entregaron tres veces agua y alimentos una sola vez” cuenta. En esas reuniones tras el derrame, Petroperú incluso ofreció a la población trabajo en el Ramal Norte del Oleoducto Norperuano, pero esto tampoco se cumplió. Quizá la promesas solo fueron “antalginazos”, como llama la población a los compromisos de la empresa. Lo real es que a más de un año de los hechos, ninguna institución sabe si Petroperú cumplió o no con sus compromisos, si lo que hizo fue en el marco del derecho o no, si lo que se hizo se hizo bien o no.
TRABAJAR DURO POR UNA LUZ MEZQUINA
Cuando don Miguel Zúñiga era Apu de Nuevo Andoas en los años noventa (a sus 77 años no puede recordar el año preciso), recibió una donación desde el lejano municipio de Ushpayacu: Un generador eléctrico para iluminar la comunidad por las noches. Faltaba conseguir combustible, algo que debería ser fácil porque quienes extraen petróleo de sus territorios son vecinos. Pero no fue nada fácil.
Primero se pidió combustible a la operadora del lote, Occidental PetroleumCompany, pero esta se negó. La opción siguiente fue Petroperú, y esta aceptó, “pero no va a ser gratis, va a ser pagado”, cuenta Tedy Maca que les respondieron.
La gente le decía “la tarea” y todos -hombres y mujeres, niños y niñas- la cumplieron. Hoy, todos recuerdan en Nuevo Andoas esos trabajos, salvo los más jóvenes. La tarea consistía en desbrozar el área del campamento de Petroperú y limpiar la zona industrial, sin protección ni preparativos.
“Así nomás nos hacían trabajar, como ellos ordenaban así cumplíamos, sin máscara, nada, directo. Mano toda sucia. Un olor fuerte. Cuando mediodía, calor, [dolor en] la cabeza”[6], cuenta don Miguel Zúñiga, que se toma la cabeza con las manos para evocar el malestar por la exposición a gases tóxicos.
“Los más difícil era cuando te llevaban a la estación de bombeo, sin máscara, sin casco, sin botas, porque eso se tomaba como pago por la luz que nos daban. Pero no era una luz buena, sino mezquinando. Venía y se apagaba, se prendía solo una, dos horas. Pero tú debías pagar exacto”[7], recuerda Tedy Guerra. Él nos dice que estuvieron trabajando así varios años, hasta antes del cambio de operador a finales del noventa. Unos calculan que fueron tres años de la tarea, otros seis.
En ese momento, MalquiaDahua tenía 18 años y una hija pequeña. Ella también trabajó, como otras mujeres: “Lo más difícil era ahí, donde tienes que trabajar con protección, donde estaba el crudo, pero nunca nos han dado la seguridad”. Malquia conserva en su tobillo una cicatriz de cinco puntos por el corte de un machete durante esas faenas. Cuando le pregunto sobre qué piensa ahora de ese trabajo, me dice que lo ve injusto, “nos explotaban, era nuestro derecho [tener energía eléctrica], era una estafa porque no sabíamos qué era nuestro derecho”[8].
Contaminación ambiental derrame de petróleo
EL PACTO ENTRE PETROPERÚ Y LA POLICÍA
En el año 2015 Petroperú adquirió la primera opción de operador del Lote 192, y lo será el próximo año, cuando concluya el actual contrato de servicios. Este privilegio se lo debe a una ley impulsada por una alianza establecida por el ala petrolera de la izquierda (liderada por el excongresista Manuel Dammert), el gobernador regional de Loreto de ese momento, Fernando Meléndez (ex trabajador de petroleras) y grupos indígenas apadrinados por Meléndez. Uno de los principales argumentos de esa alianza fue que, al ser Petroperú una empresa nacional “estratégica”, debía operar el lote petrolero más importante del país, por interés nacional. Ahora, que sabemos más de esta empresa cabe preguntarse ¿Este es el comportamiento que se permite a una empresa “estratégica” y “nacional”?
En marzo de 2018, Petroperú y el Ministerio del Interior firmaron un convenio para la implementación de un “Plan estratégico” de control policial en zonas de infraestructura de la empresa, que invertirá 25 millones de soles en sus dos primeros años. Allí se consigna la construcción de comisarías, el desplazamiento de personal policial a territorios indígenas y otros mecanismos de nombres absurdos como “patrullaje terrestre intercultural”. Claro, en ese convenio se señala que la comunidad de Nueva Andoas tendría su comisaría. Por si eso no fuera suficiente, la gerenta de Gestión Social también ya ha anunciado un próximo convenio entre la petrolera nacional y las Fuerzas Armadas[9].
Estas cuestionables prácticas y políticas hacen que, como prevén los quechuas del Pastaza, el futuro en los territorios indígenas sea preocupante. Esto no es un asunto que se resuelva con una mano regalando proyectos y convenios, y con la otra encarcelando. (Todo esto además se hace más complejo ante los recientes anuncios y desórdenes al interior del Estado[10] respecto a la Consulta Previa del Lote 192; tema sobre el cual las federaciones indígenas de la zona han marcado posiciones firmes[11]) Entonces, no es por gusto que las comunidades indígenas no le crean nada a Petroperú o al Estado peruano. Finalmente, parece que otra vez el imperio de la fuerza (atropello de derechos, denuncias, comisarías, consultas previas que no lo son u otros) será la línea de “relaciones comunitarias” que buscará imponerse como un guion repetido, sistemático, a lo largo de la historia del Perú. Los pueblos ya han anunciado que no lo permitirán.
NOTAS
[4] Ídem.
[6] Entrevista personal.
[7] Entrevista personal.
[8] Entrevista personal.
Renato Pita Zilbert
Asesor de la plataforma PUINAMUDT. | NOTICIAS SER
Diario Uno, 28.11.2019
