En la lucha contra el coronavirus COVID-19, el Estado y la ciudadanía están haciendo su parte, pero hay una minoría de la población que destruye los avances, como son quienes contaminan los espacios públicos sin que haya sanciones efectivas que deben aplicarse, pues no les interesa respetar a la vecindad ni a la ciudad.
Foto: dpa
Escupidores
Es un asco ver que en las veredas cercanas a tiendas y centro comerciales se han multiplicado los escupitajos, en especial, hay muchos venezolanos que practican esta nausabunda costumbre y dejan gargajos repugnantes por todas partes, hasta en los hospitales. Las municipalidades gastan en desinfectar y estos sujetos vuelven a la carga.
Paseadores de perros
Hay otra gente sucia, la que pasea a sus perros o los deja sueltos, desentendiéndose de las heces de estos animales, lo cual crea insalubridad en vías y parques. También debe multarse a los dueños que permiten que los perros orinen en paredes, postes y veredas.
Dueños de gatos
Hay muchos dueños de gatos que no les importa que sus mascotas salgan a defecar por los techos de la vecindad invadiendo propiedad ajena, donde pueden contaminar y llevar enfermedades.
Si los dueños de mascotas persisten pese a las multas, tal vez sería hora de pensar en la eutanasia para estos animales.
Basura
Por último, quiene arrojan basura en lugares, forma y hora inapropiados, ensuciando las calles. Incluso hay primitivos que no sacan su basura después que pasa el camión recolector y en lugar de abstenerse de dejarla en la calle, la echan a los pequeños basureros de parques, que sólo son para residuos menores, como envolturas de golosinas, papeles. etc.
Meones
Prácticamente todos son hombres que en algunas zonas orinan impunemente, por ejemplo bajo los puentes peatonales, con lo que crean hedores cerca de los paraderos, así como otros lugares.
Urge que las municipalidades dejen su pasividad o incapacidad, como la municipalidad de La Molina y otras, y comiencen a imponer multas a estos enemigos de la salud pública y el ornato, las cuales deberían ser gradualmente aplicadas hasta llegar a ser altas, y deberían cobrarse efectivamente, sin lugar a condonaciones.
Además, debería abrirse un registro de estas personas para que la ciudadanía, empresas, familiares y hasta el Estado cuando busca empleados, los conozca para que evite contratarlos.
