Trafigura y Renco se enfrentan por Doe Run en Indecopi
Por Ernesto Linares Mascaro
Ayer en la mañana, se realizó la audiencia de la Sala de Defensa de la Competencia N.º 1 del Tribunal del INDECOPI sobre las solicitudes de reconocimiento de crédito de Doe Run Cayman Limited y del Ministerio de Energía y Minas en Doe Run Perú SRL. Esto dentro del marco de la convocatoria de la junta de acreedores en donde se presentará un plan para reestructurar a Doe Run Perú SRL, empresa que tiene como activos al Complejo Metalúrgico de La Oroya y a la mina Cobriza, ambas en la región Junín. El Complejo Metalúrgico de La Oroya está paralizado desde el 3 de junio del 2009.
La Sala está presidida por Héctor Tapia.
En las afueras del local, habían unas 500 personas, entre trabajadores, familiares y sociedad civil de La Oroya, todos a voz alta, prestando el apoyo al plan de reestructuración de Doe Run Cayman para el pronto reinicio de operaciones del Complejo Metalúrgico, pues necesitan el trabajo aunque en la actualidad cobran el 70% de su sueldo.
Los alegatos de Doe Run Cayman
Consorcio Minero SA (Cormin) subsidiaria peruana de la holandesa Trafigura Beheer BV, uno de los mayores traders de metales en el mundo, se opone a que Doe Run Cayman Ltd ingrese a la junta de acreedores, porque tienen diferentes planes sobre el destino de Doe Run Perú.
Tanto Doe Run Cayman Ltd como Doe Run Perú son subsidiarias de Renco Group, una empresa que pertenece al norteamericano Ira Rennert.
Doe Run Cayman Ltd tiene un acreencia de US$ 139 millones contra Doe Run Perú SRL que parte cuando el 2002, Doe Run Perú le pidió al Banco de Crédito Overseas que ejerciera la garantía que tenía sobre su acreencia, de tal manera que se cobro y la acreencia fue transferida a Doe Run Resources. Esta acreencia, en relaciones entre empresas vinculadas a un mismo grupo económico, pero independientes entre sí, fueron transferidas a Doe Run Cayman Holdings y ahora a Doe Run Cayman Ltd, narró Fernando Martinot, abogado de Doe Run Perú. Dijo que si bien, Cormin había logrado una medida cautelar en el Poder Judicial para que Doe Run Cayman Holdings no participe en la junta de acreedores, esto no invalida a que Doe Run Cayman Ltd no participe en la mencionada junta, porque se trata de una persona jurídica diferente, además que una medida cautelar no implica una sentencia sobre el derecho a juicio.
Martinot aclaró al tribunal que la competencia del Tribunal es sólo resolver la competencia de la acreencia de Doe Run Cayman Ltd, cuyo origen es la deuda con el Banco de Crédito Overseas.
Jorge Muñiz, abogado de Doe Run Cayman, dijo que el problema empezó hace 4 años cuando algunos funcionarios del gobierno anterior se prestaron para presentar a Doe Run como una empresa que no cumple con sus compromisos. Muñiz citó a Pedro Pablo Kuczynsky, quien declaró que hay unos buitres que están detrás de Doe Run, “… pues estos buitres, están dispuestos a reestructurar la empresa, pero sin Doe Run”. Muñiz dijo que Doe Run Cayman tiene un plan de reestructuración, con inyección de dinero fresco, que presentará a la junta de acreedores y de ser aprobado, se pagará en 5 años las deudas a todos los proveedores. También dijo que Doe Run Perú tiene el 85% de sus trabajadores en planilla, lo que es un mal ejemplo para el resto de mineras y por eso quieren desaparecer a Doe Run Perú.
Según los Estados Financieros auditados por una firma internacional, el patrimonio de Doe Run Perú es de US$ 1,000 millones, tiene un capital suscrito y pagado de US$ 260 millones y los acreedores quieren tomar el control de todo ese patrimonio con sólo un desembolso mínimo, aclaró Martinot al tribunal. Presentó el caso de Cormin, que teniendo una acreencia de US$ 24 millones, aumentó a US$ 30 millones comprando la deuda a otros acreedores porque quiere tomar el control de la junta de acreedores con la finalidad de liquidar la empresa.
Guillermo Puelles, abogado de Cormin, dijo que su representada se opone a que se le reconozca la acreencia a Doe Run Cayman Ltd porque está es de US$ 139 millones, con lo que tomaría el control de la junta. La deuda a los proveedores es de US$ 110 millones y Cormin sólo tiene US$ 30 millones, por lo que le sería imposible tomar el control de la empresa. Si se le reconoce la acreencia a Doe Run Cayman, explicó Puelles, entonces los dueños de Doe Run Perú seguirían en el control de su misma empresa, pues Renco Group es dueña tanto de Doe Run Perú como de Doe Run Cayman. Para Puelles, esta acreencia es fraudulenta.
Para sustentar que hay delito en el accionar de Doe Run, Puelles afirmó que Cormin ha presentado al tribunal un informe especial de la firma contable BDO, que existe un peritaje oficial pedido por el fiscal que concluye que hay delitos y hay un informe de José Ugaz en donde afirma que existen hasta 6 delitos, pues en Perú está prohibido extraer el capital social de la empresa para cancelar el préstamo que obtuvieron para adquirir sus acciones y ese préstamo es el origen de la actual acreencia de Doe Run Cayman, sustentó Puelles.
Aurelio Loret de Mola, también abogado de Cormin, dijo que no cree en el plan de reestructuración de Doe Run Cayman y que probablemente, Doe Run Perú no honre sus deudas a sus proveedores.
Muñiz dijo que ya se ha invertido US$ 480 millones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, que tiene la segunda planta de tratamiento de agua más costosa de Latinoamérica, de tal manera que ahora, el agua que llega al Mantaro es limpia. Declaró que lo que quiere Cormin y Trafigura es liquidar la empresa para apoderarse de la mina Cobriza, que por si sola vale US$ 500 millones. También dijo que Claude Dauphin, fundador y Gerente de Trafigura, está preso por contaminación con materiales químicos en Costa de Marfil.
Martinot dijo que el temor de Cormin de que no se les cancele las deudas es sólo una presunción y no debe ser tomada en cuenta. Además, que los informes de BDO y otros elaborados por Cormin, fueron realizados por información publicada en la Security Exchange Comission (SEC) de Doe Run Resources y de los mismos Estados Financieros que le enviaba Doe Run Perú desde 1998 por cada contrato que hacía con Cormin, así que esta empresa sabía bien de los problemas de deuda y el origen de esta desde hace varios años y recién ahora presenta reclamos haciéndose la sorprendida, cuando pudo haberlo hecho antes.
Alegatos del Ministerio de Energía y Minas
La posición del Ministerio de Energía y Minas (MEM) fue sustentada por Agustín Montoya Lazarte, que propone se le reconozca como acreedor por la suma de US$ 163 millones por el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) que no ha cumplido Doe Run Perú y su sustento se basa en el contrato de privatización.
Fernando Martinot, abogado de Doe Run Perú, dijo que el plazo para cumplir el PAMA es hasta diciembre del 2012 según el contrato de privatización de 1997, así que esta demás que el MEM diga que hay un incumplimiento cuando el plazo todavía no se vence, además que según dicho contrato, el MEM no es titular y Doe Run debe conversar de este tema con Activos Mineros SAC, la sucesora de Centromin en el contrato. Además, que los US$ 163 millones es un estimado y no una suma concreta, pudiendo ser menor la cantidad necesaria a invertir para cumplir el PAMA.
Sobre la contaminación presente en La Oroya desde antes de que llegara Doe Run, eso se trata de una remediación dijo Martinot, que no está incluida en el PAMA porque este sólo ve la reducción de las emisiones futuras y no las pasadas. También pidió que el Estado cumpla con remediar los suelos de La Oroya, que está contaminado con plomo, arsénico y cadmio y eso lo que afecta a los niños.
Habla Huyhua
Juan Carlos Huyhua, Presidente y Gerente General de Doe Run Perú SRL, dio declaraciones a la prensa y a los manifestantes que apoyaban a Doe Run y que estaban afuera de la sede del INICTEL, donde se realizó la reunión del tribunal.
Les dijo que la finalidad de Cormin para que no se le reconozca la acreencia a Doe Run Cayman es que quiere liquidar la empresa para quedarse con la mina Cobriza. Dijo que Cobriza tiene reservas de cobre para 12 años más y un potencial para 10 años adicionales.
También le pidió al gobierno que asuma su responsabilidad en la remediación de los suelos, contaminados con plomo desde hace décadas.
“A todos les conviene que opere La Oroya, porque el país pierde con el pago de impuestos, pues los concentrados de minerales son exportados pero si se refina, tienen mayor valor agregado”, declaró Huyhua. Dijo que el bismuto se pierde en los concentrados que se van al extranjero.
Para el funcionamiento de La Oroya cuentan con un financiamiento de más de US$ 100 millones de Glencore, uno de los mayores traders de minerales del mundo, y con el apoyo de Renco Group, la matriz de Doe Run, mencionó Huyhua.
Finalmente, dijo que el accionista principal ha dicho que su deuda la esperará para cobrarla hasta el final, que quiere incluir a los trabajadores en la junta de acreedores, que las utilidades las usará para recapitalizar la empresa y pagar a los proveedores y trabajadores.
