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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) se reunió con la ministra de la Producción, Elena Conterno, para presentarle propuestas que impulsen la simplificación administrativa, mejoren la política arancelaria y promuevan el desarrollo de la micro y pequeña empresa (Mype).
El gremio empresarial, que viene liderando una campaña para eliminar las barreras burocráticas desde hace dos años, recordó ayer que las trabas administrativas impiden que el Perú añada hasta dos puntos porcentuales a su crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).
Refirió, además, que a 10 meses de vigencia de la Ley N.º 29060, Ley del Silencio Administrativo, se ha implementado en menos del 50%, habiéndose registrado mejoras en más de 2,500 procedimientos.
Detalló que, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al 10 de octubre de 2008, todos los ministerios han cumplido con adecuar sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) a la Ley del Silencio Administrativo.
Sin embargo, solo han cumplido con hacerlo, el 24% de los organismos públicos descentralizados e instituciones autónomas a nivel nacional. Según el detalle, la efectiva adecuación del TUPA a la Ley del Silencio Administrativo se registró en el 80% de los gobiernos regionales, el 32% de las direcciones regionales, 42% de los municipios provinciales y al 14% de las alcaldías distritales.
La CCL, reiteró que ha denunciado la existencia de barreras burocráticas en Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), y en las municipalidades, que durante el tercer trimestre de este año generaron el 98% de las barreras burocráticas identificadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Sobre este tema, el gremio empresarial planteó la constitución de una Comisión público–privada para analizar la legalidad y razonabilidad de los TUPA presentados, en especial, respecto de los costos por derechos de trámite.
Política arancelaria
Con relación a la política arancelaria, la CCL resaltó la necesidad de eliminar las protecciones efectivas negativas que son identificadas cuando los aranceles a los insumos son más altos que lo aplicado al bien final importado.
“Al ser más caro los aranceles de los insumos que lo registrado para el producto final, se estaría restando competitividad al producto nacional frente al importado, puesto que encarecería su estructura de costos, situación que conllevaría a que oferte con precios por encima de aquellos que ingresan de mercados externos”, manifestó.
Agregó que en la actualidad, existe alrededor de 84 partidas arancelarias que aún muestran protección efectiva negativa, a pesar de las últimas rebajas arancelarias que aprobó el gobierno.
Dijo que si bien el aspecto positivo en las medidas tomadas por el gobierno sobre el sector, se observaron con la reducción arancelaria para los bienes de capital, existen aspectos contradictorios como mantener altos niveles arancelarios para algunas partidas.
Problemática Mype
La CCL consideró que es necesario promover una ley sobre las empresas familiares, para normar especialmente su régimen laboral. La CCL refirió que la nueva Ley MYPE contiene avances importantes en materia laboral, tributaria y administrativa, pero no es la más adecuada para las empresas familiares, donde el 75% opera en la informalidad.
Asimismo, el gremio empresarial señaló que es necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) revisen las normas que regulan el Régimen Único Simplificado (RUS) y el Régimen Especial de Renta (RER), respecto de las limitaciones que tienen las microempresas para emitir facturas y para acogerse al nuevo RER.
