Las vacas gordas y los sueldos y salarios
Por Humberto Campodónico
En la época ya terminada de las vacas gordas, cada vez que se planteaba un aumento de salarios -ya sea de la remuneración mínima vital, de los salarios del sector privado o del sector público- la respuesta era siempre la misma: no se puede. Las razones eran varias: el aumento de sueldos es inflacionario; la Caja Fiscal no aguanta; los empresarios recién se están recuperando de las pérdidas del ciclo anterior, etc.
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En la época ya terminada de las vacas gordas, cada vez que se planteaba un aumento de salarios -ya sea de la remuneración mínima vital, de los salarios del sector privado o del sector público- la respuesta era siempre la misma: no se puede. Las razones eran varias: el aumento de sueldos es inflacionario; la Caja Fiscal no aguanta; los empresarios recién se están recuperando de las pérdidas del ciclo anterior, etc.
No solo eso. Se mantuvo en lo esencial toda la legislación antiobrera promulgada por Fujimori justo después del autogolpe de abril de 1992: flexibilización del empleo, facilitación del despido, creación de las “services” (DL 728). A esto se agrega la interferencia en las relaciones laborales y debilitamiento de los sindicatos, pues se promueve su división y atomización (Decreto Ley 25593 de junio de 1992).
Cierto. Las discusiones en la Comisión Nacional del Trabajo, así como la Ley General del Trabajo que se veía en el Congreso quedaron en nada, tanto durante Toledo como con García. Los lobbies empresariales determinaron que incluso las reformas de las “services” fueran tibias. La cereza de la torta ha sido la reciente promulgación del DL 1078 sobre las MYPES-al amparo de las facultades por el TLC- que recorta los derechos adquiridos (vacaciones, CTS, gratificaciones) de miles de trabajadores.
En todo este lapso se constata que, a pesar de que se convocaron varios Paros Nacionales, los trabajadores, y las organizaciones que defienden sus derechos, no pudieron frenar la ofensiva empresarial que atribuye la informalidad a los llamados “sobrecostos laborales”. Ni se pudo tampoco cambiar la legislación antiobrera.
Es quizá por eso que los salarios reales (descontada la inflación) de los trabajadores no recuperaron los niveles de… 1994. Desde el 2002, año de despegue del crecimiento económico, hasta junio del 2008 los salarios reales han pasado de 84.8 a 89.3, según el Ministerio de Trabajo. O sea, solo 5.3% de aumento en 7 años. Tampoco les ha ido bien a los empleados, pues sus sueldos reales bajaron de 109.2 a 100.6 en el mismo período. O sea que perdieron 10% de sus sueldos y, hoy, están igual que en 1994.
En ese período, el PBI aumentó 60% y las utilidades empresariales crecieron al 25% anual. Además, según el Marco Macroeconómico 2009-2011 del MEF, la productividad aumentó de 100 a 128 del 2001 al 2007, al mismo tiempo que bajó el Costo Laboral Unitario de 100 a 78 en el mismo período. Lo que quiere decir que los aumentos salariales no hubieran incidido en la inflación. Pero nada.
Conclusión: “Estos han sido años de bonanza para todas las empresas de nuestro país. No hay que olvidarlo, no solo las mineras se beneficiaron” (Alan García, La República, 9/12/08). Pero si, como hemos visto, no hubo bonanza para los trabajadores en las vacas gordas, ¿qué les espera ahora que el crecimiento “ya fue”?
La respuesta es: tras piedras, palos. Además de que los sueldos no subieron, ahora la amenaza concreta son los despidos, que ya comenzaron en diversos sectores. ¿Y qué hace el gobierno para proteger el empleo y el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores? En este caso no hay Plan de Emergencia ni intervención del Estado, pues se mantiene la vigencia de las leyes del mercado: “si te despiden, qué piña”.
Esto es inaceptable. Se debe exigir al gobierno un Plan de Emergencia para la Defensa del Empleo, lo que no se logra solo con el impulso al sector construcción. Se sabe ya que los más afectados son los sectores textiles (hay que defender el mercado interno de las importaciones chinas, lo que pasa por revertir la rebaja arancelaria y que Indecopi haga su trabajo) y los agricultores (hay que ampliar el acceso al crédito, realizar importaciones directas de fertilizantes, entre otros). También hay que institucionalizar el salario mínimo y que su aumento tenga periodicidad anual, como en Colombia y Chile. Manos a la obra.
Todos los artículos del autor pueden ser leídos en: www.cristaldemira.com
Cierto. Las discusiones en la Comisión Nacional del Trabajo, así como la Ley General del Trabajo que se veía en el Congreso quedaron en nada, tanto durante Toledo como con García. Los lobbies empresariales determinaron que incluso las reformas de las “services” fueran tibias. La cereza de la torta ha sido la reciente promulgación del DL 1078 sobre las MYPES-al amparo de las facultades por el TLC- que recorta los derechos adquiridos (vacaciones, CTS, gratificaciones) de miles de trabajadores.
En todo este lapso se constata que, a pesar de que se convocaron varios Paros Nacionales, los trabajadores, y las organizaciones que defienden sus derechos, no pudieron frenar la ofensiva empresarial que atribuye la informalidad a los llamados “sobrecostos laborales”. Ni se pudo tampoco cambiar la legislación antiobrera.
Es quizá por eso que los salarios reales (descontada la inflación) de los trabajadores no recuperaron los niveles de… 1994. Desde el 2002, año de despegue del crecimiento económico, hasta junio del 2008 los salarios reales han pasado de 84.8 a 89.3, según el Ministerio de Trabajo. O sea, solo 5.3% de aumento en 7 años. Tampoco les ha ido bien a los empleados, pues sus sueldos reales bajaron de 109.2 a 100.6 en el mismo período. O sea que perdieron 10% de sus sueldos y, hoy, están igual que en 1994.
En ese período, el PBI aumentó 60% y las utilidades empresariales crecieron al 25% anual. Además, según el Marco Macroeconómico 2009-2011 del MEF, la productividad aumentó de 100 a 128 del 2001 al 2007, al mismo tiempo que bajó el Costo Laboral Unitario de 100 a 78 en el mismo período. Lo que quiere decir que los aumentos salariales no hubieran incidido en la inflación. Pero nada.
Conclusión: “Estos han sido años de bonanza para todas las empresas de nuestro país. No hay que olvidarlo, no solo las mineras se beneficiaron” (Alan García, La República, 9/12/08). Pero si, como hemos visto, no hubo bonanza para los trabajadores en las vacas gordas, ¿qué les espera ahora que el crecimiento “ya fue”?
La respuesta es: tras piedras, palos. Además de que los sueldos no subieron, ahora la amenaza concreta son los despidos, que ya comenzaron en diversos sectores. ¿Y qué hace el gobierno para proteger el empleo y el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores? En este caso no hay Plan de Emergencia ni intervención del Estado, pues se mantiene la vigencia de las leyes del mercado: “si te despiden, qué piña”.
Esto es inaceptable. Se debe exigir al gobierno un Plan de Emergencia para la Defensa del Empleo, lo que no se logra solo con el impulso al sector construcción. Se sabe ya que los más afectados son los sectores textiles (hay que defender el mercado interno de las importaciones chinas, lo que pasa por revertir la rebaja arancelaria y que Indecopi haga su trabajo) y los agricultores (hay que ampliar el acceso al crédito, realizar importaciones directas de fertilizantes, entre otros). También hay que institucionalizar el salario mínimo y que su aumento tenga periodicidad anual, como en Colombia y Chile. Manos a la obra.
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