Decreto facilita creación de distrito minero en la sierra de Piura
D.S. se emite justo cuando EIAsd para la ampliación de actividades de exploración de empresa Río Blanco Copper está en revisión
El pasado sábado 27 de diciembre se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo N.º 024-2008 del Ministerio de Defensa, mediante el cual se facilita la transferencia de la titularidad de concesiones mineras a inversionistas extranjeros dentro de los 50Km. de frontera en la sierra de Piura.
Las ocho concesiones mineras que estaban a nombre de la empresa Río Blanco Limited y que tienen una extensión de 6.500 hectáreas aproximadamente, han pasado ahora al consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment and Development. Adicionalmente a ello, se han otorgado 27 derechos mineros que estaban a nombre de otras empresas, a la citada empresa china, sumando en total 35 derechos otorgados.
En tal sentido, la norma facilita que éste consorcio siga extendiendo su presencia en la frontera norte del Perú, específicamente en los distritos de Ayabaca y Pacaipampa en la provincia de Ayabaca y El Carmen de la Frontera en la provincia de Huancabamba, lugares donde la población mantiene una fuerte oposición al desarrollo de esta actividad extractiva (demostrada con la consulta vecinal del año pasado) por considerarla perjudicial para la sostenibilidad de los Páramos Andinos y Bosques de Neblina -únicos en el país- que a su vez son generadores del agua que abastece a la región Piura y al norte de Cajamarca (San Ignacio, Jaén).
Javier Jahncke, coordinador del Grupo de Apoyo de la Red Muqui para el caso Majaz, aclaró que de acuerdo a la Constitución Política, una empresa minera de capitales extranjeros requiere necesariamente de una autorización emitida mediante decreto supremo para poder ser titular de concesiones dentro de los 50km de frontera.
"Recordemos que la empresa ya contaba con un D.S. 023-2003 que le autorizaba adquirir las concesiones dentro de la frontera. Ahora con este nuevo decreto, el consorcio Zijin se hace titular de las 8 concesiones mineras que tenía la empresa Río Blanco Limited, así como también de las concesiones que se encontraban a nombre de la minera Mayari, la misma que denunciamos el año pasado indicando que era una empresa del mismo grupo de Majaz", manifestó.
Asimismo señaló que "el tema de fondo es la conformación del distrito minero, que se configura con concesiones en Ayabaca, El Carmen de la Frontera y Pacaipampa, donde una misma empresa minera (Zijin) pasaría de tener 6,500 has (aprox.) a tener cerca de 27,700 has. (aprox.). Es decir, más de cuatro veces sus actuales concesiones."
El distrito minero no es otra cosa que un territorio exclusivamente dedicado a la minería —similar a la explotación de Yanacocha en Cajamarca— que en el caso de Majaz pretendía ejecutar 5 tajos abiertos sólo en sus 6.500 has actuales (según su propio brochure institucional enviado por Internet a posibles inversionistas). La ampliación de sus hectáreas concesionadas genera una gran preocupación, en tanto no se sabe cuánto más será el incremento de esta actividad en la zona y la repercusión que ésta pueda tener en los frágiles ecosistemas locales y en la generación de agua a nivel regional, así como también en las actividades económicas que propician el desarrollo sostenible de Piura y el norte de Cajamarca.
Por otro lado, el momento en el que se ha emitido el D.S. ha sido oportuno para la empresa minera Río Blanco Copper S.A. que recientemente ha solicitado la ampliación de sus actividades de exploración en los distritos Ayabaca y Huancabamba en Piura, a través de un Estudio de Impacto Ambiental semi detallado (EIAsd) que actualmente está siendo revisado en el ministerio de Energía y Minas. "La pretensión de la empresa de realizar un distrito minero queda ahora demostrada. Se trata de un espaldarazo del gobierno a dicha explotación minera, cuyo EIAsd para una nueva etapa de exploración ha sido objeto de observaciones por las Municipalidades de Huancabamba, El Carmen de la Frontera, Ayabaca, San Ignacio y por otras organizaciones sociales", manifestó Jahncke.
Asimismo, destacó que resulta indignante que el Poder Ejecutivo, sin tener en cuenta los Informes de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos y de Ambiente y Ecología del Congreso de la República, ampare la presencia ilegal de una empresa minera que no cuenta con los permisos de las comunidades campesinas propietarias de sus terrenos, como corresponde de acuerdo a la normatividad vigente.
Finalmente, es preciso mencionar que resulta preocupante que se emita un D.S. como este, suscrito por el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, a quien las autoridades y dirigentes locales de la región de Piura, nucleados en el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) han solicitado formalmente se cree un espacio de diálogo que permita solucionar el conflicto. "Este decreto resulta ser una respuesta negativa a la pretensión de diálogo, que pese a ello, aun se mantiene en pie de parte de las autoridades y dirigentes de la sierra de Piura y el norte de Cajamarca", comentó Jahncke.
En tal sentido, la norma facilita que éste consorcio siga extendiendo su presencia en la frontera norte del Perú, específicamente en los distritos de Ayabaca y Pacaipampa en la provincia de Ayabaca y El Carmen de la Frontera en la provincia de Huancabamba, lugares donde la población mantiene una fuerte oposición al desarrollo de esta actividad extractiva (demostrada con la consulta vecinal del año pasado) por considerarla perjudicial para la sostenibilidad de los Páramos Andinos y Bosques de Neblina -únicos en el país- que a su vez son generadores del agua que abastece a la región Piura y al norte de Cajamarca (San Ignacio, Jaén).
Javier Jahncke, coordinador del Grupo de Apoyo de la Red Muqui para el caso Majaz, aclaró que de acuerdo a la Constitución Política, una empresa minera de capitales extranjeros requiere necesariamente de una autorización emitida mediante decreto supremo para poder ser titular de concesiones dentro de los 50km de frontera.
"Recordemos que la empresa ya contaba con un D.S. 023-2003 que le autorizaba adquirir las concesiones dentro de la frontera. Ahora con este nuevo decreto, el consorcio Zijin se hace titular de las 8 concesiones mineras que tenía la empresa Río Blanco Limited, así como también de las concesiones que se encontraban a nombre de la minera Mayari, la misma que denunciamos el año pasado indicando que era una empresa del mismo grupo de Majaz", manifestó.
Asimismo señaló que "el tema de fondo es la conformación del distrito minero, que se configura con concesiones en Ayabaca, El Carmen de la Frontera y Pacaipampa, donde una misma empresa minera (Zijin) pasaría de tener 6,500 has (aprox.) a tener cerca de 27,700 has. (aprox.). Es decir, más de cuatro veces sus actuales concesiones."
El distrito minero no es otra cosa que un territorio exclusivamente dedicado a la minería —similar a la explotación de Yanacocha en Cajamarca— que en el caso de Majaz pretendía ejecutar 5 tajos abiertos sólo en sus 6.500 has actuales (según su propio brochure institucional enviado por Internet a posibles inversionistas). La ampliación de sus hectáreas concesionadas genera una gran preocupación, en tanto no se sabe cuánto más será el incremento de esta actividad en la zona y la repercusión que ésta pueda tener en los frágiles ecosistemas locales y en la generación de agua a nivel regional, así como también en las actividades económicas que propician el desarrollo sostenible de Piura y el norte de Cajamarca.
Por otro lado, el momento en el que se ha emitido el D.S. ha sido oportuno para la empresa minera Río Blanco Copper S.A. que recientemente ha solicitado la ampliación de sus actividades de exploración en los distritos Ayabaca y Huancabamba en Piura, a través de un Estudio de Impacto Ambiental semi detallado (EIAsd) que actualmente está siendo revisado en el ministerio de Energía y Minas. "La pretensión de la empresa de realizar un distrito minero queda ahora demostrada. Se trata de un espaldarazo del gobierno a dicha explotación minera, cuyo EIAsd para una nueva etapa de exploración ha sido objeto de observaciones por las Municipalidades de Huancabamba, El Carmen de la Frontera, Ayabaca, San Ignacio y por otras organizaciones sociales", manifestó Jahncke.
Asimismo, destacó que resulta indignante que el Poder Ejecutivo, sin tener en cuenta los Informes de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos y de Ambiente y Ecología del Congreso de la República, ampare la presencia ilegal de una empresa minera que no cuenta con los permisos de las comunidades campesinas propietarias de sus terrenos, como corresponde de acuerdo a la normatividad vigente.
Finalmente, es preciso mencionar que resulta preocupante que se emita un D.S. como este, suscrito por el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, a quien las autoridades y dirigentes locales de la región de Piura, nucleados en el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) han solicitado formalmente se cree un espacio de diálogo que permita solucionar el conflicto. "Este decreto resulta ser una respuesta negativa a la pretensión de diálogo, que pese a ello, aun se mantiene en pie de parte de las autoridades y dirigentes de la sierra de Piura y el norte de Cajamarca", comentó Jahncke.
