Por una ley de la carrera y de las remuneraciones públicas
Por Humberto Campodónico
El gobierno comprendió su error al aumentar el sueldo a los ministros y rápidamente derogó el Decreto de Urgencia 001-2009. Decimos bien el gobierno, porque el DU está firmado por Alan García, Yehude Simon y Luis Valdivieso, habiendo sido refrendado en el Consejo de Ministros. Resta saber cómo Yehude Simon cometió este error “primarioso” que de todas maneras lo va a afectar en su carrera política.
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Nota: No incluye empresas públicas ni gobiernos locales
Fuente: MEF, Censo de empleados públicos, diciembre 2004
Pero este retroceso no debe cerrar el debate sobre la carrera pública y sobre los sueldos de los empleados públicos. Sucede que el Perú hasta hoy no tiene solucionado este tema crucial de la Reforma del Estado, lo que va a pesar negativamente en esta época de crisis. Veamos.
Según el último censo realizado por el MEF en diciembre del 2004, existen 1´372,742 empleados públicos, de los cuales el 50% son activos y el otro 50%, pensionistas (ver cuadro) de la ONP. Dentro de los “activos” hay más de 61,000 trabajadores en la categoría “Servicios No Personales” (SNP) que no tienen contrato fijo ni beneficios sociales, por lo que son los peor tratados.
Pero los 623,000 empleados activos tampoco tienen un régimen de carrera pública que establezca los criterios técnicos y de meritocracia para los ascensos y los aumentos, previa evaluación y calificación. Pero de eso poco se habla principalmente porque, para el neoliberalismo, el Estado es burocrático e ineficiente per se.
De lo que se trata es de tener un servicio civil eficiente con reglas claras, como en Colombia y Chile, para solo dar dos ejemplos. En el Perú, al final del régimen de Toledo, la PCM elaboró importantes proyectos de ley, entre ellos: la Ley del Sistema de Remuneraciones del Empleo Público, la Ley de Carrera Administrativa del Servidor Público y la Ley de Incompatibilidades y Responsabilidades del Personal del Empleo Público¹. Este gobierno envió al Congreso el Proyecto de Ley 686 que modifica la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
Pero ninguna de esas leyes se aprueban porque, para el gobierno y la derecha económica y empresarial, “basta y sobra con tener buenos técnicos bien pagados para que ejecuten las inversiones públicas necesarias”. O sea, una “vanguardia” de 300 a 400 profesionales. Interesa poco si el resto, los 684,000 empleados públicos (maestros, policías, médicos, enfermeras, militares, personal administrativo, etc.) conforman o no un verdadero servicio civil que otorgue sentido a la actividad que realizan (autoestima), a la vez que aumenta la eficiencia global de los servicios del Estado.
En el actual gobierno, la única dizque “reforma del Estado” ha sido la fusión de algunos Organismos Públicos Descentralizados con el objetivo de “reducir el gasto”. Pero no se avanza en la verdadera reforma porque se dice que “cuesta mucho”. Cierto que cuesta dinero, pero, de un lado, se puede avanzar gradualmente y, de otro, se pueden aumentar los ingresos tributarios en S/. 3,000 millones eliminando la rebaja de aranceles que perjudica la industria nacional y aumenta el déficit comercial.
Por eso, ahora que el gobierno retrocede ante la metida de pata, es hora de avanzar en el proyecto integral de reforma del Estado. Un primer punto podría ser que el Congreso, de una vez, comience a discutir el Proyecto de Ley 686.
¹ Ver los proyectos de la PCM en www.pcm.gob.pe/InformacionGral/
sgp/2005/proyecto_ley_empleo_publico/proyecto_ley_empleo_publico.htm.
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