Alan Fairlie ReinosoLa llegada del COVID -19 a América Latina se dio en un contexto marcado por la desaceleración en el crecimiento de su actividad económica y con ingresos públicos estancados e insuficientes para cubrir el gasto público, y un nivel de deuda pública que alcanzó el 45.2% del PBI en el 2019. En el caso, de los ingresos públicos totales de acuerdo con Cepal (2020a) durante la última década, este fue en promedio 18.2% del PBI, y la presión tributaria apenas alcanzó el 15.3% del PBI. Esta estrechez fiscal se debió principalmente a los déficits fiscales persistentes, a los menores ingresos recaudados como consecuencia del menor dinamismo en la economía y la caída de los precios internacionales de las materias primas, y los altos niveles de evasión fiscal, equivalente a 6.1 % del PBI para el 2018.[1]
A pesar del limitado espacio fiscal, los países de la región han venido aplicando diferentes medidas para contrarrestar el impacto de la Covid-19, constituyendo en promedio el 3.9% del PBI de la región, y situándose en un rango del 0.7% al 10% del PBI[2]. En ese sentido, los esfuerzos fiscales estuvieron orientados a atender la emergencia sanitaria a través del fortalecimiento del sistema de salud por medio de reasignación de presupuestos, así como la eliminación temporal de aranceles a la importación de insumos médicos. Asimismo, se buscó contener a los hogares a través de transferencias directas a los más vulnerables. Y en el caso del sector productivo, las medidas fiscales buscaron otorgar a las empresas liquidez a través de créditos preferenciales, acceso a garantías estatales, y medidas de alivio tributario.
Por otro lado, de acuerdo con el BID, una de las principales consecuencias de la pandemia será el aumento de la deuda pública, pudiendo llegar hasta el 73% del PIB en el 2022[3]. Asimismo, sostiene que los países de la región contarán con limitados estímulos fiscales que propicie su recuperación económica, además de encontrarse en peligro de enfrentar una crisis fiscal como consecuencia de los gastos a los que deben de incurrir producto de la lucha contra la pandemia y sus costos sociales.
En ese sentido, a través de su documento “Salir del Túnel Pandémico con Crecimiento y Equidad: una Estrategia para un Nuevo Compacto Social en América Latina y el Caribe”, el BID señala que los países de la región deberán reasignar el gasto público, buscando que este favorezca el crecimiento, así como cambiar la estructura tributaria a fin de que se propicie la actividad económica productiva. En esa misma línea, proponen que las políticas fiscales no solo deben apuntar a aumentar la demanda agregada, sino a establecer reformas que permitan bajar los costos de la actividad económica, además de eliminar las barreras regulatorias y tributarias que tienen impactos negativos en los nuevos emprendimientos y la creación de empleo. Por otro lado, como una medida de corto plazo plantean el gasto en la infraestructura y la reducción de los costos laborales no salariales.
En lo que respecta al eje tributario, destaca la necesidad de modificar las estructuras tributarias en aras de mejorar la eficiencia y la equidad en la tributación, e insta a los gobiernos a evaluar la eficiencia del gasto ocasionada por las exenciones tributarias y regímenes especiales en el cobro de impuestos a la renta, pues estos muchas veces han terminado favoreciendo a los sectores con mayores ingresos.
Es así como la política fiscal, en el actual contexto tiene un rol fundamental y las medidas que se apliquen permitirán no solo afrontar los efectos de la pandemia sino la construcción de sociedades más inclusivas e igualitarias, tal como lo sostiene la Cepal. Dentro de sus propuestas, las mismas que respaldamos, señala la adopción de medidas de estímulo fiscal orientadas a la reactivación económica y la creación de empleos de calidad, además de la necesidad de fortalecer la sostenibilidad fiscal a través de una lucha frontal contra la evasión y elusión fiscal, y el adecuado manejo del gasto tributario, buscando de esta forma reducir las pérdidas en términos de recaudación. Por otro lado, la Cepal insta a los Estados a promover sistemas tributarios más progresivos, fortaleciendo el impuesto sobre la renta y el patrimonio, además de alcanzar nuevas fuentes de recaudación como la tributación de la economía digital e impuestos a productos negativos para la salud. Finalmente, enfatiza su propuesta con la necesidad de nuevos pactos fiscales y sociales buscando transitar hacia un Estado que priorice y garantice el bienestar social.
Balance
Los organismos internacionales vienen impulsando diversas medidas fiscales como mecanismos para reactivar las economías, algunas propuestas son más equitativas e inclusivas que otras; pero en el caso peruano a pesar de la solidez en sus indicadores macroeconómicos y su diciplina fiscal al inicio de la pandemia , las medidas impulsadas por el Estado ante la crisis sanitaria, no han logrado el impacto esperado, pues muchas de estas no se orientaron de forma correcta y no llegaron ni a la población vulnerable, ni a las empresas que realmente lo necesitaron, como las Pymes.
Los efectos de la pandemia han sido asumidos en mayor proporción por los trabajadores, y el Estado ha levantado la cuarentena sin un adecuado manejo de políticas fiscales que propicien la reactivación y la creación de empleos de calidad, no se han establecido medidas que permitan afianzar la sostenibilidad fiscal y los recursos que serán aún más necesarios post pandemia. A lo largo de los últimos años los gobiernos no se han preocupado por atender problemas estructurales que han venido erosionando nuestras bases imponibles y han limitado el gasto público en sectores claves, lo cual ha originado que hoy tengamos sistemas de salud precario, y que la protección social no sea una prioridad, realidades que hoy se han visibilizado aún más con la pandemia. El actual gobierno no ha sido la excepción, a través de su llamada Política y Plan Nacional de Competitividad y Productividad, establecieron diversas medidas que buscaban aumentar la productividad del país, pero sin destinar mayores recursos a sectores esenciales para aumentar la competitividad y productividad del país; como señalamos en nuestro documentos previos (http://alanfairliereinoso.pe/?p=4517;y, http://alanfairliereinoso.pe/?p=3789) se establecieron buenos objetivos; pero malas e insuficientes medidas.
Por otro lado, se persistió con la prórroga de exoneraciones sin un análisis costo-beneficio de los mismos y pese a que la Sunat ha venido señalando que muchos no cumplen con el fin con el cual fueron creados, como lo señalamos en nuestro documento “Decretos de Urgencia 2019-2020: Un balance” (ver: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6005). Se continuó dejando de lado temas como la evasión y elusión fiscal, y el traslado artificial de ganancias de empresas transnacionales a paraísos fiscales, permitiendo de esta forma la salida de recursos, hoy más que nunca el gobierno debe de apostar por un nuevo pacto fiscal, y la construcción de un sistema tributario más progresivo y equitativo, y erradicar la cultura del privilegio tan enraizada en el país.
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[1] Cepal (2020a) Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2020
[2] Cepal (2020b) Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones
[3] BID (2020) Salir del Túnel Pandémico con Crecimiento y Equidad: una Estrategia para un Nuevo Compacto Social en América Latina y el Caribe
