Francisco DurandLos lobbies son el pan de cada día. Algunos se detectan; otros pasan desapercibidos. A continuación, una crónica de dos lobbies visibilizados últimamente que favorecen a grandes empresas: el caso del contrato que favorece a la Telefónica y el caso de la ley agraria, que además de favorecer por varias vías a los grupos agroexportadores, incluye ahora nada menos que a las plantaciones de palma aceitera del grupo Romero.
Primer caso: la empresa Pangeaco SAC (parte del grupo Telefónica) obtuvo el 12 de noviembre del 2020 una “concesión única” para brindar servicios de telecomunicaciones al Estado en todo el territorio por 20 años. Dicha empresa fue creada cuatro meses antes. En el gobierno de cuatro días de Merino, Pangeaco obtuvo la concesión con la venia del ministro de Transportes y Comunicaciones Raúl Valqui. Lo curioso es que Valqui tomó la decisión !el mismo día que juró como ministro! Tan insólito hecho llamó la atención de la prensa, accionándose los resortes defensivos con declaraciones. La empresa afirmó en los medios: “todo es legal”. Por su parte, el MTC, sostuvo que Pangeaco SAC “ha cumplido con todos los requisitos legales”.
El caso Pangeaco-Telefónica indica que se pueden mover los hilos a pocos días de nombrado un nuevo gobierno y, mas increíble todavía, a pocas horas de nombrado el ministro. También que, cuando surgen cuestionamientos, los involucrados se esconden detrás de la legalidad y se apoyan en la prensa amiga. Este tipo de contrato cae en la categoría de corrupción blanca: es legal pero sospechoso de colusión y posibles pagos o favores. Debería ser investigado.
Segundo caso: el Decreto de Urgencia 043-2019 para extender el régimen especial de promoción agraria aprobado por Martín Vizcarra, también se promulgó “así de medio lado”. Este caso tiene más historia detrás, y episodios que llegan hasta el presente.
La historia de este lobby empieza el 2000 y tiene rasgos igualmente increíbles que ocurren en una secuencia de favores. En el origen de este entuerto mercantilista destaca José Chlimper, jefe del Holding Drokasa (que controla empresas en dos grandes ramas: agraria y farmacéutica). Dicho personaje fue el iniciador del programa “temporal” de un paquete de subsidios múltiple. Siendo ministro del tercer gobierno de Fujimori, realizó gestiones para sacar la Ley 27360, logrando que sea promulgada el 30 de octubre del 2000. Lo sorprendente es que se trataba de un momento muy difícil. Tengamos en cuenta que el escándalo de los vladivideos estalló el 14 de setiembre, poniendo de cabeza al gobierno. En medio de esta mega crisis, Chlimper y los agrarios, con indeclinable apoyo fujimorista, lograron sacar adelante este extraordinariamente generoso “régimen temporal” que regía por 10 años (2000-2010). El paquete incluía condiciones laborales disminuidas, con salarios y beneficios limitados, sin sindicatos, con trabajadores contratados por los service; con un aporte a EsSalud reducido de 9% a 4% (quitándole recursos), una rebaja a la mitad el Impuesto a la Renta al dárseles una tasa de 15% fija (afectando la recaudación), además de la devolución anticipada de aranceles por insumos importados y el drawback como exportadores de 3% del valor FOB de las exportaciones agrarias. En otras palabras, el oro, el moro y más. Notable lobby, pero este es solo el comienzo de la historia.
Fue tan evidente el rol del ministro lobista que se le conoció como “Ley Chlimper”, indicando un caso perfecto de legislación sastre. Para justificarla, se argumentaba que era necesario “promocionar” a una industria naciente solo por una década para regenerar un sector agroexportador moderno, pero solo por 10 años, tiempo suficiente para que creciera y se consolidara. Así sucedió en buena parte, no tanto por la batería de incentivos promocionales, sino por efecto de la bonanza exportadora 2002-2014. Chile, con menos “incentivos” también creció a similares tasas. La razón es que son empresas más competitivas que las peruanas, y con multinacionales menos acostumbradas a los subsidios. Pero volvamos a los lobbies.
Luego de la caída del régimen fujimorista, los lobistas se reconectaron rápidamente con los gobiernos democráticos. El gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), estando el MEF presidido por Fernando Zavala, el protegido de Pedro Pablo Kuczysnski (quien lo colocó en el ministerio para asumir la presidencia del Consejo de Ministros), no cuestionó esta ley de promoción. Razones sobraban: tenia un origen espúreo (un ministro que da una ley que lo beneficia personalmente durante un gobierno elegido por un fraude) y causaba precariedad laboral y pérdidas tributarias. Pues bien, el trio Toledo-PPK-Zavala hizo lo contrario y extendió sus beneficios por 10 años más (hasta el 2020).
Se repitieron los argumentos. Había que promocionar las inversiones, hacer del agro peruano un sector “competitivo”, para contribuir al Milagro Peruano y ser la Estrella del Sur ¡Todo ello sin estudios técnicos de evaluación! En realidad, era innecesarios para la nueva oligarquía agroexportadora. El plan era extender ad infinitum los subsidios sin debate, para que se aprueben rápidamente por sorpresa o por lo bajo. Un estudio objetivo reciente ha revelado que entre 2005 y 2020 el fisco perdió S/. 2,900 millones y que EsSalud perdía S/. 300 millones al año.
En el año 2019, al acercarse la fecha de vencimiento, se organizó nuevamente un gran lobby agrario, fortalecido por la aparición de estos latifundios, lobby facilitado por la financiación de campañas. Tengamos en cuenta que el mega grupo azucarero de los Rodríguez/Gloria (80,000 hectáreas en 5 cuencas) donó $1 millón al fujimorismo el 2000 y continuó haciéndolo fielmente en las siguientes elecciones. Bajo liderazgo de la congresista fujimorista Úrsula Letona (que pasó del Estudio Echecopar, uno de los principales asesores corporativos legales, al Congreso), se planeó otra extensión por 10 años, hasta el 2030. A la sombra de estas movidas apareció nuevamente la figura de Chlimper, que además de financista, fue nombrado el 2016 Secretario General de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, convirtiéndose en su brazo derecho. En poco tiempo el proyecto de ley fue discutido y aprobado por un Congreso con control aprofujimorista, decisión tomada en las últimas horas de la legislatura en diciembre del 2019. Era la repetición de la Ley Chilmper I.
El proyecto, no obstante, no fue promulgado debido al cierre del Congreso. Entonces Martín Vizcarra, de quien algunos creían “independiente”, aprovechó el intermedio para legislar por decreto, en la sombra y sin informe ni debate, pero agregando algunos retoques “populistas”. En una fecha insólita, un 28 de diciembre del 2019, bajo la forma de un Decreto de Urgencia, aprobó la ley presentada y auspiciada por el congreso aprofujimorista, pero se incluyeron pequeñas mejoras salariales y una ligera reducción de subsidios. No fue una victoria total de los lobbies, aunque lograron lo esencial: la extensión con un paquete bastante aceptable.
Con el decretazo del Día de los Inocentes del 2019 parecía que se había cerrado el caso. Hasta que nuevamente sucedió lo inesperado al estallar protestas sociales durante la pandemia. El 30 de noviembre, los trabajadores de las agro exportadoras manifestaron su descontento organizando un Paro Agrario iniciado en Ica que luego se extendió a los grandes valles del norte. Quien enfrentó el vendaval fue el gobierno de Francisco Sagasti, el reemplazante de Merino, quien poco antes vacó a Vizcarra. La respuesta oficial fue represiva, facilitada por el “terruqueo” en los medios para descalificar la protesta y presentarla como teledirigida por terroristas. Sin embargo, fue tan fuerte la protesta social, y el mayor apoyo de la opinión pública a sus reclamos como un régimen laboral abusivo, que el nuevo Congreso (elegido luego del cierre) derogó la ley. A partir de este momento el lobby de los agro exportadores se complicó.
En medio de una situación política complicada, los lobbies volvieron a accionarse. Luego de la derogatoria de la Ley Chilmper I, que se celebró en los valles, vino otro baldazo de agua fría. El Congreso propuso una nueva ley de promoción que seguía la línea de Vizcarra, con mejoras laborales y salariales y la extensión de los subsidios. Pero el pleno, por disidencias internas, no aprobó la ley, generándose una segunda ola de protestas. Al Congreso no le quedó más alternativa que preparar un nuevo proyecto, nada menos que entre Navidad del 2020 y Año Nuevo del 2021. El segundo proyecto incluía subsidios tributarios a las PYME agrarias además de modestos incrementos salariales para camuflar la extensión de los subsidios y la continuación (algo moderada) de la precariedad labora. Tampoco fue aprobado en el pleno, añadiendo otro elemento de incertidumbre.
Al fallar el segundo intento, la Comisión de Economía preparó un Texto Sustitutorio el 29 de diciembre en el cual se notaba otro lobby: se extendían los subsidios al sector de palma aceitera amazónica (grupo Romero, Palmas del Espino). La influencia de los grandes empresarios sobre la Comisión de Economía era demasiado evidente. Dicha comisión era la mas pro empresa, al punto que los representantes de los trabajadores hablaron 10 minutos mientras que al presidente de AGAP, Alejandro Fuentes, le dieron una hora. El empresario Fuentes manejó los hilos del poder gracias a sus “coordinadores parlamentarios” (léase lobistas) que trabajaron intensamente en “hacer entrar en razón a los legisladores” (H13 01-08-2021, p. 4). Había además en paralelo algún lobista del grupo Romero.
Finalmente, luego de 20 días de debate, al tercer intento, se aprobó un texto mejorando en algo los salarios, manteniendo la extensión al 2028 del pago rebajado al 15% del impuesto a la RENTA(2 años menos), introduciendo el reparto de utilidades. Ni trabajadores ni grandes empresarios (con excepción de los Romero) quedaron satisfechos. Aun así, este resultado es una buena victoria parcial para los lobbies, que lograron mantener el régimen promocional y la precariedad laboral, aunque poniéndose como precedente el aumento de salarios por ley. La tercera versión de la ley Chlimper II no satisfizo a la CONFIEP, que argumentó, insólitamente, que los salarios se fijen por negociación colectiva cuando dicha entidad es enemiga de los sindicatos y la propia AGAP ha incrementado sus ganancias gracias a esta debilidad negociadora. Por su parte, los trabajadores han vuelto a la protesta y el gobierno de Sagasti llama a un “diálogo” a última hora. Sea como fuere, el caso es que los agroexportadores, a los que se suma el grupo Romero (Palmas del Espino), siguen con un régimen privilegiado reformado.
Estos dos casos de lobby, el chico y el grande, nos muestran con qué efectividad actúan los lobbies en el Perú de la República Empresarial. Sin embargo, hoy en día las condiciones para el lobby en la sombra, que pueden ocurrir como el caso Pangeaco-Telefónica y el decreto de Vizcarra demuestra, son menos propicias. Es así porque de pronto entran en la escena los grupos sociales afectados, caso de los trabajadores de las agroexportadoras. También porque la sociedad civil está más alerta sobre los lobbies y es (en parte por el efecto social de la pandemia) más crítica sobre las grandes empresas (precios de medicamentos deshonestos en cadenas de farmacias y clínicas, resistencia de las AFP a devolver pensiones, denuncias sobre tasas de interés abusivas, regímenes laborales que lesionan derechos, rechazo a la contaminación ambiental). Empieza un tiempo nuevo.
11.01.2021
