¿Coletazo mafioso?
por Herbert Mujica Rojas
Que el Perú está lleno de bandas mafiosas que operan a todo nivel, subnivel e instersticios más íntimos del descompuesto tejido de la sociedad nacional no es ninguna novedad. Es una monstruosa realidad que vive con nosotros y frente a la cual los paliativos o placebos de tallercitos, fórums, libracos o conferencias, pueden poco, casi nada, puro onanismo pseudointelectual. Se lleva las palmas el Poder Judicial y de eso se trata esta vez.
Los abogados que siguen el caso de la denuncia ante la Primera Fiscalía Provincial Penal de Callao, cuyo ingreso es el No 281-2007 de fecha 4-7-2007 contra César Augusto Matos Díaz y Luis Sipán Hernández “por la presunta comisión del delito de Abuso de Autoridad e Impedimento de Funciones de transportista en su agravio; formulado por Aerocóndor, han recibido en el curso de los últimos quince días, amenazas telefónicas, tomadura de fotos desde un auto Toyota Corona CG7373 y múltiples formas de amedrentamiento (avisos anónimos por Internet, volantes dejados por debajo de la puerta, etc.). ¿Habrá relación entre quienes avalan negociados de rayos X para la revisión de equipajes y las negativas de las empresas que se cuidan de tomar servicios no obligatorios?
Recordemos lo escrito en ¿LAP quiere destruir Aerocóndor? en junio:
“Merced a la extrañísima disposición del inspector AVSEC-DGAC, Luis Sipán Hernández, el viernes 22, se canceló el vuelo que Aerocóndor debía emprender hacia Iquitos. El personaje de marras había llegado en una camioneta nada menos que de LAP, Lima Airport Partners, la empresita que aún tiene la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez al área de la empresa aeronáutica y so pretexto de una mala revisión de equipaje, con los pasajeros a bordo y listo el avión para partir, se zurra en la autoridad del comandante Jorge Durán e impide la prosecución del itinerario. Es conveniente advertir que Aerocóndor ha empezado a ganar más preferencia en el público y que antes ya se orquestaron campañas de destrucción de imagen como ocurrió con Wayra.
¿Actuó sólo el inspector Luis Sipán Hernández? Fue transportado por un vehículo de LAP y es evidente que seguía órdenes del jefe AVSEC César Matos. ¿Era la primera vez que se producía un incidente de esta naturaleza? No. Según lo expresado en programa televisivo por el abogado de Aerocóndor, Julián Palacín, esta era “la quinta o sexta vez”. Pero la historia tiene ribetes explicativos, si por explicación se puede entender la venganza o la extorsión. Veamos.
La empresa Longport presta servicios para la revisión de equipajes a través de Lima Airport Partners a las aerolíneas. Sus costos son seis o siete veces más caros. La representante legal de Longport, inscrita en los registros públicos, es la ingeniero agrónoma, Vanessa Oliveros. Pero ¡oh coincidencia! esta misma profesional fue contratada en el 2005 como ¡inspectora AVSEC de la DGAC! es decir para seguridad de la aviación civil. Es obvio deducir la habilidad que una ingeniero agrónoma pudiera demostrar en aeronáutica. Pero este es un asunto que tendrá que aclararse porque hay una empleada de la DGAC que a su vez, representa, a una empresa que da servicios en el área.
Como los costos para revisión de equipajes eran onerosos, Aerocóndor, canceló su vinculación con Longport, empresa de la ingeniero que trabaja en la DGAC, Vanessa Oliveros, a las órdenes de César Matos y que se entiende a las mil maravillas con Lima Airport Partners. Entonces ¿no es presumible que deben emplearse todas las “políticas” para retornar a las “ovejas descarriadas” como Aerocóndor, al redil? ¿Cómo se explica que ya revisado el equipaje total del vuelo de Iquitos y con el pasaje en la aeronave lista para partir, se cancele dicho traslado al oriente?”
El abogado de Aerocóndor, Julián Palacín, en dos presentaciones televisivas demandó que la ministra de Transportes, Verónica Zavala, la de los cinco millones de dólares puestos en un banco que luego quebró y no le pasa nada, deslindara responsabilidades y “pusiera orden en su casa”. Hasta hoy no se han hecho cambios ni del mal personal que trabaja en las inspectorías y tampoco ha rodado ninguna cabeza sospechosa. ¡Y hay muchas! ¿Está coludida la ministra con estas bandas que han hecho del negociado una forma desvergonzada de vida?
¿O se está tratando de asustar al abogado Jorge Bustamante Yactayo, quien tendrá mañana jueves la responsabilidad de estar presente en cita judicial? Como se sabe si una de las partes en contienda no aparece por el fuero al que se cita, pierde chance en el contencioso. Sin embargo, hay aquí un claro intento de socavar la integridad espiritual y personal de un profesional que cumple su trabajo de manera idónea. ¡Están avisadas la ministra Verónica Zavala y las autoridades políticas, policiales y aeronáuticas!
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