La concesión de los aeropuertos del norte de Córpac, otorgada en agosto del 2006, es otro ejemplo de la profecía autocumplida privatizadora: se trata de quitarle recursos a la entidad que se desea privatizar para demostrar que es ineficiente y que debe pasar al sector privado. Eso fue lo que se hizo con Petroperú, Electroperú y, también, con Egasa, lo que fue impedido por el pueblo arequipeño a mediados del 2002.
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Se pasó, entonces, al esquema de concesiones, que formalmente no entrega la propiedad, sino solamente el usufructo por un periodo de tiempo. La característica principal de estas asociaciones público privadas, es que el Estado garantiza los ingresos del concesionario, sí o sí: si las tarifas no cubren los costos, el Estado pone la diferencia.
En el caso de los aeropuertos se dijo que estos eran una carga para el Estado, ya que operaban a pérdida, lo que se solucionaría con su concesión. Los aeropuertos otorgados fueron Tumbes, Talara, Chachapoyas, Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Anta-Huaraz, Trujillo y Cajamarca. 3 aeropuertos, Chiclayo, Piura y Pisco, con instalaciones de la FAP, no estaban en la concesión original y fueron agregados en la hora nona, lo que motivó el retiro de un postor y que solo quedara uno, el consorcio Swissport GBH.
La pregonada "pérdida" de Córpac se calcula restando los Gastos de los Ingresos (ver línea 3). Sin embargo, esas cifras no consideran el ingreso de CÓRPAC por la concesión del "Jorge Chávez". Al incluirlo, se pasa de rojo a azul. Así, en el 2005, Córpac tuvo utilidades de S/. 22.5 millones. Esto es lo que se oculta.
En países pequeños y con fuertes rasgos centralistas, el aeropuerto de la capital produce los ingresos que permiten financiar al conjunto del sistema aeroportuario. Si no se incluyen sus ingresos, entonces, claro, se producen "pérdidas". El otro tema clave es la inexistente política aeronáutica, que nos ha llevado al predominio de LAN Chile (tiene el 70% del mercado), a que nuestra aviación civil sea de las últimas de América Latina y, también, a que no se cubra una serie de destinos con poco tráfico (el "libre mercado") lo que, a su vez, determina una merma en los ingresos de estos aeropuertos.
A esto se agrega que, según Ositrán (Informe 027-06-GRE, 7/07/2006, www.ositran.gob.pe), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el 2004 y 2005, no transfirió a Córpac los US$ 9.6 millones anuales que le correspondían por la concesión del Jorge Chávez. Este menor ingreso de US$ 19.2 millones determinó que no se pudieran cumplir las inversiones programadas por Córpac. ¡A venderla, entonces!
Finalmente, SwissportGBH ofreció US$ 9.6 millones anuales para el mantenimiento de los aeropuertos, lo que debiera cubrirse con las tarifas. Y si no alcanza, esta vez sí, en la "Cuenta Recaudadora", el Estado garantiza estos ingresos con el dinero del "Jorge Chávez". En su oportunidad, diversos expertos cuestionaron el monto, y el método, por encontrarlo superior a los costos habituales.
Para los neoliberales, la aviación comercial es "un negocio" que debe estar en manos de privados. Pero, en verdad, hay problemas de fondo que incluyen los intereses de los privados, es decir, de Lan Chile, de LAP (concesionario del Jorge Chávez) y de los agroexportadores de Pisco e Ica. Otro problema es que el gobierno se ha puesto al servicio de los intereses privados, más aun después del terremoto y les ha abierto una ventana de oportunidad privatizadora.
Entonces, ¿Quién se ocupa de los intereses del Estado peruano, de sus ciudadanos y, también, de su seguridad nacional? Es importante revertir esta política y apoyar el pedido de los sindicatos de Petroperú, Córpac y Sedapal de realizar una consulta popular que decida el destino de los aeropuertos peruanos.
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