por Herbert Mujica Rojas¿Por causa de qué demora tanto la compra de los terrenos en la zona industrial aledaña al Aeropuerto Jorge Chávez? El gobierno actual y, particularmente, el ministerio de Transportes, han decidido NO contribuir, con salidas mil, a que se construya la II pista del primer terminal aéreo concesionado a la empresita Lima Airport Partners, LAP.
El asunto es que no autorizan en dicho portafolio el dinero para la compra y expropiación de esos terrenos y el perjuicio ha sido enorme por la incertidumbre de no saber si siguen estas industrias donde están o se van en definitiva. Más aún las constantes actualizaciones de documentos son un genuino dolor de cabeza burocrático que debió ser solucionado con la decisión política de agilizar el proceso.
Lo terrible de todo este asunto es que si el Estado, vía el gobierno, no cumple con comprar, vía expropiación de interés público, los terrenos aledaños al Jorge Chávez, incurre en violación del contrato de concesión y los sinverguenzas de LAP, podrían demandar al Estado y cobrar una penalidad de US$ 300 millones de dólares. ¡Qué interesante y abyecto! ¿no?
El silencio ambiente es nocivo. Es imposible declarar la intangibilidad de los terrenos por períodos demasiado largos porque eso afecta su capacidad productiva o financiera de acceso a préstamos y sus bienes mismos están en situación precaria, etc.
Pocas semanas atrás, la ley sobre los terrenos, gestionada y auspiciada por el Estudio Avendaño, desconoció a los propietarios por mucho tiempo y aludió sólo a quienes tenían los títulos en regla (muy bien arreglados en los últimos años por una concertación sospechosa de intenciones múltiples), por tanto los posesionarios que fueron adjudicados por reforma agraria se quedan, literalmente, en el aire.
El asunto es de dramática importancia aunque se trate de un acápite poco entendido. Lima Airport Partners, siempre ayudada por la ineficacia escandalosa de Ositran, encargada de "velar" por el cumplimiento del contrato de concesión del Aeropuerto Jorge Chávez, no tiene intenciones -nunca las tuvo- de construir la segunda pista del terminal y ha trabajado siempre en esa aviesa dirección, lo que le ahorraría unos US$ 120 millones de dólares y, en cambio, le proveería, sin saber leer ni escribir, otros US$ 300 millones, fruto de su demanda por incumplimiento de contrato al Estado peruano. ¡Así de simple!
¿Qué hacen, mientras tanto, los parlamentarios? Aparentemente no quieren adentrarse en el asunto. Mucho menos el MTC y Ositran, que pronto tendrán nueva jefatura. Pero las moscas cambian en este negocio, lo fétido de un agravio al patrimonio del Estado con la NO construcción de la segunda pista, persiste en su daño letal contra todos los peruanos. El camino hacia la tradicional cultura de lamentaciones y críticas a posteriori del perjuicio, está planteado de un modo inequívoco. Y la advertencia la venimos planteando casi en solitario desde hace años muy pocos.
¿Podrá hacer algo el periodismo? Casi ningún diario hace hincapié en un hecho criminal que está siendo perpetrado con todos los agravantes de ser un asunto realmente lesivo al Perú. La NO construcción, bajo pretextos mil, argucias en addendas y dilaciones fabricadas por abogángsteres, de la segunda pista, es un delito lesa patria. ¡Y no hay atenuantes para esta maldad!
