DEMANDA ARBITRAJE por contrato de concesión de almacenes para favorecer a importadores de petróleo en perjuicio del país
La situación en Petropeú continúa agravándose, luego de que la cuestionada empresa Graña y Montero (ahora denominada Aenza),
vinculada a los escándalos de corrupción de Odebrecht, con sus principales directivos procesados y condenados por diversas faltas en contra del Estado peruano, ha interpuesto una demanda de arbitraje contra la principal empresa de hidrocarburos del país para favorecer a grandes importadoras de crudo, que a su vez realicen prácticas desleales.
Esta situación no solamente perjudica la imagen del país, sino que también afecta a la economía de los peruanos, pues Aenza —que alquila los almacenes a ExxonMobil, Marathon y Valero— reclama diversos beneficios que no le corresponden y representan una
competencia desleal al Estado peruano.
Ante esta cuestionable situación, el directorio de Petroperú se encuentra en la facultad legal de resolver unilateralmente los contratos suscritos hace más 30 años en plena dictadura fujimorista, pero no toma decisión, a pesar de existir una cláusula de compliance que obliga a cualquier empresa a cumplir determinadas normas.
La historia nace en los años noventa, cuando Petroperú se vio obligada a dar en contrato de concesión tres almacenes a la empresa Graña y Montero. Esta infraestructura le permite guardar ingentes cantidades de crudo que garantizarían el abastecimiento al mercado nacional, además de usufructuar el patrimonio del Estado.
Treinta años después la situación ha empeorado porque las empresas que usan los tres almacenes, que en la práctica maneja Graña y Montero (la constructora), a través de Unna Energía S.A. y Oiltanking Perú S.A.C., importan combustible en grandes cantidades, sin pagar sin costos operativos que demanda su extracción, procesamiento y refinamiento como ocurre con Petroperú y la empresa española Repsol.
Diario Uno, 07.12.2024
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