Alfredo Palacios Dongo
A principios de abril, cuando el coronavirus se desbordaba en Ecuador, ciudadanos venezolanos trataron de ingresar al Perú por uno de 22 puntos de pasos clandestinos que el día 4 fueron reforzados con vehículos blindados, sin embargo, por décadas, estos pasos son usados por inmigrantes ilegales, contrabandistas de combustibles, de larvas de langostinos y otros productos, además, en la Cordillera del Cóndor, en Amazonas, existen pasos ilegales de Ecuador a Perú a Santa María de Nieva y Loreto, también por tráfico de oro en Alto Comaina, El Tambo, distrito El Cenepa.
Nuestro país tiene 7,073 kilómetros de línea de frontera con 5 países: Brasil (2,822 kilómetros), Ecuador (1,529), Colombia (1,506), Bolivia (1,047) y Chile (169), los cuales limitan con las regiones de Puno, Tacna, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali, siendo los departamentos de la Amazonía los más aislados por indiferencia del Estado para cubrir servicios de salud, educación, justicia y servicios básicos, entre otros.
Una de las fronteras más vulnerables es con Colombia, gran línea natural a lo largo del río Putumayo donde los pueblos afincados por su pobreza son vulnerables a incursiones desde Colombia de narcoterroristas, disidentes FARC, mineros ilegales y cultivadores de coca. Otra frontera muy vulnerable es la triple frontera con Colombia y Brasil donde la localidad peruana de Santa Rosa con precaria situación de salud, educación, servicios básicos y mínimas autoridades, presenta casos de narcotráfico, prostitución y trata de personas. Con Bolivia, los mil kilómetros de frontera son prácticamente transitables con muchas rutas ilegales por donde pasa droga y oro de contrabando, y con Chile, nuestro distrito La Yarada-Los Palos, creado hace 5 años para afianzar nuestra territorialidad fronteriza increíblemente no cuenta con agua ni desagüe, además está pendiente por parte de Chile el despeje de 28 áreas minadas en su zona fronteriza (21,552 minas antipersonales y antitanques).
Bajo este panorama poco o nada se ha logrado para alcanzar el desarrollo sostenible de nuestras fronteras a pesar que el artículo 44° de la Constitución dispone la obligación del Estado a establecer y ejecutar la política de fronteras, asimismo, la ley 29778 (julio-2011) y la Política Nacional (junio-2018) postulan el desarrollo e integración fronteriza, pero increíblemente según el artículo 7 de esta Política las medidas y acciones asociadas no demandaran recursos adicionales del Tesoro Público. Es así que por ausencia del Estado la mayoría de nuestras fronteras presentan situación de pobreza, marginalidad y vulnerabilidad.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de mayo de 2020